El Partido Popular ha contestado con contundencia el informe de la Abogacía del Estado, que niega legitimidad a la formación de Pablo Casado para interponer un recurso ante a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que solicita que se anule el nombramiento de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, realizada por el Consejo de Ministros.
El PP le recuerda a la Abogacía del Estado que su interés legítimo emana de su representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.
Los diputados de este grupo parlamentario, elegidos en las elecciones generales, «asistieron a la comparecencia de la persona designada, mostrándose en tal comparecencia pública y notoriamente se opusieron al nombramiento en cuestión».
Este es un asunto que tienen que resolver los magistrados de dicha Sala.
A lo largo de su escrito de alegaciones, el PP reprocha a la Abogacía del Estado que pretenda negar sistemáticamente la legitimación de los partidos políticos para impugnar este tipo de acuerdos sin atender a un criterio «casuístico», ya que ello es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución.
Desde el punto de vista del Partido Popular, la Abogacía del Estado ha interpretado de forma reduccionista la legitimación del PP, lo que provoca que «se generen espacios de impunidad para arrebatar a la jurisdicción el conveniente control de los requisitos reglados de los actos políticos como es el de la designación de Delgado».
En su escrito, el PP recuerda a la Abogacía del Estado la condición especial constitucionalmente consagrada, de partido político «como herramienta y cauce esencial del funcionamiento democrático», que ha de ser tenida en cuenta a la hora de «interpretar con amplitud las fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación».
Insiste además en que en su condición de principal partido de la oposición en las Cortes Generales tiene no sólo el derecho «sino la obligación institucional de ejercer un proporcional y adecuado control de los actos del Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de oportunos recursos ante la Jurisdicción ordinaria, y la Constitucional», especialmente ante actos que consideren «abiertamente ilegales o inconstitucionales».
Recuerda además la propia opinión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó públicamente respecto de la noción de separación entre Gobierno y Ministerio Fiscal y la necesaria imparcialidad de este último, «y que puede incidir en los intentos de incidir en su funcionamiento a través del nombramiento en cuestión».
En la entrevista citada, que tuvo lugar en RNE el pasado 6 de noviembre, Sánchez a modo de respuesta a un periodista, preguntó al mismo «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?».
Y como la respuesta del periodista fue «del Gobierno», le repuso «Pues ya está».
Igualmente, insiste el partido de Casado ante el Supremo que no puede olvidarse la «pública y notoria animadversión de la persona designada como Fiscal General del Estado» frente al PP, del que ha dicho públicamente que «lleva en su ADN la corrupción», que «es un partido corrupto y en descomposición, y esa descomposición se refleja día a día en el Parlamento», o que se toma la violencia de género como «una especie de broma».
Por todo ello, el PP pide a la Sala de lo Contencioso del Supremo que desoiga los argumentos de los Servicios Jurídicos del Estado y, en base a su legitimidad para impugnar el nombramiento, anule el real decreto por el que se nombró a Delgado por no cumplir con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía.
