Bulos y ‘fake news’ sobre los jueces, empezando por lo de «Justicia franquista»
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02/9/2020 00:30
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Actualizado: 02/9/2020 00:54
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En los últimos tiempos asistimos a diversas soflamas que contribuyen a difamar, menoscabar o perjudicar la reputación y consideración pública del Poder Judicial alentadas por parte de miembros de poderes de Estado, representantes públicos o medios de comunicación.
Es histórico que por tercera vez en un año la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial haga un llamamiento al respeto a la independencia del Poder Judicial, a la lealtad institucional y a la confianza de los ciudadanos en la independencia en la Justicia.
La confianza en la Justicia es esencial para administrarla. No es baladí la reputación de un poder del Estado, su respeto y confianza en el mismo para el cumplimiento convencido de las normas por todos.
Está en juego el Estado de Derecho y la propia democracia misma.
Lo más grave de esto es que la mayor parte de las afirmaciones y calificaciones sobre los jueces españoles son falsas o manipuladas, de tal manera que el imaginario popular sobre la Justicia está lleno de bulos, propaganda y desinformación.
Existe una disociación no solucionada ni combatida entre la realidad y la percepción que produce mucho del descrédito y la mala imagen del Poder Judicial que actualmente vivimos.
LA JUSTICIA ESPAÑOLA NO ES FRANQUISTA
Se escucha que la justicia española es franquista como si la mayoría fueran jueces ancianos procedentes del régimen dictatorial que hubieran continuado siéndolo.
La verdad es que, según los datos estadísticos del Poder Judicial, la edad media de las juezas y jueces españoles es de 50 años.
Así, la mayoría ha nacido en plena democracia y la media no tenía ni 8 años cuando Franco murió y por lo tanto no han vivido casi el régimen franquista.
Es más, para que todavía aún hoy -40 años después de la instauración democrática- existieran jueces franquistas, éstos deberían tener 71 años o más teniendo en cuenta el tiempo medio de preparación de oposiciones y acceso a la carrera judicial.
La realidad es que en pleno 2020, y según datos constatados, con 71 años o más, solo hay 46 magistrados de 5.419, lo que supone un 1,31% de la carrera judicial.
Habrá quién piense, «bueno, pero esos 46 están todos en el Tribunal Supremo y fijan jurisprudencia y llevan el peso de la Justicia». Tampoco sería cierto puesto que en órganos centrales, solo hay 4 magistrados con más de 71 años y eso incluye Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Así que cuando se dice que tenemos una justicia «franquista», que no se ha renovado, o que hay magistrados que continúan en el poder desde el régimen anterior, se trata de una falacia que no se corresponde con la realidad, y cuyos supervivientes del régimen anterior ejerciendo la jurisdicción son anecdóticos -y que además no tienen por qué compartir una ideología fascista-.
En ocasiones, lo que se atribuye a la judicatura de nuestro país es una herencia sociológica de un régimen predemocrático fruto de una endogamia social en la cual ya se aprovecha para criticar el sistema de oposiciones o se nos adjudica una «ideología reaccionaria».
LA ENDOGAMIA SOCIAL ENTRE JUECES ES UN BULO
Respecto a la endogamia social hace años se decía que muchos jueces eran “hijos de” o “familia de”.
Algún estudio afirma esto con base en la abundancia de apellidos compuestos entre opositores, mientras que éstos son minoritarios en la población.
Sin embargo, según el mismo estudio ninguna de las oposiciones donde supuestamente proliferarían dichos apellidos compuestos es judicatura/fiscalía que ostentaría uno de los menores porcentajes.
Con todo, el análisis no parte de los apellidos compuestos en España sino de una mera suposición extrapolando los datos de apellidos de Madrid al resto del país, un método bastante cuestionable.
De igual forma, se parte de que la coincidencia de apellidos supondría parentesco, aunque reconoce que no hay certeza alguna al respecto. Por consiguiente, cualquier afirmación que se base en el estrato social del candidato por su apellido carece de cualquier tipo de certeza sobre su veracidad y es una aseveración sin evidencia empírica alguna.
Sin embargo, sí que hay datos estadísticos serios y rigurosos que han desmentido esta afirmación, desde hace cerca de 20 años en que viene encuestándose a los nuevos jueces que ingresan en la carrera judicial, más del 75 % no tienen ningún familiar relacionado con el Derecho.
Por consiguiente, según los datos existentes, según metodología científica, la existencia de endogamia social entre jueces es un bulo.
LOS OPOSITORES A JUECES PROCEDEN DE LAS CLASES MEDIAS Y HUMILDES
Cuando no se atribuye una endogamia o ideología, se adjudica a los jueces una clase social acomodada o una pertenencia a una cierta burguesía debido al coste económico que tiene opositar.
Cierto es que las oposiciones suponen un importante desembolso económico que puede sumar entre 10.000 y 12.000 euros entre libros, preparador, viajes y tasas de examen durante una media de 4 años y medio.
Sin embargo, al comparar esta cantidad con el precio de los másteres que hoy son cuasi obligatorios en el mercado laboral, no es un coste tan abultado.
Es verdad que el precio medio de un máster público puede rondar 3.000 euros, pero más cierto aún es que en el ámbito jurídico mucha gente se gasta cantidades entre los 10.000 a 30.000 euros e incluso más.
Comparativamente, por tanto, el coste de una oposición no es muy superior al de los principales máster obligatorios para ejercer la abogacía.
No obstante, está claro, que ese coste puede ser muy elevado para las personas más desfavorecidas.
Para ello, deben recuperarse las becas del Ministerio de Justicia para opositores a la carrera judicial y fiscal, que son la verdadera manera para ayudar a sufragar los gastos a los candidatos de familias de menos ingresos.
Esas becas, que se eliminaron por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y existen solo en el País Vasco y en administraciones autonómicas y en oposiciones a Registros, son muy necesarias.
En la actualidad son las asociaciones judiciales, con Asociación Profesional de la Magistratura desde 2016, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, recientemente, las únicas que están otorgando ayudas al cuerpo de opositores de judicatura.
Así, por ejemplo, el sistema francés tiene las becas para las ‘classes préparatoires’ para alumnos de especial excelencia.
Es más, como miembro de la carrera judicial a la que pertenezco mi experiencia me indica que los estratos sociales de los que proceden los jueces españoles son de origen humilde o clase media.
En la actualidad los graduados en Derecho de origen más acomodado suelen, en mi opinión, cursar programas LLM o de especialización en prestigiosas universidades extranjeras o escuelas de negocio españolas para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados en importantes despachos o multinacionales.
Esto parece corroborarse en los datos estadísticos desde la Promoción 66 en adelante donde se introdujo la pregunta: ¿Alguno de sus padres dispone de estudios superiores?
Por ejemplo, en dicha promoción, un 36,59 % de sus padres no tenían estudios superiores y s0lo un 34,15 % ambos padres tenían estudios superiores.
En la siguiente, la 67, estos datos eran de un 27,69 % de padres sin estudios superiores y solo un 43,08 % padre y madre tenían estudios superiores.
En la Promoción 68, un 32,81 % sin estudios superiores, y un 45,31 % ambos, en la 69 un 20,97 % ambos sin estudios, y un 38,71 % ambos con estudios, y en la 70 promoción, un 33,15 % de los jueces sus padres no tienen estudios superiores y un 43 % ambos.
En definitiva, en todas las estadísticas de nuevas promociones, más de la mitad de los jueces sus padres no tienen estudios superiores o solo los tiene uno de ellos y cerca de un tercio de los jueces de las últimas promociones han llegado a serlo con padre y madre sin estudios superiores.
Sí existen estudios que sostienen que a mayor nivel de estudios, mayores ingresos, es deducible que los jueces cuyo/s progenitor/es no poseen estudios superiores, su nivel de ingresos podrá ser menor y será difícil que procedan de familias ricas o acomodadas.
SU IDEOLOGÍA ES PARALELA A LA DEL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA
En cuanto a la supuesta ideología reaccionaria en los distintos Barómetros realizados a los jueces, resulta un llamativo paralelismo en el auto-posicionamiento ideológico expresado por los jueces y por el conjunto de la población.
Hasta los porcentajes de no respuesta resultan sensiblemente iguales. El citado barómetro establece «esta básica sintonía ideológica de conjunto se mantiene, como puede apreciarse, a lo largo del tiempo y nada invita a pensar, a falta de datos más recientes, que haya podido quebrarse en los últimos años.
Sencillamente, la composición ideológica de la judicatura española es sustancialmente paralela a la del conjunto de la ciudadanía. Hay entre los jueces la misma proporción de personas de izquierda, centro o derecha que en el conjunto de la población nacional.
Cierto es que este informe de Toharia y García de la Cruz es de hace 15 años, y su último muestreo de hace 30 años, y por lo tanto los datos actuales podrían no corresponderse a la realidad, pero estos son los últimos datos probados.
Por tanto, quien afirme que los jueces son «ultras» o «reaccionarios» están haciendo una afirmación que carece de cualquier base probatoria mínima, sin rigor científico, ni certeza sobre su veracidad y es una aseveración carente de pruebas.
Si además, los datos de las últimas promociones prueban que proceden de familias de clase media, nada justifica que su ideología en los últimos años se haya separado del conjunto del resto del pueblo español. Cualquier afirmación en este sentido carece de prueba alguna y los datos existentes justifican lo contrario.
Aún así hay quien pretende justificar esa supuesta ideología en el asociacionismo judicial o en las elecciones a las distintas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, desconociendo al máximo la realidad del asociacionismo judicial.
Aunque se quiera atribuir a cada asociación una cierta ideología, la ideología de sus miembros dista en mi opinión bastante de esas etiquetas fáciles que se reparten en medios de comunicación.
Así, la asociación mayoritaria no deja de tener un mayor recorrido histórico, mayor implantación, y no es lo mismo nacer como escisión de la que en su momento fue la única asociación o ser una organización de nueva creación.
De igual manera, las asociaciones judiciales si bien hacen política judicial, ésta no se corresponde con ideologías sino con reivindicaciones laborales lo que falsea mucho el encasillamiento ideológico.
Creo que muchos jueces no nos asociamos por afinidad ideológica sino por sus propuestas, sus reinvidicaciones, sus formas y por qué no decirlo, por relaciones de amistad.
Igualmente, en elecciones hemos podido ver «coaliciones electorales» en candidaturas conjuntas incluso de APM y JJpD en Canarias lo que refleja lo erróneo de tales planteamientos simplistas.
De esta forma, ejemplos que se dan en la judicatura serían imposibles en la política, como un presidente del CGPJ calificado de conservador y apoyado por un expresidente socialista, un exvocal del CGPJ apoyado por los populares y nombrado ministro socialista, o secretarios de Estado de ministerios del Gobierno que en su caso se encuadrarían en «bloque conservador».
Al final, esa ideología del juez solo se busca para atacar al juez cuando investiga casos que afectan a políticos o cargos públicos de un partido, sin reparar en que antes ha podido investigar a otros del partido contrario.
Es más, cuando se atribuye el carácter conservador de la carrera judicial por existir una asociación mayoritaria, se olvida que la mayoría de la carrera judicial son los no asociados, un 45,5 % de la carrera judicial y que como hemos dicho, la realidad es más compleja que ese fácil etiquetaje que se realiza desde medios de comunicación de «conservadores» y «progresistas».
TAMPOCO ES UNA JUSTICIA PATRIARCAL
Se acusa a la justicia de machista y patriarcal, otro bulo. La representación de la justicia como mujer se hace realidad en España pues un 53,93% son juezas y magistradas.
Y en edad inferior a 51 años, las mujeres son ya el 62,5 % de los miembros de la carrera judicial.
En cuanto a las últimas promociones, las mujeres suelen ser cerca del 65-70 % de los nuevos jueces.
Así, aunque la leyenda urbana sea que la judicatura está formada mayoritariamente por magistrados varones y ancianos, la realidad española es que es el juez típico es una mujer de mediana edad.
De igual manera, la tasa de feminicidios en España es una de las menores de los países europeos, tenemos una de las pocas legislaciones integrales contra la Violencia de Género, somos uno de los pocos países con juzgados especializados, estamos a la vanguardia en formación en perspectiva de género y el año pasado los jueces españoles emitimos 22 de las 27 órdenes europeas de protección, lo que nos sitúa como líderes indiscutibles en cooperación judicial internacional contra la violencia de género en Europea.
En definitiva, cierto es que han podido existir actuaciones judiciales polémicas que quizás no han sabido explicarse ni trasmitirse de forma correcta a la sociedad.
A ello se suma, algunas actitudes poco profesionales o no demasiado éticas por parte de algunos compañeros y una mala gestión de la comunicación corporativa y del ‘timing’ de asuntos de gran repercusión social y económica a lo que hay que añadir ciertas declaraciones y afirmaciones por parte de cargos públicos, miembros de poderes del estado, periodistas e incluso exjueces y exfiscales que hayan perjudicado la reputación corporativa. Y lo negativo tiende siempre a ser más recordado que lo positivo.
Sin embargo, ni los jueces y juezas españoles son franquistas, ni machistas, ni «hijos de», ni ricos, ni ultras.
Todos esos calificativos son bulos, mentiras, propaganda o desinformación que no son ciertos, ni se corresponden con la realidad y que dañan la confianza ciudadana en el Poder Judicial y socavan el Estado de Derecho.
Para terminar, uno de nuestros deberes pendientes es acabar con los prejuicios, leyendas urbanas y falsas creencias que anidan en el imaginario popular, y que no se corresponden con la realidad y no estaría de más realizar un estudio sobre el origen social de los jueces españoles para así borrar un estigma injusto.
También debemos difundir y comunicar los éxitos de nuestro sistema, y hacer ver que tenemos una justicia acorde a no solo todos los estándares democráticos y de países avanzados del mundo, sino que en dichos rankings, España ocupa algunas de las primeras posiciones.
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