El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda, del que es titular la magistrada Delia Rodríguez, ha admitido a trámite la querella interpuesta por el CF Fuenlabrada SAD contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, el secretario general de la RFEF, y asesor jurídico, Andreu Camps y el juez instructor de la RFEF Ricardo Esteban Díaz Sánchez.
La querella fue interpuesta por el equipo fuenlabreño el pasado 14 de agosto después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anulara el expediente sancionador impulsado por la RFEF que solicitó el descenso del Fuenla a la Segunda División B, como castigo disciplinario por su viaje a A Coruña con personal contagiado de COVID-19.
El TAD sentenció que no solo el Fuenla, cuyo presidente es el promotor inmobiliario Jonathan Praena, había seguido los protocolos sanitarios establecidos sino que aclaró que la institución competente sobre estos protocolos no era la RFEF sino LaLiga.
La querella del Fuenla, admitida formalmente el pasado 3 de septiembre, y cuyas diligencias de instrucción ya se están produciendo, se centra en las supuestas ilegalidades cometidas en torno a ese expediente disciplinario, el número 562/2020, que la RFEF abrió sobre Fuenla, en el que se proponía el mencionado descenso.
«PRUEBA SÓLIDA DE ILEGALIDADES»
El equipo de fútbol de Segunda División dice haber aportado al juzgado una «prueba sólida de ilegalidades en el proceso disciplinario que involucran a los directivos federativos en una estrategia coordinada de manera ilegal», según un comunicado del Fuenla.
Entre ellas, «el nombramiento de Ricardo Esteban Díaz Sánchez como juez instructor de la RFEF ‘casualmente’ horas antes de que se abriese el expediente contra el CF Fuenlabrada SAD, cuando por norma los jueces instructores deben ser nombrados por temporadas deportivas (delito de nombramiento ilegal 405 y 406 CP)».
De acuerdo con el equipo fuenlabreño, «el juez instructor nombrado ilegalmente no era el autor real de sus escritos, sino que los mismos eran redactados desde la secretaría general de la RFEF, vulnerando el deber de independencia y quedando al descubierto los intereses detrás del expediente disciplinario (delito de falsedad documental 390, 391, 392 CP)».
¿COACCIONES Y AMENAZAS?
«Desde esa misma Secretaría General, que usurpaba funciones disciplinarias, se remitían cartas a LaLiga en coincidencia exacta con los avances del expediente disciplinario que ellos mismo gestionaban bajo cuerda, insinuando que, de no tomar LaLiga ciertas medidas a su conveniencia, irían a por el descenso administrativo del CF Fuenlabrada SAD (a quien ponía en copia por si cupiese alguna duda). Siendo estas comunicaciones totalmente coactivas, amenazantes, impropias de una institución como la RFEF y por supuesto prueba de que el proceso disciplinario no contaba con las mínimas garantías de objetividad e independencia», añade.
Y concluye: «Todo lo anterior, sumado a la fabricación y aceptación de pruebas falsas y a múltiples abusos procesales debe ser investigado a fondo en este proceso penal, ya que no es aceptable que desde la RFEF se manipule un expediente disciplinario de forma tan grave. Lo que le hoy nos ha sucedido a nosotros mañana le puede suceder a cualquiera«.
