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Una cámara más y portanombres o cómo cambiar la parte apolillada del poder judicial

Felicísimo Valbuena es catedrático emérito, periodista y consultor internacional. En su columna reivindica un paso más hacia la transparencia: que las cámaras muestren a todos y que los jueces y fiscales se identifiquen con portanombres.
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Cuando alguien se decida a escribir la historia de cómo los jueces, por fin, tuvieron la oportunidad de comunicarse con los contribuyentes, acertará si divide esa historia en antes y después de estas cuatro personas: Carlos Berbell Bueno, Yolanda Rodríguez Vidales, Agustín Zurita y Enrique López López.

Durante diez años, los tres primeros fueron los encargados de una tarea que mucha, muchísima gente considera cercana a lo imposible: cambiar la imagen de  la justicia en España.

Desde luego, afirmar que han logrado esa tarea sería faltar a la verdad.  Ahora bien, asegurar que han trazado caminos serios para llegar a esa meta, como yo hago, es reflejar la realidad.

UN CAMBIO QUE RESULTÓ FUNDAMENTAL

¿En qué han consistido esos caminos?

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El gran novelista Raymond Chandler escribió “El simple arte de matar”, un ensayo sobre la novela policíaca, donde identificó lo más importante que había conseguido el también genial novelista Dashiell Hammett:

“La única realidad que los escritores ingleses de novelas de detectives conocían era el acento que usaban en su conversación los habitantes de Surbiton y de Bognor Regis. Aunque escribían sobre duques y jarrones venecianos, los conocían tan poco, por propia experiencia, como lo que conoce el personaje adinerado de Hollywood sobre los modernistas franceses que cuelgan en las paredes de su castillo de Bel-Air o sobre el semiantiguo Chippendale, antes banco de remendón, que usa como mesita para el café. Hammett extrajo el crimen del jarrón veneciano y lo depositó en el callejón; no tiene por qué permanecer allí para siempre, pero fue una buena idea empezar por alejarlo todo lo posible de la idea de una Emily Post acerca de cómo roe un ala de pollo la debutante bien educada”.

Pues bien, lo que consiguieron Berbell, Vidales y Zurita fue  abrir la cueva oscura, impenetrable, ininteligible y poco amigable que era y es la justicia para millones de contribuyentes e invitar a los jueces a que salieran a la luz del día.

Algunos han dado muestras de que han dejado la cueva. Muchos otros continúan en ella. Algún día tendrán que salir. O les sustituirán otros que vivan mejor a la luz del sol.

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LAS CÁMARAS DE TELEVISIÓN EN LOS JUICIOS

Hicieron muchas cosas, sí, pero quiero resaltar lo más importante: la entrada de las cámaras de televisión en los juicios. Cuando Berbell y Vidales llegaron al Consejo, las cámaras en las salas de juicios eran vistas como “alienígenas”. La mayor parte de los jueces prohibían su entrada.

Es evidente que la procedencia televisiva de Berbell y su convencimiento de que «no sólo debe hacerse justicia sino que debe verse cómo se hace», influyó mucho en la apuesta del Consejo General del Poder Judicial por apoyar la entrada de las cámaras de televisión en los juicios.

La televisión es un magnífico instrumento para que la gente conozca cómo es «su justicia». Ahora lo vemos como una cosa normal, natural. Sin embargo, hacía falta una persona que liderara el cambio, lo que en comunicación de innovaciones denominamos «agente de cambio». Éste fue el Vocal-Portavoz, Enrique López, quien se encontró con la convicción de Berbell, Vidales y Agustín Zurita.

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Así es como este equipo fue  capaz de poner en marcha el proyecto, con el apoyo y el consenso decidido del órgano de gobierno de los jueces.

Como resulta que Enrique López es el actual consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, me dispongo a escribir esta columna y enviarla. Me encuentro como cuando los náufragos enviaban un mensaje en una botella, y confiaban en que su mensaje llegase a una playa habitada.

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Otros se atrevían a más: Labraban el plano de un tesoro en la concha de una gran tortuga, de esas que viven hasta 200 años. Lo siento, pero a) no dispongo de esa tortuga; b) no sé labrar mensajes en conchas de tortuga y c) no tengo paciencia para esperar un montón de años; entre otras cosas, porque ya no viviré y porque las cosas son mucho más sencillas.

Es el quinto artículo que escribo sobre este asunto. Comencé cuando era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Santiago Victoria.

Resultado: Cero.

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Entonces, planteo una pregunta de entre tantas preguntas simples, que suelen ser las más maliciosas: ¿Y cuántos contribuyentes conocen a este señor, que ocupó el cargo nada menos que tres años? Tenía toda la blancura de la ignorancia en comunicación y ninguna mácula de sabiduría para darse cuenta de qué hay que hacer para cambiar las cosas.

Enrique López puede pasar a la Historia de la Administración de Justicia en Madrid si logra poner una cámara, además de la que ahora hay, y portanombres. Así de claro. Y desde luego, sin una gran inversión.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid fue vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008; durante ese tiempo presidió la Comisión de Comunicación desde al que se dio un impulso a la entrada de las cámaras de televisión en los juicios, con el consenso de los otros cuatro miembros: Juan Carlos Campo (hoy ministro de Justicia), José Luis Requero (magistrado del Supremo), Montserrat Comas (magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona) y Adolfo Prego, exmagistrado del Supremo y abogado.

¿EN QUÉ SE NOTA QUE LA COMUNICACIÓN DE LOS JUZGADOS ESTÁ APOLILLADA? EN BUSCA DE UN GRAN FISCAL…

Recuerdo que un 30 de Junio de hace unos años, decidí asistir a juicios del Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid. Declaro que lo que me ha llevado en ocasiones a asistir a juicios ha sido esta cuestión: «¿Por qué pagar la entrada a un teatro, si no tenemos que pagar por asistir a un juicio?»,

Estaban programados 16 juicios de faltas, con una duración de diez minutos cada uno. Resultado: De los primeros 10, sólo se celebraron tres.

A pesar de esto, creo que el tiempo que pasé en el Juzgado fue muy productivo, porque vi una actuación excelente de un fiscal y, a la vez, experimenté de forma directa el olor a naftalina informativa de ese juzgado y que, al parecer, también es muy corriente en otros.

Fui tomando notas:

El fiscal es muy educado; saluda a cada acusado o testigo y domina el difícil arte de la espontaneidad cuando pregunta. Es decir, parece que está improvisando y, sin embargo, ha leído muy bien los documentos. Es un virtuoso de lo que los norteamericanos denominan ‘cross-examination’; parte de una respuesta del acusado o de un testigo y vuelve a preguntarle desde un ángulo distinto, pero con un tono muy tranquilo. Incluso, habla con un volumen de voz bajo, sin teatralizar.

En unos casos, utiliza el razonamiento inductivo; en otros, el deductivo, pero sin asar lo que está cocido, porque el tiempo es escaso. Y tiene un gran sentido de la realidad, pues antes de presentar su propuesta de sanción, se asegura de que el acusado puede pagarla.

Este fiscal puede aparecer en los medios de comunicación y hacer un trabajo muy bueno, porque puede sintetizar su pensamiento en muy poco tiempo.

Domina lo que los medios audiovisuales norteamericanos denominan ‘soundbites’, ‘bocados de sonido’ de 9 segundos, en los que un político o un profesional debe expresar una posición, si quiere salir en los medios. Si no, prescinden de él.

En cuanto al lenguaje corporal, sabe trazar con sus manos los llamados ‘ideógrafos’, es decir, el viaje de un concepto desde el pasado hasta al futuro; utiliza kinetógrafos cuando pregunta por una acción que un testigo ha presenciado; no abunda en los apuntadores, pues son movimientos de acusación, y a él no le hacen falta, como un edificio seguro no necesita que lo apuntalen.

Es sobrio cuando expresa alguna emoción, sin aumentarla ni disminuirla. Demuestra imparcialidad y no muestra que va a por el acusado por encima de todo. No necesita emplear la figura retórica de la “corrección”, conducta que es típica de los inseguros cuando quieren quedar como el aceite, flotando por encima de las partes, de los testigos o de los peritos”.

… PERO UN FISCAL ANÓNIMO, GRACIAS A LAS NULAS FACILIDADES QUE OFRECEN ALGUNAS PARTES DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL

Hasta aquí, mis notas. Mi sorpresa fue cuando le pregunté a un señor que se llama Ángel y que pide los carnets de identidad a quienes van a intervenir en un juicio, cómo se llamaba el fiscal.

Él me dijo que no me lo podía decir. Y por la forma en que me respondió, parecía que yo le había pedido la fórmula de la Coca-Cola. “¿Dónde puedo enterarme de la identidad del fiscal?. Él me dijo que bajase a la planta 1, donde estaban los fiscales.

Cuando pregunté en esa planta, me miraron extrañados, como si fuera un extraterrestre. “Los fiscales están en un edificio azul, en Capitán Haya”.

Llego al edificio y la funcionaria de información me dice que sólo puedo acceder a la identidad del fiscal si voy acompañado de un abogado.

El juicio del “procés” se dio en directo por televisión y por Internet gracias a la política construida en el Consejo que presidió Francisco Hernando. El tribunal estuvo formado por los magistrados Andrés Palomo, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena (presidente y ponente), Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer.

¿QUÉ NOS DA DON CARLOS LESMES, PRESIDENTE DEL CGPJ, A CAMBIO DE NUESTROS IMPUESTOS?

Como estaba decidido a averiguar la identidad del Fiscal, me voy a la Página Web del Consejo General del Poder Judicial y encuentro lo siguiente: Contacto con la Oficina de Prensa. Dirección: Oficina de Comunicación del CGPJ. Jefe de Prensa Tribunal Superior de Justicia de Madrid: Luis Salas Fernández.

Ofrece nada menos que su correo, su número de teléfono fijo y el móvil. Y José Manuel García Martín.

También ofrece lo mismo.

Les escribo explicando que quiero publicar varias columnas sobre el sistema judicial español y les pido la identidad del fiscal. ¿Han recibido ustedes respuesta de algunos de estos dos señores?

Pues yo, tampoco.

Como dicen algunos hispanoamericanos cuando están contando algo: “la cosa se puso eventualmente interesante”. Aquí tenemos otros dos señores a los que estamos pagando una pasta y que a cambio, nos dan aire.

POR FIN, ENCUENTRO A UN BUEN PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN

Afortunadamente, el mundo judicial no se acaba con Dña. Concepción Rodríguez Acebedo, Jueza del Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, ni con Ángel, que pertenece al mismo Juzgado.

Ni con el Jefe de Prensa Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Luis Salas Fernández, ni con José Manuel García Martín, los dos al servicio de Lesmes.

Como ocurre con los periodistas de investigación, no me resulta hercúleo el trabajo de hacerme con el correo electrónico de D. Fernando Noya Fernández, Director de Comunicación de la Fiscalía General del Estado.

Le expongo mi necesidad de conocer la identidad del fiscal para realizar mi trabajo. Y me responde en cuatro líneas. Ha transmitido mi petición a la Fiscalía de Madrid, que cuenta con cerca de trescientos profesionales. En cuanto tenga respuesta, me la harán llegar.

Suele haber cierto criterio restrictivo a la hora de facilitar identidades de funcionarios, pero en este caso por el que me intereso, cree que no debería haber ningún problema en facilitarlo.

¿Ven qué fácil es la cosa?

Don Fernando es un excelente profesional. Justifica su sueldo.

Los contribuyentes debemos estar contentos con él. Su carta no necesita naftalina para combatir el olor de lo antiguo. Poco después, me escribe un e-mail con la identidad del fiscal, Don Antonio Gil García.

¡Uffff! ¡Qué sofoco!

Hace años, escribí un estudio sobre “El proceso”, de Frank Kafka, y el gran escritor checo no se planteaba ese problema. Identificaba a los personaje fundamentales y planteaba otros asuntos.

Lo que ocurre aquí, en ciertos sectores del sistema judicial español, es absurdo. ¡Ay, lo que Kafka hubiera escrito sobre esta situación! Algo parecido a los repetidos intentos fallidos del agrimensor K por acceder a las autoridades que, desde “El castillo”, rigen los destinos del pueblo.

GARSON KANIN, WILLIAM WELLMAN, TAY GARNETT, OTTO PREMINGER,  ALFRED HITCHCOK, BRIAN DE PALMA, COMO MUESTRAS DE CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA EN NORTEAMÉRICA

Ante esa experiencia del absurdo, que hace perder tanto el tiempo, recuerdo algunas películas norteamericanas.

Año 1940. “Mi mujer favorita” (Garson Kanin). Después de los títulos de créditos, en el primer plano vemos la puerta de una sala de juicios en la que está escrito: Juez Walgter Leyson.

Año 1942. “Roxie Hart”. (William Wellman). Juez Cannon.

Año 1946: “El cartero siempre llama dos veces” (Tay Garnett). El juez identifica al fiscal Kyle Sackett y al defensor, Artur Keats. Cuando los dos se acercan a hablar en voz baja con el juez, vemos al portanombres de éste.

Año 1960: “Anatomía de un asesinato” (Otto Preminger). Lo primero que hace el fiscal es identificarse. Lo mismo hacen el fiscal y al abogado defensor.

Año 1962: “Yo lo vi todo” (episodio que dirigió Alfred Hitchcock para la televisión). El primer juez lleva un portanombres: Judge R. Martin. El segundo juez se dirige al fiscal por su nombre: Mr. Anderson. Y al acusado que se defiende a sí mismo: Mr. Barnes.

Año 1993: “Atrapado por su pasado” (Brian de Palma). El juez dice que le quedan 56 vistas. Tiene un portanombres: Judge Feinstein.

Es decir, que el sistema judicial español lleva, al menos, ¡80 años de retraso!  respecto del norteamericano. A muchos de sus miembros les faltan los cimientos comunicativos para convertirse en un poder que la sociedad respete.

Estamos pagando nuestros impuestos ¿y no tenemos derecho a saber la identidad de quien representa al Ministerio Fiscal? Y eso que yo conocía la identidad de quien presidía las vistas- Dña. Concepción Rodríguez Acevedo-. Y si no lo hubiera sabido, ¿qué me habría respondido Ángel? ¿Que tampoco podía decírmelo?

El Juzgado Nº 21 estaba y, supongo, está a mucha distancia de un juzgado no sólo norteamericano sino de otros países avanzados. Sólo hace falta leer “Los errores judiciales”(1969, en Francia; 1972, en España), de René Floriot, para darnos cuenta de que, a pesar de esos errores, los jueces daban más facilidades, hace ya más de medio siglo, al periodismo y a los científicos.

Falta protocolo, estilo y sobra olor a naftalina para combatir polillas conceptuales. Lo que escribo de este Juzgado puede aplicarse a otros. Y un buen día puede llegar en que los jueces españoles aparezcan tan caricaturizados como en muchas películas norteamericanas. Recordemos dos de las citadas: “Mi mujer favorita” y “Roxie Hart”.

EL PRIVILEGIO DE LOS/LAS JUECES. O ¿POR QUÉ ES IMPRESCINDIBLE GRABAR EN VÍDEO A LOS JUECES?

Si entramos a ver un juicio, nos damos cuenta de que no hay una cámara que grabe al juez o jueza. Sí observaremos que, encima de la cabeza de quien preside el juicio está una cámara que enfoca al fiscal, al abogado defensor, a los testigos, peritos y al público. Es lógico que nos preguntemos por qué los jueces gozan de ese privilegio.

Pues bien, por más vueltas que he dado al asunto, no encuentro razón para sostener ese privilegio. Y como estamos asistiendo, desde hace ya bastante tiempo, a le denuncia de los privilegios de los políticos, es el momento de preguntarnos por qué nuestros impuestos están sosteniendo un sistema que puede ser mucho mejor.

Las grabaciones, o “copia judicial”, sustituyen al acta de un juicio. Esa cámara a la que acabo de referirme graba oficialmente lo que ocurre durante las vistas públicas de los juicios y han venido a sustituir al papel de los secretarios judiciales.

La decisión que se tomó en su momento era lógica. ¿A quién le cabe en la cabeza que, después de tres horas de vista oral, ciento y pico folios y mucho cansancio, un abogado se fuera a leer el acta del juicio, realizado por un secretario judicial a mano, y con una caligrafía ininteligible?

Los abogados –tanto de la defensa, de la acusación particular y/o popular- y el fiscal firmaban lo que les ponían sin ni siquiera echar una hojeada (u ojeada, pues  los dos términos son sinónimos en el 99% de los casos). Porque hubiera sido inútil.

Esto generaba una inseguridad jurídica evidente a la hora de apelar la decisión de Sus Señorías.

Con mucha lógica, gracias a la tecnología, las cámaras de televisión de circuito cerrado sustituyeron esa función que grababan el juicio en el disco duro de un ordenador y luego se transfería su contenido a un cd o un dvd.

Es lo que hoy se conoce como “la copia judicial”.

Las partes reciben una copia del juicio, debidamente sellada y oficializada, si lo solicitan cuando reciben la sentencia.

A partir de ese material, los abogados y el fiscal pueden armar los recursos que consideren convenientes. Esto sí que da seguridad jurídica. Pero no «toda» la seguridad jurídica.

Algunas Audiencias Provinciales, como la de Madrid, tienen equipadas salas con cámaras profesionales como la de la foto.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN?

Lo que debe ocurrir en las salas judiciales es lo siguiente: dos cámaras que toman dos planos generales.

Una desde la pared que está detrás del juez o jueza y que graba a las partes y al acusado, testigo o perito que esté declarando en cada momento.

Y otra, desde el fondo de la sala, que toma a todos –el acusado, testigo o perito de espaldas-, incluyendo al juez y a la secretaria judicial.

Es el principio de inmediación en la práctica.

Pues bien, ese principio no se observa en España.

El principio de inmediación es lo que denominan en el mundo de la justicia a la suma de la banda no verbal- lenguaje corporal, o movimientos expresivos y paralenguaje, es decir, todo lo relacionado con la voz-, más la banda verbal o de contenido. En resumen: lo que necesitamos esencialmente para encontrar la verdad.

Pues bien, si los jueces y las secretarias judiciales no salen, asistimos al rompimiento de pleno del principio de igualdad que debe regir a todo acto judicial. O como los animales escribían en “Rebelión en la granja”, de George Orwell: “Todos los animales son iguales pero unos animales son más iguales que otros”.

Todos los intervinientes en un juicio son iguales, pero algunos intervinientes –los jueces- son rotundamente desiguales. Pero bueno, ¿quiénes se creen esos señores jueces que son? A los contribuyentes, que les pagamos, nos importa que los graben, porque resulta esencial para la confianza pública. Por tanto, no ofrecen «toda» la seguridad jurídica. Ahora voy a explicar por qué.

NECESITAMOS VER LAS CARAS Y LOS BRAZOS DE SUS SEÑORÍAS

Decía Catalina de Rusia: “Los filósofos [los juristas, diríamos hoy, añade Gustavo Bueno] escriben sobre el papel que todo lo resiste; los políticos, sobre la piel de los ciudadanos, que es muy irritable”.

Pues claro que es irritable. Y más como sigan algún@ de Sus Señorías negándose a que les graben.

La cámara que capta a los jueces evita que éstos sean maleducados con las partes, que menosprecien a unos y a otros, que hagan gestos de todo tipo expresando corporalmente que están cansados y que, «señores letrados, vayan terminando, que tengo otras cosas que hacer».

No pocos meten presión ya desde el principio y ponen cara de resignación, de aburrimiento y de desprecio cuando ven que es inevitable el intercambio argumental prolongado. Los contribuyentes queremos ver todo eso con estos ojos que han de desaparecer algún día. Queremos vivir para observar los comportamientos de Sus Señorías.

Las cámaras evitan que los jueces se sientan dioses que están por encima del resto de los mortales. Como decía José Luis L. Aranguren: «Yo nunca llamaré “Magnífico” a un Rector, por muy magnífico que sea».

Y quienes pagamos a los jueces hemos de tener presente siempre el artículo 117 de la Constitución: «La justicia emana del pueblo». El origen de su legitimidad, por lo tanto, somos los ciudadanos. No pueden actuar al margen de nuestros intereses. Por mucho que hayan sacado una oposición y que supuestamente tengan el trabajo asegurado de por vida.

Como servidores públicos deben responder a lo que se espera de ellos: respeto, educación, neutralidad e imparcialidad para todos. Esto es, Justicia para todos.

La grabación de sus señorías en juicio es, por lo tanto, esencial para cumplir esos objetivos y preservar la confianza pública en el sistema.

No ha lugar en nuestra administración de justicia para jueces prepotentes, irrespetuosos y maleducados.

Las grabaciones actúan como «temor de Dios», por emplear un sintagma antiguo. Ahora decimos «temor a la opinión pública» o «piel social».

LOS CONTRIBUYENTES NO PODEMOS QUEDARNOS SIN EL 55 % DE UN JUICIO

No me refiero a impuestos, no. Sigo abordando el asunto de las bandas no verbal y verbal. El profesor Alfred Mehrabian estableció, hace más de cuarenta años, en su libro “Silent Messages”, la regla según la cual, la importancia de la comunicación Verbal era del 7%; el Paralenguaje o Comunicación Vocal contaba un 38%; y el 55% o Comunicación Visual (Lenguaje Corporal) era el factor que más contaba.

Por tanto, y de acuerdo con lo que afirmaba el profesor Mehrabian, no nos podemos quedar sin el 55% de lo que ocurre en un juicio. Y menos mal que contamos con el 38% de la voz grabada.

Esto es aplicable también a los jueces.

NI LOS ABOGADOS NI LAS ASOCIACIONES DE JUECES REIVINDICAN LA CÁMARA

 Y hay que decirlo claro. Los abogados no quieren, no se atreven y no les interesa reivindicar la cámara, porque tienen que volver con ese juez o jueza con otro caso y les pueden coger ojeriza.

Tampoco conozco una reunión de las distintas Asociaciones de Jueces que hay en España en la que hayan reivindicado que las cámaras graben sus actuaciones. No hemos de observar un temor reverencial ante las declaraciones de cualquiera de estas Asociaciones.

En su excelente libro “Las raíces del miedo”, Florencio Domínguez Iribarren cuenta que en el número de  “Interviú”, correspondiente a la semana del 24 al 30 de Noviembre de 1982, el magistrado José María Capilla Ruíz-Coello, titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao, en una extensa entrevista declaraba la situación que se estaba viviendo realmente en el ejercicio de la función judicial en Euskadi.

El entrevistado denunciaba el miedo de la sociedad ante el terrorismo y que él se sentía amenazado.

Esas declaraciones provocaron la reacción de la Asociación Profesional de la Magistratura, que publicó una nota rebatiendo todas las afirmaciones del magistrado Capilla.

Pasados unos años, ¿a quién dio el tiempo la razón? ¿Al Juez Capilla o a la Asociación? Al juez Capilla (Domínguez Iribarren, 2003: 145-146). La Asociación perdió una ocasión inmejorable de callarse. Lo mismo ocurrirá en el asunto que estoy abordando. Por tanto, no esperemos que las Asociaciones vayan a reivindicar la cámara.

UNA EXCEPCIÓN QUE ANIMA, Y MUCHO

En alguna ocasión, algún letrado se atreve y lo denuncia. Son los menos, advierto. Pero los hay, como la abogada Doña Ana Hidalgo, que presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, el 30 de marzo de 2014.

La queja era contra el magistrado D. José Luis Martín Tapia, que había presidido el juicio por el tribunal del jurado contra sus defendidas, Leila Escofet Mohamed y Fátima Mohamed Laarbi, en la Audiencia Provincial de Melilla durante los días 18, 19 y 20 de febrero de este año.

En la queja, Hidalgo dijo de Martín Tapia que había dirigido el «juicio de manera que se dictara el veredicto de culpabilidad. Así mismo, vulneró el principio de igualdad de armas porque trató desigualmente al ministro fiscal y a la defensa –de la que yo formaba parte-; no interrumpió al primero, preguntara lo que preguntara, y sí lo hizo con nosotros, sobre todo en momentos clave de los interrogatorios».

Para concluir, la letrada dice que “Las pocas veces en que el magistrado preguntó directamente fue solo para recalcar puntos sobre la culpabilidad. De todo ello quedó constancia en las grabaciones videográficas del juicio”.

La queja fue archivada. ¿Por qué? Porque en las grabaciones videográficas del juicio no aparecía Su Señoría, el magistrado Martín Tapia.

Un solo plano, desde la pared de su espalda. Sólo se escuchaba su voz.

El 7 por ciento del proceso de la comunicación, según el doctor Mehrabian. Era imposible que los del Consejo llegaran siquiera a la conclusión de la abogada.

«Todos los intervinientes en un juicio son iguales, pero los algunos intervinientes –los jueces- son más iguales que el resto a la hora de que los graben».

Y esto no puede ser. Señores del Consejo  General del Poder Judicial: Pongan su reloj en hora científica. Están ustedes muy atrasados. Lean los muchos libros que ha escrito Desmond Morris, por ejemplo. Y yendo mucho más allá, lean el libro “La expresión de las emociones en el hombre y en los animales”, que Charles Darwin publicó en 1872, y se darán cuenta de que ustedes llevan casi siglo y medio de retraso.

El epílogo de la historia de Doña Ana Hidalgo fue feliz. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que apeló la letrada, tumbó la sentencia del tribunal del jurado de Melilla y ordenó repetir el juicio.

¿Se hubiera conducido de otra forma Su Señoría Martín Tapia si hubiera sabido que se le estaba grabando en vídeo y que su conducta podría haber tenido consecuencias disciplinarias? Sí, sin duda alguna.

Que se sienta el “temor al vídeo” en la sala.

“Si se pasa, señor juez, si es un prepotente, un irrespetuoso y un maleducado sepa que eso puede tener consecuencias para usted y para su futuro. En sala, usted es esclavo de sus palabras y de cómo las exprese corporalmente y mediante su voz”.

Porque no sólo es que su legitimidad, la legitimidad de su trabajo, emane del pueblo, como dice la Constitución. Es que somos nosotros, el pueblo, los ciudadanos, los que pagamos lo que usted cobra todos los meses.

Y eso sí que es sagrado, ¿verdad?