La Comunidad de Madrid se está rearmando contra la amenaza de las pandemias –presentes y futuras– con un poderoso «portaaviones»: el nuevo Instituto de Medicina Legal, un edificio futurista conocido popularmente como «el donut», por asemejarse a esa forma.
Un «portaaviones» que estará operativo el próximo mes de noviembre, al que se ha dotado de los últimos avances tecnológicos existentes con el fin de que sea una referencia, a nivel europeo, en la investigación y la lucha contra el COVID-19, a día de hoy, y contra otros desafíos de este tipo a los que se tenga que hacer frente.
El edificio, diseño original del arquitecto Alejandro Zaera, fue construido hace diez años. Formaba parte del primer diseño de la Ciudad de la Justicia de Madrid, proyectada al norte de la capital –muy cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid–, pero quedo a medio terminar debido a problemas legales que malograron el proyecto original.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, favorable a la CAM, ha dejado el campo expedito para abordar un nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia de Madrid del que el IML es su «primera piedra».
Este edificio ha jugado un papel fundamental como morgue en la reciente pandemia, ya que, gracias a las instalaciones originales, ha podido albergar una buena parte de los cadáveres, víctimas del COVID-19.
Esto no solo ha revalorizado su existencia sino que se ha convertido en la «punta de lanza del proyecto de concentración infraestructuras del partido judicial de Madrid», apuntó hoy Enrique Lopez, consejero de Interior, Justicia y Víctimas, durante la presentación del edificio a los medios de comunicación.
Junto al «donut» se esta construyendo, a toda velocidad, además, el Hospital de Emergencias, del que adolecía la capital de España, un centro público que seguirá el modelo abierto por el Gobierno regional en IFEMA para pacientes COVID-19 y que contará con tres pabellones que sumarán más de 23.000 metros cuadrados.
La inversión en el IML es de 4,3 millones de euros. Tiene 13.500 metros cuadrados –8.000 útiles–, está distribuido en cuatro plantas, y cuenta con los más modernos recursos en medicina legal: 10 laboratorios, una sala de bioseguridad para hacer autopsias a cadáveres contagiados por el COVID-19, u otro tipo de virus -a un costo de 600.000 euros-, 49 mesas de autopsias, salas de Rayos X, laboratorios de patología, toxicología o histopatología, por citar algunos.
Asimismo, puede albergar 225 cadáveres, 123 en cámaras individuales y el resto en dos cámaras frigoríficas colectivas a 8 grados bajo cero.
«El IML también contará con biblioteca, un salón de actos y salas de formación. Fortalecerá, además, un elemento que consideramos muy importante: la investigación y la formación. Por aquí pasarán también estudiantes de medicina, jueces, fiscales, todo tipo de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y policías locales», añadió López al final de la visita al edificio que le mostró José Luis Soler, el arquitecto responsable de su puesta a punto.
Acompañando a López estuvieron la viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, el director del IML, el doctor Eduardo Andreu, el diputado regional José Enrique Núñez Guijarro, exviceconsejero de Justicia en la anterior legislatura, y Carmen Martín García-Matos, directora general de Infraestructuras Judiciales de la Consejería.
En el «donut» trabajarán casi 400 empleados públicos, entre forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Desde el IML se coordinará el trabajo de 150 medicos forenses y 140 psicólogos y trabajadores sociales.
Los profesionales que actualmente trabajan en el Instituto Anatómico Forense pasarán a servir en este edificio, pasando a integrar el personal del Instituto de Medicina Legal.
