Cedro demanda a Google por el impago de los derechos de autor desde finales de 2016 por parte de su servicio Google Discover
La reclamación judicial podría superar los catorce millones de euros, según la entidad. Foto: Pixabay.

Cedro demanda a Google por el impago de los derechos de autor desde finales de 2016 por parte de su servicio Google Discover

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12/11/2020 06:48
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Actualizado: 10/4/2023 18:00
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El Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) ha presentado una demanda contra Google por el impago de, al menos, 1,1 millones de euros en concepto de derechos de autor por la agregación de contenidos que lleva a cabo la empresa tecnológica a través de su servicio Google Discover, un servicio que esta multinacional puso en marcha cuando cerró Google News en España.

La demanda, presentada este martes ante los juzgados mercantiles de Madrid, reclama el abono de los derechos de propiedad intelectual derivados de la agregación, por parte de Google Discover, de fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones.

Discover, por su parte, muestra contenidos relacionados con los gustos de los usuarios, muchas veces noticias y reportajes, pero sin responder a una búsqueda voluntaria como las realizadas con el buscador al uso, sino mediante el conocimiento que los productos de la compañía tienen del usuario gracias a la inteligencia artificial.

Desde Google, un portavoz explica a Confilegal que aún no pueden comentar la denuncia porque no han recibido un aviso oficial de Cedro y no han visto los detalles de la demanda. «Sin embargo, como hemos dicho varias veces a Cedro, Discover no es un agregador de contenido por lo cual la Ley de Propiedad Intelectual no se aplicaría».

También se pide el reconocimiento del derecho a compensación, establecida tras una modificación en la Ley de Propiedad Intelectual del 2014.

Todavía se desconoce el juzgado que llevará este tema porque el decanato de Plaza Castilla aún no ha hecho el reparto habitual. En Madrid hay dieciséis juzgados de lo mercantil, uno de los cuales llevará este tema que abre la batalla judicial entre Cedro, entidad de gestión colectiva que representa a miles de editores ,y Google como agregador de contenidos.

Según ha podido saber Confilegal, estos derechos sí están siendo pagados por servicios de agregación competidores como Upday, que desde 2017 lo abona con normalidad , o los desarrollados por empresas como Squid y Huawei.

El resto de los que siguen en España, entre los que se incluye Menéame, se han negado a pagar basándose en una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2018 que anuló el canon por un defecto de forma.

Daniel Fernández, presidente de Cedro.

La recaudación de la entidad, presidida por Daniel Fernández, por dicha compensación, asciende anualmente a unos 200.000 euros, cantidad que podría incrementarse en los próximos meses en el caso de que Google se una al grupo de agregadores que pague dicha compensación.

Esta entidad de gestión no cierra la puerta a actuar en el futuro contra aquellos otros agregadores o desarrolladores que realicen una actividad similar de uso de esos fragmentos informativos sin contraprestación por el momento.

Actualmente, no hay otra demanda planteada ante Google por este mismo motivo. Este es un derecho de gestión colectiva obligatoria que, según hemos podido confirmar, solo puede ejercitar una entidad de gestión con Cedro.

Eso cierra la puerta a cualquier otra demanda parecida por editores a nivel particular. De hecho, Cedro interpone la demanda en nombre de sus socios y no socios para garantizar ese derecho de gestión colectiva a percibir dicha compensación.

El importe requerido en este procedimiento judicial es una estimación de la deuda de Google, puesto que para conocer la cantidad real adeudada por este agregador es necesario que esta empresa facilite los datos efectivos de uso de contenidos, lo que podría llevar a Cedro a reclamar más de 14 millones de euros.

Antes de acudir a los juzgados, la entidad, en nombre de los miles de afectados, entre ellos, editores de periódicos y revistas, ya había reclamado en reiteradas ocasiones a Google el pago de derechos de autor por la agregación de contenidos que efectúa Google Discover desde su lanzamiento a finales de 2016.

Desde Cedro explican que hay una legislación en vigor desde 2015 que se creó como mecanismo de equilibrio para facilitar el desarrollo de modelos de negocio como son los agregadores de noticia, cuya materia prima son las noticias que publican los medios.

La normativa aprobada ese año estableció dicho mecanismo por el que los agregadores de noticia al utilizar esos fragmentos pequeños de texto no tienen que utilizar autorización a los editores, pero a cambio deben abonar una compensación. En su día se conoció como Canon Google o Canon AEDE.

Ese abono se haría a través de la entidad de gestión correspondiente, que en este caso corresponde a CEDRO, como titular de esos derechos. De esa forma, se aseguraba a los editores ciertos rendimientos y la actividad de estos medios de comunicación.

Respaldo legal a la demanda

El artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual regula un límite a los derechos de autor en favor de las empresas que efectúan agregación de contenidos. Esta disposición establece que estas compañías no necesitan autorización de los titulares de derechos para desarrollar esta actividad, en el caso de que cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Desde Cedro insisten en que desde la entrada en vigor de dicha normativa por parte de Google no se ha recibido ningún pago. En el último año ha habido encuentros regulares sobre este tema pero no ha podido llegarse a un acuerdo.

La demanda se interpone para que los editores afectados no tengan que renunciar a este derecho marcado por la normativa que pretende retornar esas cantidades a los editores para que puedan seguir con su trabajo informativo de producir informaciones y artículos de calidad que puedan a ser utilizados por sus lectores y por los propios agregadores de contenidos.

Este proceso se une a otros similares instados por los titulares de derechos en países como Francia, Australia y Estados Unidos, donde hay otras fórmulas de compensación a los editores.

Una demanda para meter presión

Fuentes de Cedro explican a Confilegal que esperan mucho de la vía judicial que ahora se abre, sobre todo ante la negativa de Google a llegar a un acuerdo y a hacer frente al pago de dicha compensación.

A nivel jurídico pocas reacciones hay de momento sobre este tema. Santiago Mediano, abogado y presidente de Santiago Mediano Abogados, señala que esta situación era predecible.

Para este abogado la ley es clara y los editores de prensa tienen derecho a una compensación por el uso de los fragmentos que utilizan los agregadores.

A su juicio es previsible que el problema se encuentre con el cálculo de la compensación y que no haya un acuerdo sobre las cantidades que Cedro reclama a Google.

Desde su punto de vista es posible que haya un conflicto largo hasta que haya un acuerdo sobre esas tarifas que señala la Ley de Propiedad Intelectual y que son el punto de desencuentro entre la propia entidad de gestión, representante de muchos editores de prensa y el propio Google como agregador de contenidos.

Santiago Mediano, abogado y presidente de Santiago Mediano Abogados.

Mediano está convencido que este tema es importante porque puede fijar comportamientos en otras situaciones en las que se encuentren inmersos agregadores o desarrolladores de noticias. «Habrá que ver cuál es el desenlace de este conflicto que ahora se judicializa porque hay otros operadores que prestan servicios en el mercado«.

Para este jurista hay otro tema complementario que son los ‘press-clipping’ o resúmenes de prensa que determinadas empresas realizan a diario para otras entidades, algo que podría verse influido por el tema de Google, ahora en vía judicial.

Este es otro frente en el que Cedro también quiere recaudar de estos usuarios, según explica Mediano. «Ahí habrá que ver si estas empresas usuarias de dicho servicio abonan la remuneración correspondiente por utilizar las empresas que se dedican a ello». Cree que la falta de un negociador colectivo sobre esas tarifas dificulta que la entidad de gestión llegue a un acuerdo con los interesados.

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