La Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a un año y medio de cárcel a un cartero de Correos que no repartió ni entregó, durante cinco meses, “multitud de cartas, paquetes y envíos que tenía encomendados por su labor profesional”.
Los hechos ocurrieron entre febrero y julio de 2019.
El condenado, de 64 años en la actualidad, acumuló en total 3.700 envíos sin repartir.
Ha sido sentenciado por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos, previsto y penado en el artículo 413 del Código Penal, en el que se han aplicado las circunstancias atenuantes de actuar a causa de su grave adicción a bebidas alcohólicas y de dilaciones indebidas.
Además de la pena de cárcel, tendrá que pagar una multa de 1.080 euros, y ha sido inhabilitado durante tres años y medio para empleo o cargo público y para la realización de cualquier labor relativa a la actividad postal y paquetería, así como para desempeñar cualquier función para la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
La sentencia ya es firme.
El caso iba a ser juzgado por un jurado popular, pero las partes alcanzaron el pasado mes de julio un acuerdo de conformidad, que fue ratificado en sede judicial ante la magistrada presidenta del tribunal del jurado, María Teresa González-Criado.
La magistrada ha concedido la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta durante el plazo de tres años, con la condición de que durante dicho plazo no puede volver a delinquir y debe comunicar cuantos cambios de domicilio tuviese.
La Fiscalía pedía inicialmente que se le impusieran cuatro años de cárcel y una multa de 4.320 euros, mientras que la Abogacía del Estado, que ha ejercitado la acusación particular en representación de Correos, como empresa estatal, solicitaba que este empleado fuera condenado a tres años de prisión y a 2.700 euros de multa.
La sentencia es la número 279/2023, de 18 de septiembre.
LOS HECHOS
El condenado es español y es empleado laboral fijo de Correos.
Según se desprende de la sentencia, “cometió los hechos a causa del alcoholismo que viene padeciendo desde hace largo tiempo”.
La empresa inició una investigación interna tras la “multitud de quejas” recibidas por parte de vecinos de la zona.
En julio de 2019, durante un registro voluntario de su vehículo privado, sus superiores hallaron “ocultos y acumulados” unos 3.600 envíos que no fueron debidamente repartidos.
En concreto, eran 3.523 ordinarios, 25 IPcs urgentes, 21 envíos pendientes de registrar y 36 envíos vinculados a procesos electorales (celebrado el ya pasado por entonces 28 de abril), así como 41 paquetes ya franqueados.
Todos estos envíos correspondían a fechas de entrega entre abril y julio de ese año.
En agosto de 2019, la responsable de la oficina encontró en la taquilla abierta del condenado 98 envíos ordinarios acumulados indebidamente y, por tanto, sin repartir, pertenecientes a las mismas fechas que los anteriores (abril, mayo y junio de 2019).
Los envíos que este acumulaba indebidamente fueron finalmente repartidos mediante gestiones urgentes de Correos, sin que ningún perjudicado haya reclamado por ello.
