Manuel Almenar reelegido presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura por aclamación
La Junta Directiva de la APM, de izquierda a derecha: en primera fila, María Jesús del Barco, Juan José Carbonero Redondo, Manuel Almenar, Antonio Alcalá Navarro, María Luaces Díaz de Noriega, José Manuel López y García de la Serrana; detrás, Víctor Casaleiro Rios, Javier Martínez Marfil, Ignacio Picatoste Sueiros, Álvaro Martín Gómez y Joaquín Gadera Francés. Foto: Carlos Berbell

La APM insiste en que la reforma de la LOPJ que pretende el Gobierno es ‘la definitiva politización del CGPJ’

Advierte que "ejercitará las acciones necesarias, a nivel interno e internacional, y acudirá a los órganos nacionales y europeos para salvaguardar nuestro Estado de Derecho"

16 / 10 / 2020 14:47

Actualizado el 31 / 03 / 2022 14:38

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, ha vuelto a advertir hoy que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que pretende el Gobierno, al mantener el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por el Parlamento y reducir la mayoría necesaria para que esa elección, supone «la definitiva politización» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por ello, «desde el compromiso inquebrantable con la Constitución», la APM ha vuelto a advertir que «ejercitará las acciones necesarias, a nivel interno e internacional, y acudirá a los órganos nacionales y europeos para salvaguardar nuestro Estado de Derecho».

Así lo ha manifestado en un comunicado el comité ejecutivo de esta asociación, reunido este viernes en Segovia.

Tanto la APM como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) la criticaron duramente el pasado martes, cuando fue registrada.

Ayer publicaron un manifiesto conjunto en el que denunciaron que “choca frontalmente” con las recomendaciones que para fortalecer la independencia judicial ha realizado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) de forma reiterada a España en diversos informes de evaluación que se remontan a 2013.

El presidente de la APM, Manuel Almenar, el portavoz nacional de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, y la presidenta de FJI, Concepción Rodríguez, grabaron este vídeo desgranándolo:

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, considera que lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, pero ve “lógico” que el Ejecutivo tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP.

La Asociación Profesional de la Magistratura, que preside el magistrado Manuel Almenar, insiste hoy en su comunicado en que la reforma del Gobierno resulta «manifiestamente contraria a la letra y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución, puesto que anula las cautelas señaladas por el Tribunal Constitucional en la sentencia 108/86 para evitar la colonización del órgano de gobierno de los jueces por los partidos».

Afirma que esta reforma «abre la puerta a la definitiva politización del CGPJ y lo inhabilita para el ejercicio de su función constitucional de garantizar la independencia de los jueces y, por tanto, el régimen de frenos, pesos y contrapesos sobre el que se sustenta el Estado de Derecho y, en definitiva, la democracia».

«Si lo que hoy es una proposición de ley llega a aprobarse en las Cortes Generales, adoptaremos todas aquellas medidas de presión que están a nuestro alcance, sin descartar ninguna», concluye.

Las asociaciones de jueces y fiscales piden una reforma de la LOPJ pero para que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por los jueces.

Según una encuesta del Consejo difundida hoy, el 90% de los jueces apuesta por que los doce vocales del turno judicial del CGPJ vuelvan a ser designados por elección directa por parte de jueces y magistrados.

Este sondeo fue realizado por Metroscopia entre los pasados días 8 y 22 de septiembre, por encargo del órgano de gobierno de los jueces, cuyos resultados ha publicado hoy bajo el título de ‘La Justicia vista por los jueces’.

El 83% cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlar la Justicia que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz.

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