El diputado del PP y portavoz de la formación en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, pide al magistrado Fernando Valdés Dal-Ré que «dé un paso atrás y evite una humillación al Tribunal Constitucional».
El ‘popular’ se ha pronunciado así en declaraciones a Confilegal tras conocer que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa a este magistrado del Constitucional por presuntos delitos de maltrato previstos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal en la persona de su esposa.
Santamaría manifiesta que en el Partido Popular no prejuzgan los hechos ni tampoco ponen en tela de juicio el derecho a la presunción de inocencia que asiste a Valdés al igual que a cualquier ciudadano español, pero considera que «tiene que dar un paso atrás por una cuestión de la ejemplaridad que debe acompañar al cargo público en el desempeño de su puesto y porque más allá de los hechos denunciados, está en juego el prestigio de una institución clave como es el Tribunal Constitucional».
«La imagen de un magistrado siendo investigado por el Tribunal Supremo afectaría muy gravemente al prestigio del Constitucional, y también a la lucha contra esa lacra que es la violencia de género, que no puede distinguir ni por razón del oficio del presunto agresor ni tampoco por razón de su adscripción ideológica», afirma el portavoz del PP en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.
«Ello sería tanto como poner en peligro la credibilidad de las instituciones en esta lucha en la que el Ministerio de Igualdad no ha estado a la altura manteniendo un inexplicable silencio y que nos ha llevado a exigir también explicaciones a la delegada del Gobierno contra la violencia de genero, Victoria Rosell, inexplicablemente desaparecida, y que aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión», agrega.
A principios de septiembre, Luis Santamaría y otros siete diputados del PP dirigieron una batería de ocho preguntas al Gobierno en relación a este caso.
Para Santamaría, «ni el Ministerio de Igualdad ni Rosell han estado a la altura de los ciudadanos que cumplieron con su deber cívico y acudieron en socorro de la víctima cuando esta pidió auxilio».
«¿Podrá la delegada del Gobierno mirar a los ojos de estos ciudadanos y explicarles su silencio? La respuesta es no», sentencia Santamaría.
El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso reclama a Rosell «por enésima vez que rompa su silencio sobre este caso».
Afirma que «supone una falta de respeto a las víctimas que la inhabilita para el desempeño de su cargo».
