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El “déjà vù” de Baltasar Garzón en su regreso a la Audiencia Nacional

Baltasar Garzón con la mascarilla puesta y visiblemente más delgado después de padecer el COVID-19, en una imagen tomada a pocos metros del edificio de la Audiencia Nacional en la que prestó sus servicios durante 23 años. Foto: EP.
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Por primera vez en ocho años, el ahora abogado Baltasar Garzón, mucho más delgado después de padecer el COVID-19, regresó al que fuera “su Juzgado” durante 23 años, el Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Pero no como magistrado sino a título de perjudicado y como víctima.

Al otro lado del escenario, en una comparecencia de dos horas de duración, como las miles que dirigió mientras se encontró en el lugar de su sucesor, José de la Mata. 

La sensación de “déjà vù”, de haber vivido eso antes, era inevitable. Pero Garzón supo mantener el tipo y, con la formalidad y la educación que le caracteriza, no dio ninguna indicación de que aquello le pudiera afectar. Demasiadas horas de vuelo por aquellos cielos.

Sí aprovechó, como era de esperar, el momento de los micrófonos, una vez fuera del zulo subterráneo en el que tuvo lugar el acto, para denunciar la “persecución” a la que está siendo sometido su cliente, Julian Assange, fundador de Wikileaks, por parte de Estados Unidos.

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Por “revelar hechos gravísimos de crímenes contra la humanidad y de procesos de corrupción” afirmó.

Garzón, afirmó, fue espiado por la empresa española UC Global; el interés por su persona es porque era el coordinador del equipo de defensa de Assange en el proceso de extradición al que se enfrenta tras la orden de detención librada por Estados Unidos.

Durante la comparecencia mencionó específicamente una reunión que mantuvo en su domicilio de Madrid con el que fuera presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien había otorgado el asilo a Assange, la cual fue “objeto de seguimiento y de rendición de información a los servicios de inteligencia de Estados Unidos a través de UC Global y de su responsable máximo, David Morales”.

En su opinión, el conocimiento que habría tenido Estados Unidos de esta reunión y de otras del equipo legal puede tener relación con la orden de detención contra Assange que se emitió el 22 de diciembre de 2017 porque justo en ese momento se estaba preparando la salida de la embajada tras habérsele otorgado la calidad de agente diplomático por parte del Gobierno ecuatoriano.

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“Esto se reportó a Estados Unidos y de forma inmediata se expidió la orden de detención”, ha apuntado.

Según Garzón, durante su declaración ante De la Mata se le han exhibido imágenes donde aparecen los abogados hablando con Assange y también de los “aparatos de escucha y de videovigilancia” que supuestamente utilizó UC Global.

“Es algo escandaloso que podemos decir que sólo ocurre en las películas de espías, pero esto no es una película porque está en juego la vida de una persona, que es periodista, que todo lo que se ha hecho es en persecución de un periodista por revelar hechos gravísimos de crímenes contra la humanidad y de procesos de corrupción. La persecución que Estados Unidos sigue haciendo es, desde nuestro punto de vista, ilegal y se han nutrido y se han servido presuntamente de la empresa de seguridad, que a través de su responsable máximo reportaba con regularidad minuciosamente y pormenorizadamente lo que hacía el equipo de defensa”, ha remarcado.

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LLEVARÁN LAS PRUEBAS A LONDRES

Por todo ello, Garzón dijo que todo lo investigado en esta causa de la Audiencia Nacional –por tratarse de supuestos delitos cometidos por un español en el extranjero– será puesta a disposición de las autoridades británicas, que son las que estudian la orden de detención de Estados Unidos, porque “tiene una incidencia directa en la extradición y demuestra que Assange ha sido objeto de persecución política en la que se han quebrantado todas las normas del debido proceso, se ha actuado con pruebas falsas e ilícitas y el procedimiento queda totalmente contaminado”.

“Aparte del ataque a la libertad de expresión, a la libertad de información, la entrega de Assange supondría una violación de todos los derechos del debido proceso de defensa y trataremos de ponerlo de manifiesto. Es todo un dislate absoluto y un ejemplo más de que Estados Unidos utiliza mecanismos que tienen poco respeto por el debido proceso”, ha manifestado.

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Además de Garzón, ayer, también declaró como testigo, el que fuera cónsul de Ecuador en la capital británica Fidel Narváez, quien negó que su gobierno autorizara o supiera que Assange estaba siendo espiado durante los años que estuvo asilado en la embajada ecuatoriana.

Como segunda autoridad en aquella legación diplomática –el entonces embajador, Carlos Abad, ha fallecido–, aseguró que tampoco éste dio ninguna orden para colocar micrófonos o cámaras con captación de sonido en la sede diplomática.

La defensa de Assange exhibió durante la comparecencia imágenes o grabaciones de reuniones celebradas en la embajada durante los años en los que el fundador de Wikileaks estuvo asilado que habrían sido grabadas por la empresa UC Global, dirigida por el español David Morales y encargada de la seguridad de la legación diplomática.

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Grabaciones que fueron captadas, por ejemplo, por un micrófono oculto en un extintor o micrófonos en las cámaras de seguridad, algo que el excónsul ve inconcebible, ya que se trataba de reuniones o encuentros diplomáticos propios de la actividad de la embajada, en muchos de los cuales estaba también el embajador, que no debían ser grabados.

Tanto Morales –quien se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares– como UC Global están siendo investigados por delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.

Ayer también declaró la pareja de Assange, Stella Morris, quien también habría sido víctima del espionaje de la empresa española. Se reconoció en distintas grabaciones que los abogados fueron exponiendo durante la comparecencia.

La defensa del fundador de Wikileaks sostiene que éste y todas las personas de su entorno que le visitaban o se comunicaban con él fueron espiados en la Embajada ecuatoriana de múltiples maneras como la colocación de micrófonos y cámaras, copiar teléfonos móviles y documentos de identidad de las visitas que recibía, hasta perfiles de políticos, médicos y abogados con los que Assange mantuvo contacto.

También denuncia la defensa la toma de las huellas dactilares del propio Assange, que la empresa habría extraído de un vaso, e incluso la toma de muestras de heces del pañal del hijo del fundador de Wikileaks para tratar de acreditar si se trataba de su hijo.