VOX expone al juez instructor que en agosto solicitó un impulso procesal y pidió información sobre el aseguramiento de la prueba consistente en las grabaciones del aeropuerto, pero que aún no ha tenido noticia de resolución alguna al respecto, lo que, a su juicio, "se traduce en una falta de tutela judicial efectiva". Foto: EP
VOX pide confirmar que las grabaciones del ‘Delcygate’ no han sido borradas
También reclama conocer si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en los vídeos
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05/10/2020 11:12
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Actualizado: 05/10/2020 11:24
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VOX ha pedido al Juzgado la confirmación de que las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid durante el encuentro entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no han sido borradas.
Así lo reclama el partido de Santiago Abascal en un escrito remitido el pasado 2 de octubre al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, instructor de este caso conocido como ‘Delcygate’, sobre el encuentro entre el ministro y la ‘número dos’ de Nicolás Maduro tuvo lugar en la madrugada del 19 al 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.
VOX señala que habiéndose solicitado en su querella la realización de diligencias previas para el aseguramiento de las pruebas y los responsables, pide al Juzgado que se pronuncie sobre la prueba documental solicitada; si se han asegurado las grabaciones de las cámaras del día y lugar de los hechos, y solicita copia de las mismas; si se han realizado diligencias e investigaciones necesarias para el descubrimiento de todas las personas que se encontraban en el día y lugar de los hechos, así como de los trabajadores que se encontraban en su puesto de trabajo en el Aeropuerto de Madrid, solicitando también copia de las diligencias realizadas al efecto; y reclama que se tome declaración a los que se considerados como testigos de los hechos.
VOX expone que el 24 de agosto presentó un escrito solicitando impulso procesal, resaltando la solicitud de información sobre el aseguramiento de la prueba consistente en las grabaciones del aeropuerto y la entrega a esta parte y que pese al tiempo transcurrido no tiene noticia de ninguna resolución al respecto, lo que, a su juicio, «se traduce en una falta de tutela judicial efectiva».
Pide la continuación de las actuaciones de investigación y que «siga su curso legal en la mayor brevedad posible, sin dilaciones indebidas».
La investigación gira en torno a la prohibición de Delcy Rodríguez para entrar y hacer tránsito en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela. Esto implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.
La ‘número dos’ de Maduro viajó a España en el mismo avión que el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, quien esos días visitó la Feria FITUR sin problemas al no figurar entre los sancionados por la Unión Europea.
A principios de marzo, el magistrado unificó en un sólo procedimiento las tres acciones judiciales que tramita sobre este asunto, presentadas por VOX, PP y el Partido Laócratas, y ha comenzado ya a estudiar si el encuentro es constitutivo de los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia.
Tras asumir definitivamente la competencia para abrir causa e investigar los hechos denunciados, entre las primeras diligencias pidió al Ministerio del Interior que remitiera el protocolo de llegada de pasajeros al aeropuerto, según informaron fuentes jurídicas.
Solicitó a Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios y encargados responsables de llevar a cabo el protocolo para atender a la llegada de mandatarios. Barajas cuenta con una Comisaría propia y en las instalaciones trabajan agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de seguridad privada.
El magistrado recibió también la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez «pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España», ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por VOX, según apuntan las fuentes consultadas.
Un portavoz de la empresa de seguridad Ilunion confirmó que este trabajador había sido suspendido de empleo y sueldo durante dos meses por facilitar que se grabara la sala de la terminal ejecutiva que usó Delcy Rodríguez en su escala en Madrid. En esta sala VIP fue donde se vio con Ábalos tras un primer encuentro dentro del avión.
El juez tiene pendiente visionar las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias del aeropuerto, entre ellas la sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció la vicepresidenta de Venezuela hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid -en funciones de guardia- fue el primero en requerir a Aena para que se evitara el borrado de estas imágenes, ya que la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días.
Esta causa no va dirigida contra el ministro Ábalos pues está aforado ante el Tribunal Supremo, como miembro del Gobierno.
Por ello, VOX y Laócratas presentaron sendas querellas ante el Alto Tribunal, que aún tiene pendiente acordar si abre una investigación por estos hechos o no.
El pasado 30 de enero, VOX presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrución contra el ministro por su encuentro con Delcy Rodríguez,“sobre quien pesa una prohibición de entrada y de tránsito en el espacio Schengen por participar en la represión interna (de Venezuela) e incurrir en violaciones de los Derechos Humanos” y que está “siendo investigada en España junto con otros dirigentes del Gobierno de Maduro por supuestamente detraer fondos de la petrolera bolivariana PDVSA”.
Expuso que “Ábalos ha cambiado de versión en varias ocasiones, pasando incluso de negar su encuentro con Rodríguez a admitirlo” y que “en una de las diferentes versiones ofrecidas por el ministro, reconoció desconocer qué hizo la vicepresidente chavista” una vez que él abandonó el avión.
Para VOX, esto “deja la puerta abierta a que Rodríguez abandonara el avión y estuviera en la sala VIP del aeropuerto de Madrid, tal y como se ha puesto de manifiesto en algún medio de comunicación”.
También señaló que “entre la localización de las pistas de aviones privados y de la sala de frontera no existe diferenciación y que al reconocer” que la vicepresidenta de Venezuela “estuvo en la terminal ejecutiva de vuelos privados, se debía haber procedido a examinar el pasaporte de Rodríguez y registrar su tránsito por España”.
“Y tras ello, adoptar las medidas necesarias, entre ellas, las sanciones de la Unión Europea”, agregó.
Reclamó que se tomara declaración de lo ocurrido a Ábalos, se pidan los nombres de las personas que intervinieron en el encuentro (datos API), y se solicite la autorización del aterrizaje en el Aeropuerto de Madrid.
También pidió el nombre del asesor del ministro “que aparentemente acompañó a Rodríguez” y la identidad de los agentes de la Policía que estuvieron en su visita para que se les tome declaración.
Para VOX, también es necesario que se solicite el control de pasaporte de los ocupantes del avión en el que viajaba Delcy Rodríguez; se comprueben los registros de entrada de personas a as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; se pidan las grabaciones y registros de la pista de aterrizaje donde estuvo el avión de la vicepresidenta de Venezuela, así como “las grabaciones de la sala VIP en la que, al parecer, estuvo Rodríguez”.
El PP también presentó una denuncia aquel mismo día ante la Fiscalía contra Ábalos, al considerar que pudo cometer un delito de prevaricación en forma “verbal” o por “omisión”, así como un delito de desobediencia en el citado encuentro.
Ciudadanos también presentó el 18 de febrero una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el ministro de Fomento y secretario general de área de organización del PSOE por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia, “sin perjuicio de cualquier otro delito que resulte de las actuaciones que se sigan”.
El 17 de febrero, VOX presentó una querella ante el Supremo contra el ministro por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
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