Tras recibir la exposición razonada del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en relación al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la llamada Sala de Admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la ha enviado al fiscal para que realice el preceptivo informe sobre la competencia del alto tribunal y su contenido; si ve indicios delictivos o no.
Una decisión que ha tomado mediante la oportuna providencia.
De la misma manera, la mencionada Sala de Admisión, formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres, ha designado ponente al magistrado Andrés Palomo del Arco, que es el que, en última instancia, decidirá si la exposición razonada del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene base legal suficiente para iniciar la instrucción o, por el contrario, hay que archivar.
Si Palomo del Arco considerara que existe base legal, el siguiente paso posiblemente se produciría el ofrecimiento voluntario a Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y diputado por Podemos, y Gloria Elizo, vicepresidenta tercera de la Cámara Baja, que declaren voluntariamente.
Si cualquiera de los dos lo rechazara, el magistrado tendría que proponer a la Sala que curse el suplicatorio al Congreso de los Diputados -una autorización oficial- para poder interrogarlos.
García Castellón, en su exposición razonada, solicita al Tribunal Supremo -por ser aforados dos de los afectados, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y diputado por Podemos, y Gloria Elizo, vicepresidenta tercera de la Cámara Baja- que se les investigue por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la ‘pieza Dina’.
El magistrado de la Audiencia Nacional señala en su exposición razonada que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora.
El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
