El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha agotado su tiempo. La Constitución diseñó un órgano de gobierno del Poder Judicial con un mandato determinado de cinco años.
Un mandato que no coincide con el de los legisladores que eligen a los vocales, pero que sí es el mismo que el de la duración de los cargos judiciales de confianza más relevantes (presidentes de Sala del Tribunal Supremo, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, presidentes de Audiencias Provinciales…).
Por prudencia, por sentido constitucional y por responsabilidad política, los actuales consejeros cuyo mandato ha expirado hace ya un año y medio, no deberían confirmar o reemplazar a los titulares de estos relevantes órganos judiciales.
Porque de otra manera, el Consejo provocaría, de facto, un período de mandato de esos cargos de confianza de diez años, invadiendo y neutralizando las competencias del Consejo que tiene que sustituir al actual que recordemos se constituyó en el año 2013.
Algo parecido ocurre con relación a los nombramientos discrecionales para plazas jurisdiccionales de más relevancia, en especial, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo.
Unas elecciones que se han caracterizado, en este periodo de presidencia de Carlos Lesmes, por la polémica y el cuestionamiento de los elegidos.
Se podría objetar a la paralización de todos los nombramientos hasta que se constituya el nuevo CGPJ, que el servicio sale perjudicado por la falta de los titulares en lugares tan claves como la sala segunda.
Pero no es así porque en los casos de jubilaciones o fallecimientos se encuentran previstos los mecanismos legales de sustitución (artículos 208 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que, de manera suficientemente correcta, han venido funcionando hasta la fecha.
El Consejo actual no puede seguir en el ojo del huracán de la polémica y el escándalo.
Se tiene que retirar silentemente una vez que los grupos parlamentarios alcancen pronto el imprescindible acuerdo para la renovación del CGPJ.
Unos partidos políticos que han colonizado el Consejo y que tendrán que demostrar que en la nueva elección de los vocales priman ante todo los méritos y las capacidades de los elegidos.
Sólo así reforzará el CGPJ su legitimidad para un tiempo muy difícil por la pandemia en los órganos judiciales.
