Cientos de comentarios de carácter jurídico han surgido ya como consecuencia del aumento de la llamada “okupación” en los últimos meses en España.
Desde el punto de vista legal han sido constantes y brillantes los artículos de grandes juristas profesionales, muchos de ellos compañeros de profesión y asociación, así como recientemente la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre de la FGE, explicando las diferencias entre propiedad y posesión, allanamiento de morada y usurpación de inmueble o personas físicas y personas jurídicas, que difícilmente se podrían superar o sería en todo caso ocioso reiterar.
Pero hay un punto, de marcada relación jurídica, pero de mayor contexto social y de responsabilidad pública, que me gustaría remarcar en estas líneas.
Se trata de la precuela del fenómeno “okupa”, esto es, lo que vengo a llamar la “pre-okupación”, consistente en señalar cuáles son las actitudes públicas o mensajes sociales que pueden estar coadyuvando a fomentar una equivocada concepción del fenómeno “okupa” convirtiéndolo en una especie de “nueva usucapión universal” configurada por parámetros jurídicos propios y en la que todo vale o se puede justificar.
La Constitución española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada del mismo modo que reconoce el derecho a la propiedad privada, lo que, en todo caso, exige el máximo respeto en ambos casos y la máxima capacidad conciliadora.
Llevar a cabo todo tipo de actuaciones que permitan dicha compatibilidad es deber y obligación de los poderes públicos, que, en el caso de la vivienda, deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes buscando los recursos públicos necesarios para ello, pero evitando lanzar proclamas o mensajes equivocados que hagan pensar a unos que su falta de vivienda está directamente relacionada con el hecho de que otros sí la tienen, difuminando con ello en cierto modo la inoperatividad del sistema público para procurarles, como dispone la CE, mediante la creación de vivienda social o ayudas públicas, la vivienda digna que se merecen.
La creación de un clima de “pre-okupación” poco matizado genera conflictos sociales innecesarios y debe sustituirse por otro que explique a los necesarios beneficiarios de una vivienda, cuáles son sus posibilidades de exigencia a los poderes públicos en busca de la satisfacción de sus derechos, contado, para ello, sin duda, con el consenso y compromiso social general que fuera necesario de personas e instituciones.
Sensibilizar públicamente sobre el respeto mutuo también debe “pre-ocupar”.
