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La exfiscal general del Estado, María José Segarra, favorita para un puesto de fiscal del Tribunal Supremo

La antecesora de Dolores Delgado, María José Segarra, pasará a ser fiscal del Tribunal Supremo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
| | Actualizado: 27/10/2020 8:20

No pudo hacerse a través de la reforma del Reglamento de la carrera fiscal, como se había previsto cuando Dolores Delgado era ministra de Justicia. Pero se va a hacer de una forma ortodoxa, mediante la consiguiente propuesta al Gobierno por la fiscal general del Estado, previo informe del Consejo Fiscal, que se reúne hoy a las 10 de la mañana.

María José Segarra, anterior fiscal general del Estado, se convertirá en fiscal del Supremo. El cargo es el de fiscal de Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

Es una forma de compensarla por no haberla podido aupar de la otra manera al Supremo.

Al fin y al cabo es una exfiscal general del Estado y miembro, también, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Dolores Delgado y la mayor parte de la Secretaría Técnica. Segarra después de cesar volvió a Sevilla a ocupar un puesto de fiscal.

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Otro posible nombramiento hoy, como fiscal de Sala-Jefe de la Fiscalía Togada del Supremo, será el de Esmeralda Rasillo, exdirectora general de la Administración de Justicia con Dolores Delgado, miembro de la UPF, y persona de la máxima confianza de la fiscal general del Estado.

El favorito para el puesto de fiscal de Sala-Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo es José Javier Huete, no asociado, hasta ahora fiscal delegado de menores.

La plaza de fiscal del Tribunal de Cuentas no está tan clara. Los dos favoritos son Francisco Javier García Lacunza y Carlos Castresana.

No así la de plaza de fiscal de la Audiencia Nacional, que sí parece tener un nombre muy concreto: Carlos García-Berro, uno de los cuatro miembros de la UPF en el Consejo Fiscal y también componente del Secretariado de la Asociación.

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El puesto de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa está entre Juan Calparsoro y Mercedes Bautista. 

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, puede no tener en cuenta la opinión del Consejo Fiscal sobre los nombramientos y proponer a quien ella considere más apropiados.

OCHO PLAZAS PARA LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Para ocupar esas ocho plazas hay 15 petiticionarios, 8 de ellas en comisión de servicio en dicho destino. Dos de ellas son Ignacio Stampa y Miguel Serrano, los fiscales del caso Tándem, que tienen destino en las Islas Canarias.

La fiscal general del Estado se enfrenta aquí a un dilema. Ambos llevan dedicados a la investigación sobre los «pluriempleos» millonarios del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, cuatro años.

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El caso Tándem fue subdividido en 26 piezas diferentes. Tres de ellas ya tienen auto de juicio oral. Pero quedan las restantes.

Su sustitución, por una parte, produciría un retraso. Los nuevos necesitarían tiempo para metabolizar los que Stampa y Serrano llevan ya en la cabeza.

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Por otra parte, si prescinde de ellos y no les da la plaza, Delgado daría la impresión de dar la razón a los críticos con Stampa por su supuesta relación con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, que ejerce la acusación popular en el caso Dina.

El fiscal inspector jefe, Fausto Cartagena, ya le echó un capote a Stampa archivando la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por la periodista María Montero, por sus «relaciones íntimas» con la abogada.

Montero argumentó que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen como causa de abstención la “amistad o enemistad manifiesta” con cualquiera de las partes de un procedimiento.

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Cartagena hizo una lectura estricta de la ley que establece que no puede haber «relaciones íntimas» entre dos personas si no están casadas o llevan un año viviendo juntos, y archivó la denuncia.

Y se espera que el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid haga lo propio con la segunda parte, la de revelación de secretos.

Sea como fuere, tanto de forma directa o indirecta, el destino de Stampa está en manos de Delgado.

Una novena plaza, también de fiscal de Anticorrupción, convocada por vía del artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, probablemente sea para Luis Rodríguez Sol.