El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, ha acordado prorrogar dos años más la prisión provisional del excomisario José Manuel Villarejo, que el próximo 3 de noviembre cumplirá dos años en preventiva, porque hay un elevado riesgo de fuga, «un evidente riesgo de reiteración delictiva», así como «alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba».
Así lo señala el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN, en un auto fechado a 25 de octubre.
El magistrado descarta que las razones de salud que alegó el excomisario en la vista, celebrada el pasado 24 de octubre, sean suficientes para ponerle en libertad, dado que esta medida está pensada para «graves enfermedades que no puedan ser atendidas en la cárcel o que entrañen un riesgo para su vida, lo que aquí es evidente que no concurre”.
García-Castellón ha atendido así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular, que ejerce Podemos, y la particular, el despacho Balder IP, que pidieron la prórroga de la prisión.
«La organización que está detrás de aquel con funciones perfectamente distribuidas entre sus miembros, creó en el tiempo en que estuvo en activo una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado», indica García-Castellón.
Detalla los delitos que se imputan al excomisario en cada una de las 16 piezas separadas en las que actualmente se articula esta macrocausa, 9 de ellas se encuentran bajo secreto.
Acumula imputaciones por varios presuntos delitos de organización criminal para la comisión de delitos graves en su condición de jefe, blanqueo, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento y delitos fiscales.
El instructor de Tándem considera que existe un riesgo de fuga «evidente”, no solo por las elevadas penas a las que se enfrenta Villarejo, sino sobre todo «por cuanto a lo largo de la investigación se ha evidenciado la capacidad concreta para sustraerse a la acción de la Justicia”.
El juez instructor apuntala esta tesis por el alto nivel económico descubierto a Villarejo, que tiene un patrimonio inmobiliario tanto en España como en el extranjero superior a 16 millones de euros y «una estructura financiera» que le permitiría «sustraerse» a la Justicia, sumado a que cuando fue detenido se le intervino un pasaporte en blanco y dos DNI con identidades que no le correspondían .
El magistrado explica que junto al riesgo de fuga, la instrucción evidencia un alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba.
Asimismo, destaca que en el momento actual y dado el estado de desencriptación “consta documentación y cantidades recibidas, a la espera de analizar los audios de más encargos realizados al investigado, por lo que la modificación de su situación actual podría favorecer la destrucción de fuentes de prueba tanto a nivel nacional como internacional”.
En este sentido, señala que hay comisiones rogatorias cursadas tendentes a determinar al alcance de la organización criminal investigada.
El magistrado también aprecia riesgo de reiteración delictiva, puesto que en el momento de su detención Villarejo mantenía su estructura en funcionamiento, y destaca que en reiteradas conversaciones grabadas por él mismo hace alusión a que lleva más de 30 años realizando las actividades por las que se le investiga.
“A ello debemos unir que él mismo afirmó disponer de varias copias del material incautado y que es objeto de desencriptación, material que, de modificar su situación personal, podría ser utilizado directamente por el investigado para continuar con la actividad delictiva”, apunta.
