Sobre estas líneas, un policía británico en el comienzo de un desalojo de unos okupas, en Londres.
En Inglaterra la Policía puede desalojar, sin orden judicial, a los okupas, que pueden ser condenados a penas de cárcel
TAMBIÉN PUEDEN SER SANCIONADOS CON MULTAS DE HASTA 5.603 EUROS
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06/9/2020 03:50
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Actualizado: 06/9/2020 03:55
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Tanto en Inglaterra como en Gales la Policía, sin orden judicial, puede desalojar a los okupas que hayan tomado posesión del domicilio –lo que en España legalmente se denomina morada– de una persona.
Además, pueden ser detenidos y condenados a penas de hasta seis meses de cárcel y multas de hasta 5.603 euros (5.000 libras esterlinas).
Hasta el 1 de septiembre de 2012, las ocupaciones en Inglaterra y Gales se resolvían por la jurisdicción civil.
Ese día, sin embargo, entró en vigor la Ley de asistencia letrada, imposición de penas y castigos a los delincuentes de 2012, cuyo artículo 144 llevaba por título «Delito de ocupación ilegal en un edificio residencial».
Su contenido dice que «una persona comete un delito si a) la persona está en un edificio residencial como intruso habiendo entrado en él como intruso (entendiendo aquí intruso como okupa); b) la persona sabe o debería saber que es un intruso, y c) la persona está viviendo en el edificio o tiene la intención de vivir allí por cualquier período».
Los castigos son los reseñados.
Ese artículo modificó, también, el artículo 17 de la Ley de policía y pruebas penales de 1984, titulado «Entrada con el propósito de arresto, etc.», y que comienza así: «1) Con sujeción a las siguientes disposiciones de la presente sección, y sin perjuicio de cualquier otra norma, un agente de policía podrá entrar y registrar cualquier local con el fin de…» (…) «ocupación de un edificio residencial», entendido como piso o apartamento.
APROBADO POR EL GOBIERNO DE COALICIÓN CONSERVADOR-LIBERAL DEMÓCRATA Y EL APOYO DEL PARTIDO LABORISTA
La Ley fue aprobada por el Parlamento británico bajo la iniciativa del gobierno de coalición conservador-liberal demócrata que presidía David Cameron, quien contó, además, con el apoyo del Partido Laborista.
Su impulsor fue el diputado, Mike Weatheley, también del Partido Conservador, quien, desde que fue elegido en 2010, había venido haciendo campaña contra las ocupaciones.
A su favor, contó con los resultados de una consulta llevada a cabo en 2011 entre víctimas de los okupas, tanto individuos como organizaciones, ciudadanos preocupados con el daño causado por esas ocupaciones, abogados, agentes de la ley, jueces, asociaciones, ONGs, asociaciones de caseros y sindicatos de estudiantes y de profesores, entre otros.
En 2012 el entonces primer ministro británico, David Cameron, impulsó la Ley de asistencia letrada, imposición de penas y castigos a los delincuentes de 2012, que fue aprobada por el Parlamento con el apoyo de los laboristas.
«Varias autoridades locales y proveedores privados de viviendas sociales escribieron en apoyo de medidas más estrictas para hacer frente a la ocupación ilegal. Les preocupaba el tiempo y el dinero que se gastaba en desalojar a los ocupantes ilegales de las viviendas sociales y en reparar los daños para que las propiedades fueran habitables para los inquilinos legítimos», decía la consulta.
La Asociación de Litigios sobre la Propiedad relató, en ese marco, que los gastos para desalojar a los ocupas de las propiedades oscilaban entre las 3.000 (3.367 euros) y las 8.000 libras esterlinas (8.980 euros), cifras que no incluían el costo de las reparaciones posteriores que habían tenido que llevar a cabo.
En ese momento, además, las encuestas indicaban que el público estaba en gran medida a favor de la criminalización de la ocupación ilegal, y una encuesta del YouGov encontró que ocho de cada diez personas estaban de acuerdo con el cambio.
«El Gobierno está cada vez más preocupado por la angustia y la miseria que pueden causar los ocupantes ilegales. Los dueños u ocupantes de propiedades que respetan la ley y que trabajan duro para vivir pueden gastar miles de libras desalojando a los ocupantes ilegales de sus propiedades, reparando los daños y limpiando los escombros que han dejado atrás», escribió entonces Crispin Blunt, entonces subsecretario de Estado Parlamentario para la Justicia.
PROCEDIMIENTO
«Si regresa y se encuentra con ocupantes ilegales en su casa y se niegan a irse, puede llamar a la policía y denunciar un delito», dice un documento del Ministerio de Justicia británico dirigido al gran público.
La policía acudirá al piso o apartamento, entrará y detendrá al okupa, si no se va voluntariamente, en virtud del artículo 7 de la Ley de derecho penal de 1977 que dice que «toda persona que se encuentre en un local como intruso después de haber entrado como tal es culpable de un delito si no abandona ese local al ser requerido para ello» en nombre de su dueño o de su ocupante legal.
«Recuerde siempre que deberá poder demostrar que es un ocupante residencial desplazado o un ocupante con intención de protección de la propiedad», dice el Ministerio. Es decir, que es el legitimo dueño o inquilino. Lo que en España se denomina título de propiedad.
Los okupas también pueden ser acusados de dañar la propiedad o de robar objetos del interior de la misma.
Curiosamente, el gobierno británico no tiene datos actuales de la implementación del artículo 144 de la Ley de asistencia letrada, imposición de penas y castigos a los delincuentes de 2012 sobre okupas.
De acuerdo con la organización Squatters’ Action for Secure Homes –Acción de los okupas para conseguir hogares seguros, sería la traducción en español– (SQUASH), en su informe de junio de 2016, estimó que, desde la entrada en vigor del artículo 144, se había detenido a 736 personas, se había imputado a 326 y se había condenado a 260.
El 51 % de los castigos fueron multas, el 20 % fueron puestos en libertad condicional y el 10 % fueron sancionados con trabajos en beneficios de la comunidad. En 2015, 3 personas fueron a prisión por la aplicación del mencionado artículo 144. 11 desde su entrada en vigor.
En ocasiones, sin embargo, la Policía puede decidir no actuar por diferentes motivos. En ese caso, queda la vía judicial civil.
LA VÍA CÍVIL
Las Reglas de Procedimiento Civil, lo que aquí podríamos denominar la Ley de Enjuiciamiento Civil, contempla una vía rápida para desalojar a los okupas de una propiedad de forma legal (hay otras más lentas).
Se trata de la llamada Orden de Posesión Provisional (IPO, por sus siglas en inglés). Si el dueño, al visitar su propiedad, descubre que está ocupada puede solicitar al tribunal, en un plazo de 28 días, una IPO.
La vía más rápida para desalojar a los okupas, por la jurisdicción civil, es la llamada IPO, Orden de Posesión Provisional.
El tribunal fijará una cita para una audiencia que no sea inferior a tres días después de la emisión de la solicitud. Si se ordena una IPO, debe ser notificada dentro de las 48 horas por el tribunal. El intruso deberá salir dentro de las 24 horas de la notificación, o se enfrentará a su detención.
Una vez que se llevado a cabo una IPO se tiene que celebrar una segunda audiencia en la que se permite a los okupas que ofrezcan pruebas de su derecho de ocupación. Éstos raramente asisten, así que si la IPO se mantiene entonces se concede una Orden de Posesión Sumaria (SPO).
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