El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido, por ausencia de trascendencia constitucional, el recurso presentado por el excomisario José Manuel Villarejo contra la decisión de la Audiencia Nacional (AN) el pasado diciembre de confirmar la prórroga de la prisión preventiva por un máximo de otros dos años, hasta el límite de cuatro.
Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017, investigado en el ‘caso Tándem’ por supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión y contra la hacienda pública.
Está interno en la cárcel madrileña de Estremera.
El abogado del excomisario, Antonio José García Cabrera, presidente ejecutivo del despacho Lemat Abogados de Granada, ha anunciado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar que la decisión de mantenerle en prisión vulnera los derechos fundamentales del excomisario, que además sufre severos problemas de salud.
La AN desestimó el 13 de diciembre el recurso que Villarejo presentó contra el auto dictado el pasado 25 de octubre por el magistrado instructor del ‘caso Tándem’, Manuel García-Castellón, acordando dicha prórroga.
El tribunal de la Sala de lo Penal de la AN (Sección Tercera) señaló que la medida cautelar debía ser prorrogada porque persiste el riesgo de fuga y “su aparente capacidad para hacerlo”, tanto por las conexiones en el extranjero como por la capacidad económica que se le atribuye en los oficios policiales.
También sustentó la medida en la necesidad de evitar la alteración u ocultación de pruebas, dado que hay diligencias de instrucción pendientes de finalizar y material intervenido que no ha sido analizado totalmente, así como para evitar la reiteración delictiva asegurando que el investigado no pueda servirse de sus actividades empresariales para repetir conductas indiciariamente ilícitas.
El tribunal no considera que la prórroga de la prisión vulnere el derecho del comisario a ser juzgado en un plazo razonable ni de disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa, como contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sostiene que “es la medida cautelar adecuada a las condiciones particulares del apelante justificando la dimensión de la investigación el tiempo que se está invirtiendo en ella, que precisa cooperación judicial internacional y el análisis de material informático encriptado, entre otros, que lleva tiempo”.
La defensa de Villarejo había pedido que quedara en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, la comparecencia diaria ante el juzgado, arresto domiciliario o cualquier medida telemática de control porque entiende que “a cualquier preso en tercer grado se le trata mejor” que a un preventivo que, por tanto, no ha sido condenado.
