Ángel Hernández ayudó a su esposa, María José Carrasco, a ingerir una sustancia para terminar con su vida, hechos cometidos por petición expresa de ésta y dada la enfermedad que padecía. Foto: EP
La Fiscalía pide 6 meses de prisión para el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple
Pero anuncia que no se opondrá a su indulto
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28/10/2020 12:22
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Actualizado: 28/5/2021 13:05
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La Fiscalía Provincial de Madrid solicita seis meses de prisión para Ángel Hernández Pardo, el hombre a quien su pareja le expresó de forma “constante” su deseo de acabar con su vida por los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” que padecía a raíz de que le fuera diagnosticada esclerosis múltiple, “una enfermedad crónica, degenerativa e incurable”.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito de cooperación al suicidio, y precisa que concurren las atenuantes de confesión y parentesco.
Ha anunciado que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias concurrente en el presente caso, emitirá informe favorable”.
Aún no se ha fijado fecha para la celebración del juicio.
Según relata en el escrito de acusación, en 1989 María José Carrasco, la esposa de acusado y con quien mantenía una relación sentimental desde 1982, fue diagnosticada de esclerosis múltiple.
Explica que cinco años más tarde le fue reconocida un grado de discapacidad del 82% y que en 1996 le concedieron la gran invalidez.
A partir de ese momento, necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria. Por ese motivo, su marido solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla.
En 1999, el acusado se acogió a una excedencia laboral y, a partir de ese momento, “se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer”, detalla la Fiscalía.
Explica que durante varios años la pareja realizó una “fuerte” inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas. Se instaló incluso un equipo medicinal en el domicilio mientras que al mismo tiempo la mujer sufría un deterioro físico progresivo a consecuencia de la enfermedad, si bien, mantuvo siempre “íntegras” sus capacidades cognitivas.
Informa que fue a partir de 2007 cuando Hernández comenzó a solicitar “reiteradamente” a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer. Explica, por ejemplo, que ese mismo año reclamó una Residencia Especifica para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica, “denegándosela la Consejería de Familia y Asuntos Sociales”.
Dos años más tarde, el tribunal médico de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia reconoció a la fallecida el nivel I, grado III de gran dependencia, así como el derecho al Servicio de Atención Residencial.
Sin embargo, y pese al reconocimiento, nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, y que su marido la persona que tuvo que asumir él solo todas las responsabilidades del cuidado, lo que le generó «un profundo sentimiento de desamparo y abandonó”, expone la Fiscalía.
Cuenta que a partir de 2014, “en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello”, la mujer exteriorizó, y no solo a su marido, sino también a otras personas, su deseó acabar con su vida.
Por ello, se pusieron en contacto con la asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’, donde recibieron asesoramiento.
“Aun a pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida», el hombre «intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento”, apunta el representante del Ministerio Público.
Indica que sin tener constancia de la fecha determinada, pero antes de 2018, la fallecida, “que aun podía usar sus manos”, compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, “lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo”. Mientras, la situación de la mujer de Hernández empeoró aún más “sufriendo intensos dolores; más allá de los que podía soportar”.
En agosto de 2018, la mujer entró en cuidados paliativos y desde ese momento sufrió múltiples ingresos hospitalarios. “También desde esa fecha, las peticiones de María José de poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)”, precisa la Fiscalía.
Recuerda que la última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y que “en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas”.
Señala que en vista de la situación e “incapaz ver poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta», el hombre decidió finalmente ayudar a su esposa a poner fin a su vida.
Explica que “consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola”, consensuó con aquella la forma en que la ayudaría.
Según expone el Ministerio Fiscal, tal y como había acordado la pareja, el 3 de abril de 2019, sobre las 10:00 horas, estando solos en su domicilio, Ángel Hernández, con la intención de cumplir el deseo de su mujer, que estaba inmovilizada en su cama, «vertió el pentobarbital sódico que tenían en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca», y ésta lo ingirió con la pajita.
A los 10 minutos el pentobarbital sódico provocó su muerte por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella.
Acto seguido, el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido. Y esperó en el domicilio a la llegada de una dotación Cuerpo Nacional de Policía a los que le contó lo que había hecho.
La Fiscalía recuerda que Hernández fue puesto a disposición judicial el 4 de abril y allí, “no solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y vídeos sobre los hechos que tenía en su poder, que «redujeron muy notablemente las gestiones para el esclarecimiento de los hechos”.
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