Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular José Luis Escrivá, se han realizado 975.000 solicitudes, de las que solo se han validado unas 300.000. Foto: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El laberinto del Ingreso Mínimo Vital: Más del 60% de las solicitudes son rechazadas
Como consecuencia de procedimientos de gestión poco ágiles
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27/10/2020 06:46
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Actualizado: 27/10/2020 01:56
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Casi cuatro meses después de que se aprobase el Ingreso Mínimo Vital (IMV) los problemas para recibir esta ayuda superan a sus beneficios. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se han realizado 975.000 solicitudes, de las que solo se han validado unas 300.000.
Muchas de las concedidas tiene que ver con que la prestación de hijo a cargo que reciben muchas familias reconocida por la Seguridad Social. Esto es así porque en el Real Decreto-ley 20/2020, que regula el Ingreso Mínimo Vital, ya se contempla que la ayuda por hijo a cargo desaparezca y sea sustituida por el IMV, que tiene unas mejores condiciones económicas.
Pese a ello, cerca del 60% de solicitudes se deniegan como consecuencia procedimientos rígidos. El laberinto administrativo y procedimental no corresponde a las expectativas que se plantearon sobre esta ayuda destinada a los ciudadanos más desfavorecidos. Se calcula que puede haber un millón de familias en situación de exclusión.
Para el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, se trata de una “trampa burocrática sobre un derecho subjetivo que es muy necesario para las personas más vulnerables. Es posible que solo llegue a 400.000, menos de la mitad de las 850.000 previstas si no se simplifican los procedimientos”.
A su juicio, “con el nuevo Estado de alarma que se proyecta durante seis meses es posible que haya que revisar los números porque habrá más personas con problemas económicos. De ahí la necesidad de más agilidad en los procedimientos de solicitud”.
Ramírez recuerda que “en esta nueva situación de alarma en España nadie ha pensado en las personas sin hogar que estarán desprotegidas, cerca de 35.000, sin posibilidad de resguardarse. Al mismo tiempo el IMV les deja fuera y se lo deniegan tienen grandes dificultades para acceder a ellos”.
Desde su punto de vista es el momento de “frenar el caos en la tramitación de las solicitudes del IVM», que considera un «desastre» y simplificar los trámites. «De nada vale que se contraten más funcionarios si no se simplifican dichos requisitos».
Sostiene que se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Son dos requisitos que deberían suprimirse porque no aportan nada”.
A ello se suma que el silencio administrativo sobre la solicitud del IMV es negativo, “esto hace que muchos interesados tengan que volver a presentar una solicitud”.
A su juicio se puede hacer “una pasarela automática de las 300.000 personas que están cobrando las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas para pasarlas al IMV. Ese procedimiento ahorraría todas las consultas que se generan. Eso si se gestiona de forma telemática solo requeriría un funcionario en cada comunidad autónoma”.
Ese trasvase supondría “que esos beneficiarios cobrarían el IMV y en algunas comunidades autónomas donde hay un complemento, Pais Vasco, Navarra y Asturias que cobran más, el resto debería pagar la cantidad complementaria pero ya sería de muchas personas. Estamos hablando de cantidades que van desde 420 euros por 14 pagas o 460 euros por 12 pagas siguiendo el montante de las pensiones no contributivas”.
Jose Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Entidades Sociales.
Otra medida que plantea para mejorar el alcance de ese IMV es «retirar la obligación que todos los miembros familiares estén inscritos en el Servicio Publico de Empleo (SEPE). Se ha cambiado la norma para evitar esa exclusión”.
Para este experto había que agilizar el padrón histórico colectivo. Ese padrón genera problema que hace que muchas familias van a recibir denegatorias del IMV. “Este es un tema complejo de gestionar”, aclara Ramírez que cree que «en estos temas deberían colaborar más las oficinas de padrones de los propios Ayuntamientos”.
Recuerda que aún el Ministerio de Seguridad Social no ha firmado ningún acuerdo con diferentes ayuntamientos del país, “se han firmado para temas de padrones pero no para la gestión del IMV y eso es un problema. La Seguridad Social tenía previsto pagar dinero, pero los Ayuntamientos no han asumido esa competencia al no estar financiados”.
Una medida muy burocratizada
Para Ramírez “el IMV es uno de los avances en materia de protección social. Había consenso parlamentario, salvo Vox, pero la tozudez del ministro y los tecnócratas del Ministerio han hecho un procedimiento muy ríguroso para este colectivo tan vulnerable”.
También explica que ayudas de emergencia social de los Ayuntamientos son consideradas como subvenciones y esos 200 euros que se utilizan para compras pequeñas o para comer se tratan por parte del Ayuntamiento como si fuera una subvención, con lo cual tardan entre 30 y 45 días en darlo.
«Creo que este tema el Gobierno podría cambiarlo en la Ley de Subvenciones y convertirla en una prestación social facultativa pero no lo hacen”.
Señala que “da la sensación que quien está gestionando todos estos temas relacionados con la crisis social y que compete a los servicios sociales son profesionales sin experiencia en estos temas. No creo que sean insensibles porque el sufrimiento de estas familias es terrible. Miles de personas están desesperanzadas porque la ayuda no llega”.
Ramírez y su colectivo han intentado una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero no ha sido posible hasta el momento.
“Creo que su gestión es muy mejorable sabiendo que ahora podemos ir a otro problema grave. Que se verá en enero y marzo. Y es que cuando se den los IMV con retroactividad a finales de diciembre las comunidades tendrán que iniciar procedimientos de recuperación del dinero».
Habrá que pedir a aquellas personas que hayan recibido el IMV que devuelvan el dinero de la renta mínima, apunta. “Esto lo genera el procedimiento del IMV. Esto supondrá que en febrero a una persona se le pida los seis meses que cobró de renta mínima porque le han pagado en diciembre todo el IMV. Las rentas mínimas de las comunidades no son compatibles con el IMV”.
Ramírez asegura que la pandemia está poniendo a prueba la resistencia de muchas familias “y otras que por las circunstancias que viven que están en situaciones muy problemáticas y que no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Hay que hacer un cambio rápido porque la gente está pasando hambre”.
La mayoría de solicitudes se deniegan por incompatibilidades con los requisitos de renta y patrimonio
Por su parte, desde el Gobierno se confía en que el IMV acabe llegando a un total de 550.000 hogares, de los 850.000 que se estima que podrían necesitarlo.
Así lo explicaba el ministro José Luis Escrivá durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión Seguridad Social y Migraciones del Congreso, donde daba cuenta de los avances en el proceso actual de gestión de la nueva prestación y del coste de las distintas medidas aprobadas desde marzo.
Durante la comparecencia, Escrivá señaló las complicaciones técnicas y burocráticas que han ralentizado la gestión y concesión de esta ayuda en los primeros meses de su puesta en práctica, pese a lo cual aseguró que el Gobierno se encuentra “razonablemente satisfecho” con la evolución de la medida.
En la primera semana desde su puesta en marcha, llegaron 300.000 solicitudes, una cifra que se elevó al medio millón el primer mes y que, en la actualidad, llega casi al millón, “una avalancha” que está por encima de las “expectativas”.
De esos expedientes recibidos, el ministro subrayó que se han tramitado prácticamente la mitad y la previsión es que 135.000 hogares perciban la prestación en la nómina de este mes.
Así, explicó que en agosto el ratio de solicitudes concedidas apenas llegó al 17%, mientras que a finales de septiembre ese porcentaje había subido hasta el 30% y, según el ministro, la media al final del proceso será del 50%.
Para llegar a esos otros 300.000 que hasta este momento no lo han solicitado y que el Gobierno estima que podrían necesitar la prestación, Escrivá destacó que el próximo mes de enero se abordarán modificaciones en el proceso de gestión.
Eso va a implicar que se establecerán colaboraciones con ayuntamientos, comunidades autónomas y con los servicios sociales para poder acceder por otros canales a esas familias vulnerables.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de esta forma se comprometió a realizar una nueva evaluación de la prestación a principios del próximo año para conocer la cobertura real del Ingreso Mínimo a través de microdatos.
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