Tres de los ocho vocales que conforman la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el máximo órgano entre Plenos–, han votado en contra del acuerdo tomado hoy por el órgano de gobierno de los jueces, en el que reclaman públicamente el respeto a la independencia de los jueces como elementos claves de la democracia.
Son tres vocales del sector progresista, quienes fueron elegidos a propuesta del PSOE: Rafael Mozo, magistrado, y Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta, abogados.
A favor han votado el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ en funciones, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya.
VOTO PARTICULAR DE CUESTA
Cuesta, además de votar en contra, ha suscrito un voto particular en el que explica el motivo de su disidencia.
Es la segunda vez que este vocal vota en contra de la mayoría en los últimos treinta días.
La primera fue el pasado 27 de julio, cuando la Permanente autorizó al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, a dar clase en la universidad de la banca.
Según ha explicado Cuesta negro sobre blanco en esta ocasión, la declaración es «innecesaria e inoportuna» porque no especifica a qué comportamientos o frente a que declaraciones se refiere, susceptibles de amenazar o de menoscabar la división de poderes o el respeto a la independencia del Poder Judicial.
Esto, a su juicio, podría «generar confusión en la opinión pública, o cuestionar derechos inalienables de las personas y colectivos a la libertad de expresión u opinión, o al ejercicio legítimo de su derecho defensa procesal», según señala en su voto particular.
No dice nada de Unidas Podemos ni de algunos de sus líderes, investigados por el magistrado del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, por los supuestos delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales, entre otros.
POR ATAQUES DE PODEMOS
En los últimos días el magistrado mencionado ha sido objeto de fuertes críticas por los líderes podemistas, quienes le acusan de llevar a cabo «una investigación prospectiva» por «practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación».
El más contundente ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha sostenido que la investigación abierta por la financiación del partido morado «quedará en nada» y ha censurado que su objetivo «no es judicial», sino «la difamación mediática».
El CGPJ no menciona la razón por la que ha tenido que reclamar de nuevo respeto a la independencia judicial, algo que sí hizo en ocasiones anteriores respecto del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la última de ellas por generar lo que a juicio del órgano de gobierno de los jueces eran «dudas inaceptables» sobre la independencia judicial al criticar la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra.
El acuerdo, como otros antes, carece de referencia expresa a Podemos y está redactado a modo de a buen entendedor…
Según Cuesta, el acuerdo se ha adoptado además de forma sorpresiva, y sin estar incluido dentro del orden del día de la Comisión Permanente, sin que hubiere el necesario consenso o coincidencia para su inclusión en el mismo.
NO SE HAN TENIDO EN CUENTA PRECEDENTES
«En este asunto no se han tenido en cuenta los precedentes de acuerdo, diálogo o consenso previo, ya sea para la modificación de los órdenes del día o para su aprobación, que para este tipo de declaraciones institucionales, se ha venido practicando por este órgano», abunda el vocal en su escrito.
El acuerdo de la mayoría, la declaración hecha pública este miércoles, supone un «recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia».
Para el CGPJ, la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados «es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos».
El comunicado coincide con las informaciones vertidas por la que fuera hasta inicios de esta semana portavoz de del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre la existencia de una negociación entre las dos principales formaciones políticas para renovar a los miembros del órgano de Gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018, cuya pronta consecución habría sido desmentida desde la dirección de la formación popular.
Para Cuesta, el acuerdo alcanzado por sus compañeros supone una solemnización de lo evidente y «rompe el necesario equilibrio en aras a garantizar la debida apariencia de imparcialidad en sus decisiones, o en algunos pronunciamientos gubernativos de los órganos de Gobierno del Poder Judicial».
