El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, denuncia que la exclusión del Rey Felipe VI de la entrega de despachos a los nuevos jueces supone «una humillación» al «jefe del Estado, al Poder Judicial y al pueblo español».
Según el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha decidido porque «la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones, y la monarquía lo es, y hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esa decisión y está bien tomada».
Lopez dice que si es cierto que esa exclusión se produce a instancias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «juez se siente absolutamente humillado» y como «ciudadano español deprimido».
El también consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y magistrado en servicios especiales se ha pronunciado así en sendas entrevistas en Telecinco y Onda Cero.
López ha insistido en que esta ausencia supone «una humillación al Estado a través de su máximo responsable, al Poder Judicial y al pueblo español por evitar la presencia del Rey» en este acto.
«Yo solo encuentro una razón: Evitar la presencia del jefe del Estado en Cataluña, porque no hay ninguna razón que justifique que el Rey no acuda», ha dicho López, y ha recalcado que poner como pretexto problemas de seguridad «no se lo puede creer nadie», ya que el Gobierno tiene que garantizar la seguridad del monarca en cualquier circunstancia y lugar.
El consejero madrileño ha lamentado que se quiera «esconder» al jefe del Estado en Cataluña.
A su juicio, la ausencia solo puede explicarse porque el Gobierno quiere «esconderle», porque la presencia del Rey en Cataluña «molesta».
Ha señalado que es un gesto que al Gobierno le dará un «pírrico beneficio» ante los partidos independentistas, pero que, en cambio, ante el resto de España supone «humillar al jefe del Estado y al Poder Judicial».
«Y si es cierto que es el responsable, tiene que dar una explicación y pedir perdón», ha aseverado.
Además, ha dicho que este episodio «fácilmente» se engloba dentro de las negociaciones de los presupuestos con ERC al tener «una gran base objetiva» que apunta hacia esa hipótesis.
En esta línea, se ha preguntado también por qué es tan urgente reformar ese delito de sedición que afecta a los condenados por el ‘procés’.
López ha criticado que se quiera establecer un tipo atenuado en cuatro años para que puedan ser puestos en libertad al haber cumplido parte de la pena.
«Sería absolutamente escandaloso», ha advertido.
Actualmente, el delito de sedición esta encuadrado en el artículo 544 de Código Penal. Y dice: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
El siguiente, el 545.1 establece las penas: “Serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”.
Y el 545.2 precisa: “Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años“.
Esta revisión de los delitos de rebelión y de sedición fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 22 de enero.
López afirmó entonces que el Ejecutivo quiere con la reforma del Código Penal que revisará el delito de sedición “blanquear el suceso más grave, junto al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se ha producido en democracia”.
“Su objetivo es rebajar la pena para aplicarlo de forma retroactiva a los condenados por uno de los sucesos más graves ocurridos en Democracia como fue el golpe de Estado en Cataluña hace dos años”, subrayó López.
Considera “absolutamente inadmisible en términos democráticos” la reforma que plantea Sánchez, criticando “esa llamada a una cierta adecuación de temas penales con Europa” a la que ha aludido el Gobierno y que, a su juicio, manifiesta “un desconocimiento de cómo se regulan las acciones legales” en el ámbito comunitario.
LA AUSENCIA DEL REY HA CAUSADO INDIGNACIÓN EN UN AMPLIO SECTOR DE LA CARRERA JUDICIAL
Vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reúne hoy, preveían ayer manifestar en la reunión su indignación por lo que consideran una exclusión de Felipe VI del acto. Preveían pedir explicaciones por lo ocurrido.
El asunto no figura en el orden del día, y para que se incorporara tendría que ser aceptado por todos los vocales.
Para José María Macías, vocal del órgano de gobierno de los jueces, “es inaceptable que el Rey no pueda participar en un acto judicial”.
“Su ausencia también es un símbolo, aunque aún no sabemos de qué”, ha manifestado a Confilegal.
La ausencia del Rey en este acto también ha causado indignación en un amplio sector de la Carrera, entre las asociaciones de jueces, y en la Escuela Judicial, donde este año se celebrará el acto.
La ceremonia de la entrega de despachos a la LXIX promoción de la Escuela Judicial será presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
La ceremonia comenzará a las 12:00 horas y será retransmitida en directo en la web del CGPJ.
Está prevista la asistencia del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; de un grupo de vocales del CGPJ; y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, entre otras autoridades judiciales.
El acto se desarrollará siguiendo las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para la prevención de contagios por coronavirus: reducción de aforos, distancia interpersonal y uso obligatorio de mascarilla.
Esta nueva promoción está formada por 29 hombres y 33 mujeres.
Mañana recibirán el documento que acredita su nombramiento como miembros de la Carrera Judicial y, con ello, quedarán investidos de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
