Arranca el juicio del ‘caso Madeja’ de presuntos sobornos a cambio de contratos públicos
Hay 9 acusados, y la Fiscalía pide para ellos entre 3 y 5 años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación.

Arranca el juicio del ‘caso Madeja’ de presuntos sobornos a cambio de contratos públicos

Directivos y cargos de Canarias, Extremadura y Andalucía se sentarán en el banquillo
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27/7/2020 10:36
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Actualizado: 27/7/2020 10:48
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La Audiencia Nacional (AN) comienza a juzgar hoy una pieza separada del ‘caso Madeja’, relativo al presunto pago de comisiones ilegales a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos.

Es la primera pieza que se juzga de este caso.

En el banquillo se sientan 9 acusados por presuntos sobornos de esta empresa a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones en Canarias, Extremadura y Andalucía.

La Fiscalía pide para ellos penas de entre 3 y 5 años de cárcel por supuestos delitos de cohecho y prevaricación.

Serán juzgados el apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo de la Torre; el exconsejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín; el ingeniero del Cabildo de Las Palmas José Ulises Pérez González; el exjefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro; el que fuera secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen; José Francisco Cazorla, funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía; y el jefe del Servicio de Carreteras de esta última consejería José María López Torrego.

También están acusados dos directivos de otras empresas que también resultaron adjudicatarias de contratos públicos en Canarias y que supuestamente también habrían pagado dádivas: Rubén Coba (Api Movilidad) y Gustavo Adolfo Gómez Jiménez (Elsamex).

El juicio se celebrará en la localidad madrileña de San Fernando de Henares entre hoy y el miércoles, y continuará en septiembre.

Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, la sociedad Fitonovo realizó una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos.

Afirma que su dirección creó una «infraestructura tanto operativa como contable» para obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una «red de contactos con funcionarios corruptos» que les facilitaban dicha contratación y creando una «contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos».

Indica que al mismo tiempo creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se acaparó contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, ya que «pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas».

De acuerdo al Ministerio Público, Fitonovo disponía de una ‘caja B’ que «se alimentaba fundamentalmente mediante facturación falsa» de empresas suministradoras o proveedoras, y estos fondos se empleaban también para el pago de salarios en negro a trabajadores, gastos personales, financiación de ampliaciones de capital de otras sociedades de la trama, etc.

También según la Fiscalía, «la entrega de comisiones se prolongó durante al menos 15 años» a partir de 1995, «afectando a múltiples administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades en Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias».

Además, señala que la dirección de la trama creó otras empresas (Fiverde, Agropombo, Angoro, Grantalis, etc.) que emplearon, ya como sociedades patrimoniales donde residenciar sus ganancias, ya como sociedades pretendidamente comerciales, pero que «se empleaban para articular concurrencias ficticias en procedimientos públicos de contratación o para adjudicaciones públicas cuando no era deseable que apareciera como tal la sociedad Fitonovo».

La Fiscalía expone que la dirección decidía las operaciones que la empresa debía acometer, autorizando cuando era preciso el pago de comisiones a funcionarios, o incluso materializando dichos pagos cuando, por el perfil del funcionario, se entendía que el interlocutor debía ser un directivo.

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