APIF: ‘La Justicia no puede pararse, el Poder Judicial no puede ser desactivado’
Esta asociación, que preside Juan Antonio Frago, ha publicado hoy un comunicado acerca del funcionamiento de la Justicia en un estado de alarma.

APIF: ‘La Justicia no puede pararse, el Poder Judicial no puede ser desactivado’

Destaca que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental
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05/11/2020 11:51
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Actualizado: 05/11/2020 11:53
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) hace hincapié en que «la Justicia no puede pararse» y que «el Poder Judicial no puede ser desactivado».

Esta asociación, que preside Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña, ha publicado hoy un comunicado en el que pone de manifiesto que la tutela judicial efectiva -el acceso a los tribunales- es un derecho fundamental y que durante el primer estado de alarma se produjo la primera suspensión en la historia de los plazos procesales, salvo para unos procedimientos esenciales. La APIF pone el foco en que en este nuevo estado de alarma «no debe producirse».

«La Justicia tiene que seguir funcionando en este país con los medios que tiene a su alcance. Y en los supuestos en los que en algún territorio nacional no cuente con estos medios, es urgente y necesario la inversión en medios telemáticos por parte del Ministerio de Justicia -Territorio Ministerio- o de la Comunidad Autónoma en aquellas regiones en las que la competencia de Justicia está transferida», manifiesta a Confilegal Miguel Pallarés, miembro de la Ejecutiva de la APIF.

Miguel Pallarés, vocal de la ejecutiva de la APIF y su anterior presidente (entre 2017 y 2019).

«A mi juicio, el mayor riesgo laboral que padecemos todos los que trabajamos en los tribunales es la concentración de un gran número de personas en sedes judiciales», apunta Pallarés.

Dice que este factor, «que es grave y previsible, puede ser evitado por la presencia telemática de fiscales, abogados y partes (ciudadanos)».

Esta asociación reivindica que «de una vez por todas, se invierta en Justicia».

La APIF recuerda en su comunicado que el artículo 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, señala que “la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”.

Indica que lo ocurrido con la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, que dio lugar a la suspensión de los plazos procesales, salvo de aquellos procedimientos que se consideraron imprescindibles en los cuatro órdenes jurisdiccionales, supuso, por primera vez en la España democrática, «la limitación (que rozó la suspensión) de un derecho fundamental absolutamente esencial: la tutela judicial, artículo 24 de la Constitución española».

La APIF señala que la actual situación, con la proliferación de nuevos casos de contagio por Covid-19, denominada segunda ola del virus, ha provocado una nueva declaración de estado de alarma, realizada por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, aunque con sustanciales diferencias.

Explica que las dos diferencias fundamentales respecto a la anterior situación de estado de alarma son, por una parte, «menor limitación de los derechos fundamentales, mucho más suave que la anterior, por lo que se refiere al confinamiento domiciliario, es decir a la libertad de circulación, que sólo se limita a las horas entre las 23.00 y las 6.00 horas del día siguiente –, lo que se denomina toque de queda – y, en segundo lugar, se produce una delegación del ejercicio efectivo a los presidentes de las Comunidades Autónomas».

En esta situación, a juicio de la APIF, «no puede justificarse, en modo alguno, ninguna limitación de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, porque no está contemplada en el Real Decreto 926/2020″.

Además, añade que «es necesario aprender del camino recorrido» y que «hay que evitar, por todos los medios, que un Poder del Estado, el Judicial, sea desactivado».

La APIF subraya que el Poder Judicial se configura en un Estado de Derecho «no sólo como garante de los derechos de todos los ciudadanos, sino como control de la actuación de los otros dos poderes del Estado».

Apunta que la inversión que se ha producido en nuevas tecnologías, en muchos casos por parte de las Comunidades Autónomas, para evitar la presencia física tanto de los ciudadanos como de los profesionales que actúan en los distintos procedimientos judiciales, «debe servir para mantener un funcionamiento digno de la Justicia».

Resalta que «es necesario utilizar todos los medios a nuestro alcance para evitar el riesgo de transmisión del virus, lo que comprende uso de mascarillas, higiene de manos, mantener la distancia y el uso de medios telemáticos para evitar la concentración de gran número de personas en los Juzgados».

A esta asociación no le parece adecuada la suspensión de los procedimientos, «porque el daño que se causa al justiciable, además de injusto, es innecesario».

«Existen medios idóneos para que la Justicia funcione con normalidad y con garantías tanto para los usuarios de este servicio público esencial como para los que trabajamos en ella», manifiesta la APIF.

Señala que «tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado deben remover todos los obstáculos que aún existen para conseguir que el ciudadano cuente con una Justicia que no esté desconectada ni paralizada».

Y destaca que «es preciso garantizar, más que nunca, el acceso a la Justicia».

«Hemos soportado, toda la ciudadanía desde el 14 de marzo de 2020 tres meses de suspensión de plazos procesales, con grave daño para nuestros intereses, sin dar una respuesta a nuestras pretensiones», denuncia esta asociación.

Añade que el funcionamiento de la Justicia es «manifiestamente mejorable» pero que «si a su situación endémica, se suma una paralización, el panorama sería desolador».

Hace hincapié en que «es preciso conjugar funcionamiento de la Justicia, en esta situación de pandemia, con seguridad en el trabajo, con prevención efectiva de riesgos laborales» para quienes trabajan en juzgados y tribunales, así como «asegurando unas condiciones seguras para cualquier ciudadano que acude a la Justicia esperando una respuesta de ella, litigando en defensa de un interés legítimo».

La APIF manifiesta que «la situación se desbordó en marzo pasado».

«Debemos aprender de lo que hemos pasado y aplicar todos los medios a nuestro alcance para que podamos seguir amparando a los ciudadanos que acuden a los tribunales y, por otro lado, conseguir que el Poder Judicial pueda cumplir plenamente su función de control de los otros dos poderes», sostiene la APIF.

«Más que nunca, ahora llega la hora de la Justicia», concluye.

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