Firmas
¿A qué espera Fernando Valdés Dal-Ré para presentar su dimisión como magistrado del Constitucional?
Fernando Valdés Dal-Ré tiene cumplido su tiempo en el Tribunal Constitucional, del que debería haber salido hace 11 meses; es tiempo de que ponga final a su presencia en la institución, evitando poner en peligro la reputación del máximo órgano de garantías.
13/10/2020 06:51
|
Actualizado: 12/10/2020 22:47
|
Sé que estoy siendo muy crudo con este planteamiento. Soy consciente, pero a Fernando Valdés Dal-Ré se le acaba el tiempo. Es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que el magistrado instructor de su caso en el Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, dicte el autor de apertura de juicio oral contra el magistrado del Tribunal Constitucional por supuestos malos tratos a su esposa.
¿A qué está esperando para presentar la dimisión?
¿A que el Ministerio Fiscal formule la esperada acusación y el instructor dicte apertura de juicio oral?
Si Valdés Dal-Ré fuera un juez o magistrado normal, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial lo suspendería justo en ese momento. Con ese auto. Tal como establecen los cánones del artículo 338.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cánones que no le son aplicables porque el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial; la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es mucho más laxa.
Le permitiría seguir siendo magistrado pasada esa línea roja. Hasta ser condenado, incluso, «por delito doloso o por culpa grave», tal como establece el artículo 23 de esa ley.
Sí, es cierto. Hay más manga ancha para los 12 magistrados del Constitucional que para los 5.500 jueces y magistrados que ejercen diariamente la jurisdicción en los cuatro puntos cardinales de España.
Cosas del legislador.
Valdés Dal-Ré también podría ser suspendido, llegado el caso, por el Pleno del Constitucional, como medida previa, tras ese auto de apertura de juicio oral, de acuerdo con el artículo 24 de la LOTC.
Pero son necesarios los votos positivos de tres cuartas partes de sus componentes, es decir, 9 (de 12), contando al propio Valdés Dal-Ré. Una suma difícil de conseguir.
Soy consciente de que el presidente, Juan José González Rivas, mira por la Institución, que es la niña de sus ojos, y que también aprecia a Valdés Dal-Ré. Le duele lo que está ocurriendo. Mucho. Pero se encuentra en un callejón sin salida. No tiene más remedio que «dejarlo marchar», dicho en plan fino.
El pasado jueves le dijo a Valdés Dal-Ré, de esa forma que la gente educada tiene de decir las cosas, sin decirlas, de forma oblicua, pero que todo el mundo entiende, que tenía que tomar la decisión de marcharse, de forma voluntaria.
Le dejaba que lo hiciera a su manera, como la canción que canta Frank Sinatra y cuya letra compuso Paul Anka.
Valdés Dal-Ré, que está de baja médica, pidió tiempo. Supongo que para hacerse a la idea final de que su tiempo en el Constitucional se ha acabado.
Pero es que el Constitucional no debe ni puede soportar el escándalo de verlo sentado en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Un juicio de alto interés mediático en el que habría cientos de solicitudes de que se diera por televisión, como el del proceso independentista catalán.
Sería algo inédito.
Y paradójico. Porque, como le ocurrió en su momento al padre de la Ley Integral de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el exministro de Justicia por el PSOE, Juan Fernando López Aguilar, nuevamente un comprometido en la lucha contra esta lacra se ve inmerso en la maquinaria que se ha puesto en marcha para combatirla.
El pasado mes de julio –un mes antes de su detención– formó parte del tribunal que suscribió la sentencia 87/2020, de 20 de julio, por la que se aplica la reciente doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que se hace un llamamiento al Estado para que elimine “toda pasividad, omisión ineficacia o negligencia (…) en las labores de prevención y protección, pero también de falta de la debida diligencia en las labores de investigación allí donde se revele necesaria”.
Han pasado dos meses y tres días desde que fuera detenido por la Guardia Civil en su chalet de Majadahonda, localidad al oeste de Madrid, después de que dos jóvenes llamaran por teléfono a la Policía Local para denunciar que estaban siendo testigos de un supuesto delito de malos tratos del magistrado a su esposa, con la que lleva casado 52 años.
Hace seis días fue a declarar ante Martínez Arrieta con su esposa, al igual que todos los testigos.
Será muy interesante –lo digo, desde el punto de vista periodístico– escuchar en vivo su versión de lo ocurrido, y la de su señora –protegida convenientemente–, pero también la de los dos jóvenes que, en un impulso ejemplar, llamaron a la Policía cuando escucharon y vieron lo que estaba ocurriendo en la terraza del chalet del matrimonio.
Y también a los policías locales y guardias civiles que acudieron a la casa del magistrado.
Entiendo, soy humano, que no es lo mismo cobrar 7.000 euros netos mensuales que los 2.300 euros netos que le corresponden por jubilación –eso sin contar que tenga un plan de pensiones privado–. Y que tampoco tiene la misma categoría ser magistrado del Constitucional, con lo que eso conlleva –coche, chofer y demás prebendas– que ser magistrado emérito.
O simplemente jubilado.
Valdés Dal-Ré tenía que haber sido renovado en noviembre del año pasado. Hace once meses. Vive, por lo tanto, un tiempo prestado que no le corresponde.
Lo lógico es que presente la dimisión. Por el bien del Tribunal Constitucional y por el suyo propio. Sería muy triste que una carrera tan brillante culminara como un borrón como este.
Porque sería lo único que se recordará.
Otras Columnas por Carlos Berbell:
