Una veintena de vecinos de Galapagar han presentado hoy una querella ante el Tribunal Supremo contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por considerarlo responsable del «acoso total» ejercido contra ellos por parte de agentes de la Guardia Civil con el fin de evitar que protestaran ante las puertas de su vivienda.
Según expone la querella que se ha presentado ante la Sala de lo Penal por su condición de aforado, Iglesias ha hecho uso de su cargo para «dar instrucciones» y evitar manifestaciones contra la gestión del Gobierno por la pandemia del coronavirus.
Por ello, le imputan un delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, coacciones y denuncia falsa, con la agravante de prevalecerse del cargo público.
Además, los vecinos, constituidos en la plataforma ‘Sancionados por Pablo Iglesias’, han interpuesto otra querella en los juzgados de instrucción de Collado Villalba, contra un teniente de la Guardia Civil, 23 agentes del Instituto Armado y un policía Nacional por los delitos de coacciones leves e impedir el ejercicio de derechos cívicos por estos mismos hechos.
En ambos escritos afirman que «han sido objeto de un acoso total en base a las instrucciones dadas» por el vicepresidente segundo del Gobierno, después de que éstos acudieran el pasado 7 de junio de forma «espontánea» a protestar a las inmediaciones de su vivienda contra la «nefasta gestión del Gobierno y los miles de fallecidos como consecuencia de sus graves negligencias».
MULTADOS POR LLEVAR LA BANDERA DE ESPAÑA O PONER EL HIMNO
Destacan, en las querellas, que sólo los manifestantes que portaban la bandera de España o hacían sonar el himno nacional han sido identificados «de forma totalmente discriminada» y multados.
Aseguran que se les ha prohibido «atravesar» de manera «injustificada» la calle en la que vive Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, «tanto en coche como a pie».
Por todo ello, entienden que Iglesias, no sólo ha actuado «contra sus propios actos», pues, según recuerdan, antes de ser vicepresidente del Gobierno llamó a «protestar contra políticos bajo expresiones tales como: ‘jarabe democrático'»; sino que ha estado «utilizando a los agentes de seguridad como si fuesen sus guardaespaldas privados».
«Todos mis representados son personas pacíficas, ninguno de ellos ha portado ningún tipo de arma en ningún momento», señala el escrito firmado por la abogada Polonia Castellanos, presidenta de la asociación Abogados Cristianos, que ha decidido colaborar con los querellantes a título personal.
La abogada añade que ni «cuando una banda terrorista, tremendamente criminal, y autora de cientos de asesinatos tenían amenazados a políticos, periodistas, etc… en ningún momento se cortaron calles, se impidió ejercer los derechos fundamentales de los ciudadanos o se acosó a ciudadanos pacíficos por llevar los símbolos de España».
SANCIONES POR «MOTIVOS FALSOS»
Una de las vecinas, Claudina Gutiérrez, ha declarado a Europa Press que las propuestas de sanción llegaron incluso habiendo «cumplido a rajatabla lo que decía la Guardia Civil» durante las protestas y que para ello alegaron «motivos falsos» como que los manifestantes habían intentado «saltarse la valla».
«Es una desproporción increíble a la que estamos siendo sometidos», ha afirmado.
De hecho, la querella presentada contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también incluye el delito de lesiones porque, según indica, uno de los agentes «ejerció violencia física» sobre esta vecina, por lo que tuvo que acudir a urgencias al hospital.
IGLESIAS SE QUERELLÓ TAMBIÉN
El vicepresidente segundo del Gobierno, por su parte, se querelló el pasado 21 de julio contra Miguel Frontera, autor de varios vídeos y tuits donde llama a Iglesias la «garrapata», por seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Es la segunda acción legal que la familia Iglesias-Montero impulsa con el objetivo de parar una protesta permanente ante su casa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, interpuso, a principios de julio una denuncia ante los juzgados de Collado contra otra de las impulsoras del escrache, Cristina Gómez, miembro de VOX, a la que su partido le ha abierto un expediente por esa actividad.
La magistrada consideró que Gómez estaba haciendo uso de su libertad de expresión y no perpetrando un delito de acoso ni otro de coacciones.
