La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), entidad que tiene entre sus objetivos «procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional, así como cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional», también ha mostrado su «extrema preocupación» ante la propuesta de reforma de los grupos parlamentarios que integran el Gobierno de España para modificar el sistema de elección de los doce vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta organización, presidida por el magistrado del Tribunal de Justicia de São Paulo (Brasil) Walter Barone, ha publicado un comunicado contra «las amenazas a la independencia judicial en España», en el que señala que PSOE y Unidas Podemos pretenden que se pase de una mayoría reforzada de 3/5 a una mayoría simple de las Cámaras, y la FLAM denuncia que esto «aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros de ese Consejo, afectando a la independencia judicial».
La Federación Latinoamericana de Magistrados manifiesta que, «además de ser de dudosa constitucionalidad, teniendo en cuenta lo que dispone al respecto el artículo 122.3 de la Constitución Española, el cambio propuesto es claramente contrario a estándares internacionales, como los establecidos por la Comisión Europea, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y el artículo 2.3 del Estatuto Universal del Juez aprobado por la Unión Internacional de Magistrados (UIM), «en los que se recomienda que los miembros de los Consejos de la Magistratura de procedencia judicial sean electos por sus homólogos».
La FLAM indica que se adhiere a las manifestaciones realizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y por el Grupo Iberoamericano de la UIM.
Espera que el Parlamento Español no apruebe dicha propuesta de ley, y «aproveche esa oportunidad legislativa para retornar al sistema anterior de designación de los jueces del CGPJ, donde sus integrantes eran electos por sus pares, lo que les da a jueces y juezas españoles más garantías de independencia».
EL PRESIDENTE DEL GRECO HA ADVERTIDO A ESPAÑA QUE ESTA REFORMA PUEDE VULNERAR LAS NORMAS ANTICORRUPCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA
Como informó ayer Confilegal, el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano del Consejo de Europa, Marin Mrčela, también ha enviado una carta al Ministerio de Justicia advirtiendo que esta reforma «se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos judiciales y la elección de sus miembros y puede resultar una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa».
Dirigió la carta a Ana Andrés Ballesteros, jefa de la delegación de España en el Greco por parte del Ministerio de Justicia. Está fechada a 14 de octubre, pero se conoció ayer.
«Nuestras normas establecen que al menos la mitad de los miembros del consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial», subraya.
Además, reprocha a España que aún no haya implementado las recomendaciones emitidas por el GRECO hace casi siete años, en su Cuarta Ronda de Evaluación. Pedían una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas.
El presidente del GRECO ha advertido al Gobierno que seguirá de cerca los desarrollos actuales de la reforma.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) pidieron ayer al Gobierno que cumpla inmediatamente las recomendaciones del GRECO.
En un comunicado conjunto, han exigudo al Gobierno y restantes grupos del Parlamento que «acometan, de una vez, con la serenidad y el debate que aquella requiera, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecúen el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares anticorrupción exigidos por Europa”.
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