En la reunión valorarán si ven indicios de revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito en la conducta del líder de Podemos. Foto: EP.
Los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo se reúnen hoy para fijar su posición sobre Iglesias en el caso Dina
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29/10/2020 06:40
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Actualizado: 28/10/2020 21:13
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Los ocho fiscales de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que estudian si procede o no abrir causa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por una conducta presuntamente delictiva en el caso ‘Dina’, una de las piezas de la operación ‘Tandem’, tienen previsto reunirse hoy para fijar una posición en este asunto.
En la reunión en la que valorarán si ven indicios de revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito en la conducta del líder de Podemos no estará presente el teniente fiscal del alto Tribunal Luis Navajas.
El encargo realizado en este asunto por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es el habitual en causas relativas a aforados, lo que no quiere decir que sea Navajas el firmante del documento que se presente finalmente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Lo normal en casos complejos o de determinada relevancia es que el teniente fiscal consulte con otros fiscales del alto tribunal, lo que ocurrirá también en esa ocasión. De hecho, la redacción del informe corresponderá en esta ocasión a la fiscal Pilar Fernández Valcárcel.
La última intervención de la Fiscalía en causas relativas al Gobierno fue muy polémica, puesto que el teniente fiscal Navajas firmó un informe por el que instó la inadmisión de plano de una veintena de querellas presentadas contra miembros del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del covid-19.
El documento concluyó que no había indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.
En dicha ocasión no se convocó la Junta de Fiscales de Sala para tratar el tema de las querellas por el covid –lo que fue criticado desde ciertos sectores de la Carrera– y en esta ocasión se ha optado por una solución intermedia, pues si bien no se ha implicado a todos los fiscales de Sala, si colaboran en el informe los ocho de lo Penal.
Los fiscales del caso, derivado de la Audiencia Nacional, eran hasta este martes Ignacio Stampa y su compañero en Anticorrupción Miguel Serrano, si bien el primero ha sido apartado después de no haber obtenido ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se cubrirán a propuesta de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar al Consejo Fiscal de este martes.
Stampa, que se encontraba en comisión de servicios junto a su compañero, no obtuvo ningún apoyo en el Consejo, ni siquiera el de los vocales de la Asociación de Fiscales, a la que pertenece. El fiscal, que ahora irá a la Fiscalía de Madrid, ha sido cuestionado por su relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza ‘Dina’, Marta Flor, y se le abrió por ello una investigación interna que aún no ha concluido.
Por otra parte, Anticorrupción elaboró un informe dirigido a los fiscales del Supremo contrario a la imputación del vicepresidente. A lo largo de la instrucción ya habían pedido que Iglesias dejara de ser parte perjudicada en la pieza ‘Dina’, donde se investiga el robo de los datos del móvil de su exasesora Dina Bousselham.
En su exposición razonada al Supremo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acusa a Iglesias de los delitos de revelación de secretos y el de daños informáticos, conductas que en función de la modalidad en la que se acuse requieren la denuncia de la persona afectada, lo que no se da en este caso porque la exasesora manifestó por escrito al juez que perdonaba a Iglesias por lo ocurrido y no pretendía acusarle.
Pese a que los Fiscales solicitaron al juez García-Castellón que llamara a declarar a Bousselham para aclarar estos extermos, el magistrado elevó su exposición razonada al Supremo sin realizar antes esta citación, lo que puede causar problemas al recorrido del asunto en el alto tribunal, según apuntan fuentes jurídicas.
Por el momento, la Sala de lo Penal del Supremo ha designado ponente sobre la apertura o no de la causa al magistrado Andrés Palomo del Arco. Su propuesta tendrá que ser refrendada por una mayoría del resto de la Sala, que está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
Coincide que cuatro de estos magistrados juzgaron el proceso independentista de Cataluña, y otro fue el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás. Ahora decidirán si investigan al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en relación al robo de la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía.
Además de los dos delitos señalados, García-Castellón atribuye también a Iglesias simulación del delito, por presentar la desaparición del teléfono de la asesora «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario en prisión José Manuel Villarejo, «en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos» y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
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