La APIF reclama que la vacuna contra el Covid llegue pronto a los fiscales que corren más riesgo
Ha hecho este llamamiento en la reunión virtual que la fiscal general ha mantenido con las tres asociaciones para abordar cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal y escuchar sus propuestas y opiniones en la materia.

La APIF reclama que la vacuna contra el Covid llegue pronto a los fiscales que corren más riesgo

Está asociación está "preocupada" por "la falta de prevención de riesgos laborales en la Fiscalía"
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12/11/2020 15:57
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Actualizado: 15/3/2021 13:57
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado hoy a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que la vacuna contra el coronavirus se dispense lo antes posible entre los fiscales que están en situación de más riesgo.

Ha hecho este llamamiento en la reunión virtual que Delgado ha mantenido esta mañana con las tres asociaciones para abordar cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal y escuchar sus propuestas y opiniones en la materia.

Por parte de la APIF ha asistido Miguel Pallarés, miembro de la Ejecutiva de la asociación.

Juan Antonio Frago, presidente de la APIF, junto a su predecesor en el cargo, Miguel Pallarés, vocal de la ejecutiva de la APIF.

Según ha informado la APIF en un comunicado, Pallarés ha agradecido a la fiscal general la «pronta celebración» de esta reunión que la asociación había solicitado a la Fiscalía General del Estado ante «la falta de una política de prevención de riesgos laborales para los fiscales».

Explica que la APIF instó esta reunión con la pretensión de que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía adopten «con urgencia» las medidas necesarias para prevenir los riesgos para la salud laboral de los fiscales, «algo a lo que están obligados ambos, no solo para hacer ‘aportaciones’, sino ​para reclamar que se instaure un calendario efectivo ​que supere el retraso de 25 años en la protección de los derechos de los fiscales».

Esta asociación está «preocupada» por la «falta de prevención de riesgos laborales en la Fiscalía», según ha señalado a Confilegal el presidente de la APIF, Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña.

La APIF subraya que los fiscales ​tienen derecho a una protección «eficaz» en materia de seguridad y salud en el trabajo, como recoge el artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)​.

Sin embargo, denuncia que «esa protección se establece en la ley mediante una actividad preventiva que hasta ahora no existe».

La APIF señala que la fiscal general del Estado «considera que las competencias para la prevención de la salud laborales son del Ministerio de Justicia», pero apunta que al tiempo Delgado, «mostrando su diligencia, hace mención al despliegue de medidas que la propia Fiscalía adoptó con ocasión de la pandemia que padecemos, con lo cual acepta implícitamente su responsabilidad en esta materia».

Esta asociación hace hincapié en que la FGE ​»está obligada a adoptar medidas de protección desde que la acción preventiva ha de estar integrada en la organización donde se prestan los servicios (artículo 14.2 de la LPRL), que obviamente, en el caso de los fiscales, es la Fiscalía General del Estado, y tiene unas responsabilidades por ello».

Además, indica que forma parte de las obligaciones de prevención el integrar en las mismas la planificación relativa a la organización del trabajo (artículo 15 de la citada ley), «algo que solo puede realizarse desde la Fiscalía».

La APIF ha expuesto en la reunión que «debe comenzarse a trabajar» en la creación de una estructura «válida» para dar satisfacción a los derechos de negociación colectiva en materia de prevención de riesgos laborales, recogidos en el Real Decreto 67/2010, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado y reconocidos por el Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo a las asociaciones de jueces y magistrados en su sentencia del 24 de junio de 2019.

​Afirma que para ello es «imprescindible» la creación de un Comité de Seguridad y Salud para el Ministerio Fiscal (artículos 37 y siguientes de la LPRL), existente desde hace 8 años para la Carrera Judicial, que será un órgano paritario entre los fiscales y la Administración, es decir la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia.

«Sin ese escenario para negociar, la prevención de los riesgos laborales en la Fiscalía no puede avanzar», en opinión de la APIF.

Esta asociación ha reclamado a la fiscal general ​que realice las gestiones necesarias para procurar la creación y puesta en marcha de dicho comité lo antes posible.

«En el seno de ese Comité es donde podrán ponerse de manifiesto las deficiencias de la prevención de riesgos para los fiscales y también participar en la elaboración y puesta en práctica de ese Plan de Prevención de riesgos laborales que es preciso para la Fiscalía«, apunta.

HASTA QUE NO SE CREE ESE COMITÉ EXIGE UNA SERIE DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Mientras que no se normalice un sistema de prevención adecuado, ​la APIF manifiesta que es urgente adoptar «medidas paliativas de los tremendos efectos que la inacción de la FGE y del Ministerio en la prevención de riesgos laborales están causando en diversos grupos, los más vulnerables que exigen mayor protección, tales como ​mujeres embarazas, enfermos y mayores (artículos 25 y 26 de la LPRL)».

Asimismo, reclama la concesión de licencias durante el periodo de lactancia, una vez acreditado médicamente el riesgo objetivo para la lactancia natural hasta los nueve meses, o la adaptación de la organización del trabajo de la Fiscalía a los fiscales que padezcan enfermedades o padecimientos físicos o psíquicos que pongan en riesgo su salud. ​

«Estamos seguros que la FGE va a ser sensible a las reclamaciones de profesionales que tienen que acudir a la vía jurisdiccional para reclamar (sin que el Ministerio se digne siquiera a contestar en ocasiones a sus pretensiones), cuando no se ha diseñado ninguna medida preventiva de la protección de riesgos laborales», expresa.

Según denuncia, actualmente hay «más de una veintena de reclamaciones de madres fiscales que piden una licencia por las razones apuntadas, sin que hasta la fecha se mueva un dedo en la Administración por sus pretensiones».

Por otra parte, la APIF informa que en la reunión ha pedido a la FGE que se eviten riesgos de contagio del coronavirus por la presencia fídica de los fiscales en los juicios y en las diligencias judiciales para que refuerce y remueva los obstáculos que impidan la presencia telemática de los fiscales en los juzgados y tribunales.

Señala que «debe evitarse, en lo posible, la presencia física» y apunta que constituye un riesgo altísimo de contagio «la concurrencia de salas de vistas sin ventilación alguna».

La APIF insiste en que la llegada de vacunas contra el coronavirus debe suponer la movilización de la Fiscalía General para garantizar que los fiscales con mayor riesgo (avanzada edad, patologías, y que estén permanentemente expuestos al públicos) estén en una situación preferente para la administración de la vacuna.

Esta asociación también reclama que dada la importancia de esta materia, el Centro de Estudios Jurídicos incluya en los planes de formación inicial unas horas dedicadas al estudio de la prevención de riesgos laborales en la Fiscalía.

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