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Empresarios abandonados: Una torpe Ley Concursal

Empresarios abandonados: Una torpe Ley Concursal
Antonio Fuentes Segura, autor de la columna, es socio director del despacho Fuentes y Máiquez Abogados, radicado en Murcia.
22/10/2020 06:46
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Actualizado: 21/10/2020 23:13
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Queremos que nuestros políticos acierten pero desde el inicio de la pandemia la sociedad española viene asistiendo casi impertérrita a su descomposición, impotentes ante las grandes alarmas que se inician cada día, fruto de un gobierno ineficaz y de un sistema político decadente en el que la mediocridad y la pamplina se hacen fuertes, incapaces de atender la realidad de los problemas de la gente si se deja morir poco a poco a sus empresarios sin tomar medidas que les amparen, ante esta situación extraordinaria.

Forma parte del acervo popular que “la sociedad resiste a pesar de sus gobernantes y que sobrevive realmente gracias a sus empresarios”.

Sin embargo se ha llegado a demonizar la figura de estos últimos hasta tal punto que parece que nadie cae en la cuenta de que son ellos los que generan la economía, son ellos los que invierten en el progreso, son ellos los que crean empleo, son ellos, en definitiva, los grandes héroes del momento con pandemia y sin ella, pero nadie les hace un homenaje ni un reconocimiento y asistimos, estupefactos, a la ruina de tantos negocios, especialmente ahora en el entorno del ocio, la hostelería y los espectáculos, fruto inevitable de las medidas destinadas a minimizar el contagio que no han previsto otras correlativas para evitar la ruina de tantos empresarios.

Mientras, acomodado en otros sectores menos amenazados de momento, el resto de la sociedad los abandona de tal modo que parece reírse de ellos o incluso castigarles como si fueran los responsables directos de la enfermedad.

Durante la gestión de este desastre, causado por un gobierno insensible, al margen de la gravedad sanitaria, no se utiliza la ley para lo que nuestra sociedad tiene previsto, obligados a estar relacionados por el civismo y por las leyes para facilitar nuestra convivencia desde que Aristóteles teorizó sobre la obviedad de nuestra naturaleza que nos permite ser considerados “zon politikon”, pese a que solo desde esa perspectiva tenga cabida la necesidad de contar con políticos que nos dirijan.

Así, cuando esos políticos olvidan su finalidad última, es preferible acabar con ellos o dar por hecho el fracaso general del sistema que ha dado lugar a que las personas los elijan incluso cuando, contrastada su torpeza, sus votos los mantienen de forma contumaz en sus asientos.

No olvidemos que entre los escaños hay quienes son capaces de envidiar y denigrar al más osado empresario contemporáneo por donar equipos médicos, por ejemplo, y afearle la atención por ser millonario o por ser posiblemente un gasto deducible de sus impuestos.

Llegar a este punto de rencor social, avivado por muchos parlamentarios, dice mucho de la sociedad en la que vivimos.

TORPEZA DE LOS GOBERNANTES

Los ejemplos de torpeza de los gobernantes durante la gestión de esta crisis son innumerables pero, desde la condición de Abogados y otros agentes del Derecho, asistimos, en lo que concierne al ámbito jurídico mercantil y a los empresarios, al despropósito más aberrante de lo que debería ser función pública, que es una omisión absoluta de las más elementales medidas que protejan a estas personas que diariamente ven llegar la ruina de sus negocios sin tener culpa ordenándoles el cierre o imponiendo medidas tan antieconómicas que son imposibles de abordar sin morir, olvidando que para eso, para resolver problemas, estos políticos deberían estar ahí para corregir y dictar normas que ayuden a la sociedad que les vota, y no para otra cosa, que es en lo que están en realidad la inmensa mayoría de los que venimos conociendo, pues, si no fuera así, la pregunta obligada es qué hacen, a qué se dedican, para qué sirven que no se les nota ni se les ve venir.

Y es que tener un buen político, preparado, eficaz y con vocación de servicio es un lujo difícil de conseguir.

Es evidente que desde el Gobierno no se han dictado normas que amparen esta difícil situación pues, además de avales públicos para obtener liquidez y mini programas ridículos para conseguir alguna subvención con la que disimular y comprar voluntades, que no es otra cosa que aparcar el problema para más adelante, la realidad es que nada se ha hecho que mejore, entre otras normas, el Concurso de Acreedores, como sistema previsto en nuestro ordenamiento jurídico precisamente para estas cosas.

Y no solo eso, sino que las medidas en el ámbito concursal, que es el contexto real en el que se encuentra ahora el autónomo y la sociedad empresarial, han sido especialmente torpes pues la mayoría de ellas han sido acordadas solo para conveniencia del presunto colapso procesal que podría dar lugar la inactividad judicial durante el estado de alarma, pero nada a favor del empresario que no fuera aplazar su obligación de presentar concurso voluntario a 31 de Diciembre del presente año. Aquellos que hemos participado activa y altruistamente con los Colegios Profesionales y con los agentes intervinientes nombrados por nuestros Tribunales Superiores de Justicia respectivos, bien lo sabemos pese al esfuerzo de todos.

Es más, se ha dictado el nuevo Texto Refundido de Ley Concursal, que entró en vigor el 1 de Septiembre, y no ha sido para transponer obligatoriamente la Directiva 2019/1023, de 20 de Junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

Tampoco para aplicar la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 2 de Julio de 2019, relativa a la exoneración del pasivo insatisfecho, lo que ordinariamente hemos venido en llamar “segunda oportunidad”, sino para, encima de la que está cayendo, proteger aún más el crédito público, cuando todos los profesionales que operamos en ese ámbito concursal sabemos que el pago de tales créditos privilegiados hace decaer el sentido práctico de muchos concursos que pretendían ingenuamente rehabilitar al empresario, provocando su ruina definitiva una vez que el propio poder judicial en sus sentencias había reconocido la necesidad de atemperar tan extraordinarios privilegios de la Administración Pública frente al resto de acreedores.

Un proceder semejante no es solo torpeza sino algo deliberado que nos da una idea del respeto que tiene el gobierno por el empresario.

Esta situación es también fruto de la gran distancia existente entre los operadores jurídicos, Abogados y Procuradores, y los poderes públicos, pues la ignorancia de la situación real da lugar a que sea la propia Administración de Justicia, el Poder Ejecutivo y Legislativo, con una mediocre labor normativa, quienes establezcan las normas y medidas sin oír a los profesionales y empresarios, insuficientes poderes para paliar de forma digna la situación que viven puesto que no sufren, tan estrechamente como sus abogados y representantes, sus reales preocupaciones, medidas irrenunciables para evitar tanto apremio en el empresario.

«REBUS SIC STANTIBUS»

Es más, si ese empresario estuviera protegido, serían más fáciles de adoptar las necesarias limitaciones sanitarias que se precisan, pues esperaría resignado pero más tranquilo el fin de la pandemia.

Sin embargo, ahí vamos, esperando que algún valiente desesperado consiga una sentencia favorable, una aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» o una moratoria de pago ante acreedores o arrendadores, mientras a nuestro Gobierno le gusta más el menudeo, dar ayudas de doscientos euros, moratorias de alquiler para colectivos especialmente vulnerables, cerrar ciudades, o mirar a otro lado ante los graves problemas de ocupación ilegal de nuestras viviendas. Proteger al empresario es lo último, es caro y debe estar mal visto.

La solución a todo esto es tan sencilla que no aplicarla produce una enorme frustración a los prácticos del Derecho pues la clave no es sino una reforma en la Ley Concursal que permita una moratoria ordenada de pagos de dos años al menos, sin quita ni intereses, con ERTE parcial automático, que permita respirar al empresario, seguir funcionando, quienes puedan, o cerrar provisionalmente sin pánico, proponiendo un convenio anticipado a sus acreedores habilitado por la ley, incluyendo a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.

Los deudores no serían morosos y los acreedores no perderían sus créditos.

Y, sin embargo, vemos que la situación de insolvencia llega y que el concurso de acreedores está ya tocando a la puerta de las empresas sin ninguna reforma. Los artículos 333 y 334 del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, a la hora de disponer la posibilidad de un convenio anticipado, vuelven a caer en el mismo problema, algo lógico pues todo texto refundido es por definición más de lo mismo, un parche ordenado de otro modo y no una nueva norma, insistiendo para ese convenio en la exigencia de adhesiones previas y expresas de los acreedores que todos los abogados sabemos son imposibles de conseguir por muchas causas, y ello da lugar a que el 95% de los concursos acaben en ruina y liquidación del patrimonio.

Hay que hacerlo al revés, demos por hecho ese convenio tácito y solo dentro del concurso demos también oportunidad a los acreedores para oponerse y rechazar el convenio, en su caso, si consiguen el quórum suficiente.

Podríamos garantizar toda una vuelta al sistema con muchos más convenios que liquidaciones.

Hay que establecer por consiguiente esa moratoria legal anticipada para las empresas que subsistan si no queremos que desaparezca el tejido empresarial del que tanto depende la salud de este país.

Necesitamos colegios, asociaciones profesionales y empresariales que exijan dichos cambios aunque sea en las calles. Qué fácil sería todo si les echáramos de sus asientos y nos dejáramos dirigir por los mejores, por los que más saben, por los más preparados. Por eso la noocracia platónica, las reales academias y las grandes consultoras son tan necesarias en estos momentos, pues estamos en manos de gente incompetente y, si nada hacemos, les dejamos estar ahí.

Lo que el empresario necesita es un legislador que se acuerde de quien fortalece al país.

Que se acuerde de que la riqueza que generan estos otros “médicos”, estos sufridores empresarios, es otra suerte de “labor sanitaria” ante el Covid, necesaria y admirable.

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