El Tribunal Supremo (TS) ha citado a declarar el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés Dal-Ré en calidad de investigado por presunto maltrato a su esposa.
El magistrado instructor del caso, Andrés Martínez Arrieta, también ha citado para ese día como testigos a la mujer de Valdés, a dos particulares, a un médico del SUMMA, a los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente y a cinco guardias civiles.
Valdés solicitó hace unos días una baja por motivos de salud. Está hospitalizado.
Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil en la madrugada del pasado 11 de agosto en su domicilio, en el municipio madrileño de Majadahonda –localidad al oeste de Madrid–.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, Elena Garde, que se hizo cargo del asunto, lo dejó en libertad el 11 de agosto, a petición del Ministerio Fiscal.
El 13 de agosto, la magistrada se inhibió al Alto Tribunal debido a que Valdés Dal-Ré está aforado, por su condición de magistrado del Constitucional.
El pasado 15 de septiembre, la Sala de lo Penal abrió una causa a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal.
A criterio de dicha Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, «conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias» para esclarecer los hechos.
Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.
Valdés Dal-Ré es uno de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo puesto está pendiente de renovación, tras concluir su mandato hace ocho meses.
La última sentencia que firmó dictamina que los jueces deben hacer una investigación “suficiente y eficaz” de las denuncias por violencia de género antes de acordar su archivo, y que no se limiten a un “mero contraste superficial” de los testimonios de ambas partes del conflicto.
