La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 23 meses de cárcel al exdirector de una sucursal bancaria de la localidad cordobesa de Almedinilla, que estaba acusado de un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil por quedarse con más de 600.000 euros de clientes, la mayoría de ellos de edad avanzada.
Es una sentencia de conformidad.
El tribunal, de la Sección Tercera, también le ha impuesto el pago de una multa de 1.350 euros y que indemnice con 120.000 euros a la entidad bancaria, todo ello tras la conformidad entre las partes.
La Fiscalía pedía inicialmente cinco años y medio de cárcel y una multa de 6.600 euros.
Según expuso el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, este individuo, de 59 años de edad y sin antecedentes penales, fue director de la sucursal entre enero de 1990 y abril de 2013, cuando fue cesado, y casi todos los clientes tenían «muy buena relación» con él, «casi familiar».
Indica que entre 2010 y 2013, «guiado por el ánimo de enriquecimiento ilícito ajeno», se aprovechó de su cargo como director para extraer de la cuenta bancaria de varios de los clientes diversas cantidades de dinero, utilizando para ello distintos mecanismos.
Como ejemplo, el fiscal señala que constituyó unos seguros de ahorro «inexistentes», valiéndose para ello de «unos documentos que ya no se comercializaban» y que cuatro clientes creyeron en su veracidad.
Así, «no anotó en la contabilidad del banco» dichos depósitos ni tampoco quedaron registrados en el sistema de la entidad, de modo que los importes «los incorporó a su patrimonio, con el perjuicio para los clientes», entre otras acciones que presuntamente realizó, de acuerdo a la Fiscalía.
Según explica, los titulares de las cuentas, muchos de ellos de avanzada edad, acudieron a la entidad tras percatarse de los hechos y formalizaron su reclamación, reintegrándoles la entidad todas las cantidades, al tiempo que denunciaron los hechos en el cuartel de la Guardia Civil.
RECONOCIÓ LOS HECHOS
El condenado cesó como director el 11 de abril de 2013, a la vez que encargaron una auditoría, donde se revelaron los hechos cometidos. En mayo ese año el representante de la entidad también denunció los hechos.
Según relata la Fiscalía, tras ello, los agentes de la Benemérita se personaron en la casa del ya condenado, donde entraron con su consentimiento, «voluntariamente les entregó dos folios escritos a mano en los que constaban las operaciones ilícitas», y manifestó a los agentes que «el resto de documentación la había destruido».
El Ministerio Fiscal destaca que tanto en dependencias policiales como en las judiciales reconoció los hechos.
La entidad reclamaba las cantidades que tuvo que reintegrar a los clientes como consecuencia de su actuación.
