El Gobierno propone una reforma legal para mejorar la seguridad jurídica de las medidas que establezcan las CC. AA. para hacer frente a la pandemia

El Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propondrá al resto de los grupos parlamentarios una modificación normativa para «mejorar la seguridad jurídica» de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas CC. AA. y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes.

Así lo anunciaron ayer la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Según ha detallado en un comunicado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y se articularía, previo acuerdo con los grupos parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.

Esta reforma persigue cuatro objetivos: atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso- administrativo, para las medidas de carácter general; establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones, así como un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación; e incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos.

La iniciativa del Gobierno persigue «dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común».

Asimismo, pretende dotar a CC. AA., y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de «todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio».