Sobre estas líneas la casa de Marie-Yvonne Thamin, en Rennes, Francia, el día en que los okupas fueron desalojados, en 2014; el interior estaba destrozado.
La Policía francesa puede desalojar a los okupas sin orden judicial en los primeros días por un delito flagrante de allanamiento de morada
LA OKUPACIÓN ESTÁ CASTIGADA EN FRANCIA CON HASTA 1 AÑO DE CÁRCEL Y 15.000 EUROS DE MULTA
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09/9/2020 03:45
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Actualizado: 09/9/2020 04:06
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Hasta 2014 las ocupaciones de viviendas no era un tema que interesara mucho en Francia. Hasta que se produjo el caso de Marie-Yvonne Thamin, de 83 años. Impactó a la opinión pública francesa lo mismo que el meteorito que produjo el invierno nuclear en la tierra en el albor de los tiempos y que dibujó lo que hoy se conoce como el Golfo de México.
La señora Thamin había estado viviendo con su compañero, quien recientemente había fallecido, durante los últimos dos años. En la casa de éste, a 30 kilómetros de Rennes, capital de la provincia de Bretaña, en el noroeste de Francia.
Los hijos del hombre le comunicaron que querían poner la casa en venta, por lo que, como era lógico, debía regresar a su domicilio.
Una hermosa casa de piedra, de dos pisos.
Cuando Marie-Yvonne Thamin trató de entrar en su casa descubrió que no podía.
Habían cambiado la cerradura y el jardín de su casa estaba rodeado de alambre de púas y botellas rotas plantadas en un muro bajo. Se encontró que estaba ocupada por 15 personas.
Hacía 18 meses que no había vuelto y pensaba que estaba bien. Tendría que hacer alguna limpieza, lo lógico. Pero no fue así.
Cuando se conoció públicamente su caso, Marie-Yvonne Thamin explicó a los periodistas la angustia que la embargaba al no poder recuperar su casa y el riesgo que corría de quedarse sin hogar.
La Justicia, en ese caso, se movió muy rápido tras la denuncia de la señora. Era una patata muy caliente que había que resolver.
El tribunal de distrito de Rennes ordenó la expulsión de los ocupantes ilegales en mayo de 2014. Una decisión en la que pesó, en gran parte, el estado ruinoso en que habían dejado la casa.
El caso atrajo la atención de Natacha Bouchart, senadora de Pas de Calais por la Unión por un Movimiento Popular (UMP) –un partido conservador–, que levantó, ese mismo año, la bandera de la causa antiokupas para evitar que se volviera a repetir un caso parecido en Francia.
Y menos con una anciana.
La octogenaria Marie-Yvonne Thamin, a quien le ocuparon su casa y cuyo caso provocó el cambio del Código Penal y la sanción de hasta un año de cárcel y multa de 15.000 euros a los okupas.
Así encontró la señora su casa después de recuperarla.
LA OCUPACIÓN, SANCIONADA CON UN AÑO DE PRISIÓN Y MULTA DE 15.000 EUROS
Hasta ese momento la Policía Nacional o la Gendarmería podían intervenir y desalojar, en las primeras 48 horas de la ocupación.
Sin necesidad de orden judicial alguna.
Para ello era preciso que el propietario presentara una denuncia ante cualquiera de los dos cuerpos policiales, aportando alguna prueba de que ese era su domicilio, como facturas, documentos fiscales o, incluso, testimonios de vecinos.
Luego los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado –la Policía francesa y la Gendarmería son equivalentes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil– enviaban a un agente para corroborar que, en efecto, la casa, el piso o el apartamento había sido ocupado.
La intervención no era automática. Policías y gendarmes solo actuaban si lo veían claro, lo que conducía, en muchas ocasiones, al denunciante a afrontar un proceso judicial largo y caro.
La senadora Bouchart consiguió que la Asamblea Nacional y el Senado aprobaran la Ley número 2015-714, de 24 de junio, que especificaba el delito de «invasión domiciliaria» –conocida como «ley antiokupas»– y que modificaba el artículo 226-4 del Código Penal. Lo que en España conocemos como allanamiento de morada.
El artículo, muy duro, que quedó así: “La entrada en el domicilio ajeno mediante maniobras, amenazas, agresión o coacción, salvo en los casos en que la ley lo permita, está sancionada con un año de prisión y multa de 15.000 euros.
«La continuación en el domicilio de otra persona después de la introducción mencionada en el primer párrafo, salvo en los casos en que la ley lo permita, se castigará con las mismas penas», concluye.
La senadora de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) -partido conservador–, Natacha Bouchart, quien consiguió que se cambiara el Código Penal para penalizar las ocupaciones de los domicilios.
YA NO SON 48 HORAS PARA QUE LA POLICÍA PUEDA INTERVENIR SIN ORDEN JUDICIAL SINO 8 DÍAS
A partir de ese momento, con esta nueva redacción, el allanamiento de morada salió aclarado y fortalecido porque permite a las víctimas de domicilios ocupados solicitar la expulsión a la Policía y la Gendarmería dentro del llamado «periodo de flagrancia», que, en un principio había sido «fijado» en 48 horas.
Al menos así había sido entendido por todos hasta entonces.
La senadora rompió con esta «leyenda urbana». Porque dicho plazo no figuraba en ningún texto legal ni en ninguna jurisprudencia del Tribunal de Casación –equivalente a nuestro Tribunal Supremo–.
Además, el artículo 53 del Código Procesal Penal francés –lo que sería nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal– menciona el plazo de 8 días.
«Un delito o falta flagrante se define como un delito o falta que se está cometiendo actualmente, o que acaba de ser cometido. También existe un delito o crimen flagrante cuando, en un momento muy próximo a la acción, la persona sospechosa es perseguida por el clamor público, o se encuentra en posesión de objetos, o presenta rastros o pistas que sugieren que participó en el delito o crimen», dice dicho artículo.
«La investigación de un delito flagrante realizada tras el descubrimiento de un delito o falta no puede continuar durante más de ocho días«, prorrogable, en algunos casos, a otros 8 días para las investigaciones que se realicen bajo el control del Ministerio Público en materia de flagrancia.
En síntesis, la ocupación de un domicilio constituye un delito continuado de allanamiento de morada en las condiciones de flagrancia definidas por este artículo.
Por lo tanto, los propietarios de pisos ocupados en Francia tienen hasta 8 días para pedir a la Policía o a la Gendarmería que desalojen a los okupas sin tener que acudir a la Justicia, aportando las pruebas precisas para ello.
En algunas ocasiones los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Francia se han mostrado remisos a desalojar a okupas ante la posibilidad de que, ante un error, pudieran ser demandados.
LA SEGUNDA VIVIENDA NO ESTÁ CUBIERTA
En Francia, a diferencia de España, donde el Tribunal Constitucional ha dicho que el domicilio es tanto la casa donde vivimos como la segunda vivienda en la que pasamos las vacaciones, la morada es solo la primera vivienda.
El propietario está obligado a pasar por un procedimiento de desalojo clásico, contratando a un abogado, y presentando una demanda.
EL PROCEDIMIENTO CIVIL
Aparte del procedimiento «exprés» antes mencionado, lo clásico es que las demandas de desalojo de los okupas se hagan en Francia a través de los tribunales, por la jurisdicción civil.
Así, el Código de Procedimiento Civil de Ejecución –como nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil– dice, en su artículo L. 411-1 que «el desalojo de un edificio o de un lugar habitado solo podrá perseguirse en virtud de una decisión judicial o un informe de conciliación ejecutable y después de la notificación de un ‘tengo que desalojar el local'».
Para iniciar la demanda, el propietario tiene que presentar el título de propiedad de la vivienda y acreditar que ha sido ocupada. Asimismo, tiene que identificar al menos a uno de los okupas, porque el desalojo no se puede realizar sin esa condición.
La persona puede contratar a un «hussier», un procurador en España, para obtener la identidad de los okupas.
Una vez que se cumplen con estos requisitos el tribunal les envía una citación para el juicio. Si el fallo es que deben abandonar la vivienda, deben hacerlo de inmediato.
El despliegue que lleva a cabo la Policía o la Gendarmería francesa en estos casos es muy importante para asegurar que no se producen imprevistos.
Esto, evidentemente, lleva su tiempo y es costoso, en términos económicos.
LA LEY ELÁN, OTRO VARAPALO PARA LOS OKUPAS
El 23 de noviembre de 2018, la causa de los okupas en Francia sufrió otro varapalo por parte del Parlamento con la aprobación de la llamada Ley ELAN (Evolución de la Vivienda, Formento y Digital), que, a su vez, modificó el artículo L.412-1 del Código de Procedimientos de Ejecución Civil.
Con ella se abolieron dos medidas que los habían venido protegiendo hasta entonces.
La primera, fue el plazo de dos meses que, hasta ese momento, se les concedía para desalojar las viviendas particulares en el periodo comprendido entre la orden de desalojo dictada por el juez y el desalojo efectivo.
Era un periodo destinado a permitir la reubicación de los okupas.
La segunda, la prohibición de hacer ningún desalojo entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
Ahora pueden ser desalojados en cualquier época del año.
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