El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés Dal-Ré y su esposa han negado categóricamente en el Tribunal Supremo que el incidente que motivó la detención del primero el pasado agosto pueda enmarcarse en una agresión.
Han dicho que hubo discusión de pareja que pudo ser «sacada de contexto» por las personas que la escucharon desde la calle y alertaron a las autoridades, según han informado fuentes presentes en la declaración.
El magistrado instructor del caso, Andrés Martínez Arrieta, citó a declarar para hoy a Valdés en calidad de investigado por presunto maltrato a su esposa.
También citó como testigos a la mujer de Valdés, a dos particulares que presenciaron el incidente y alertaron a las autoriades, a un médico del SUMMA que acudió al lugar, y a cuatro guardias civiles y cuatro policías locales destinados en Majadahonda (Madrid) que intervinieron.
Por parte de la Fiscalía ha estado la fiscal María Ángeles Gullón.
Según las mismas fuentes, los testigos del presunto delito de maltrato que se investiga se han ratificado en sus declaraciones anteriores y han relatado al magistrado instructor las palabras que escucharon y el estado de Valdés cuando les abrió la puerta cuando llamaron a su domicilio pidiendo explicaciones.
Valdés ha llegado al Supremo acompañado de su esposa poco antes de las 11.30 horas y han salido unas dos horas después acompañados de la defensa de Valdés, la abogada María Rosa Barcenilla.
Valdés solicitó una baja por motivos de salud. Estuvo hospitalizado hasta el pasado viernes.
Valdés, magistrado del Constitucional desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil en la madrugada del 11 de agosto en su domicilio, en el municipio madrileño de Majadahonda –localidad al oeste de Madrid–, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, Elena Garde, que se hizo cargo del asunto, lo dejó en libertad el 11 de agosto, a petición de la Fiscalía.
El 13 de agosto, la magistrada se inhibió al Alto Tribunal debido a que Valdés Dal-Ré está aforado, por su condición de magistrado del Constitucional.
El pasado 15 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una causa a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.
A criterio de la Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, «conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias» para esclarecer los hechos.
Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial solicitado sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.
Valdés Dal-Ré es uno de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo puesto está pendiente de renovación, tras concluir su mandato hace ocho meses.
