García Juliá fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura, desde entonces ha estado interno en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Sale de prisión Carlos García Juliá, autor de la matanza de Atocha
Tras adelantarse su liquidación de condena
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19/11/2020 11:49
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Actualizado: 19/11/2020 12:22
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Carlos García Juliá, autor de la matanza de los abogados de Atocha de 1977, ha salido esta mañana de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde cumplía condena por cinco asesinatos y cuatro frustrados.
La Audiencia Provincial de Ciudad Real atendió el pasado mes de mayo la petición de su abogado para una nueva liquidación de la pena, que le ha reconocido redenciones durante el tiempo que estuvo prófugo en Sudamérica.
García Juliá, nacido en 1955, fue condenado el 29 de febrero de 1980 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección Primera) a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados, pero solo cumplió 14 años de la pena impuesta.
El crimen tuvo lugar el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas de Comisiones Obreras por miembros de la extrema derecha.
García Juliá, que tenía entonces 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado.
El 23 de octubre de 1991 se le concedió la libertad provisional y en 1994 solicitó autorización judicial de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay.
El tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España, pero no cumplió con su obligación de presentarse mensualmente en la Embajada de España ubicada en aquel país.
Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996.
Posteriormente, fue detenido en Bolivia el 17 de junio de 1996, donde se le condenó a una pena de prisión de seis años por un delito de tráfico de estupefacientes.
Cuando el 29 de noviembre de 2000 llegó la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional a Bolivia, el preso ya se había fugado. Aprovechó un beneficio penitenciario un año antes para no presentarse ante un Juzgado de vigilancia penitenciaria de La Paz.
A partir de esa fecha, y durante los siguientes veinte años, se le perdió la pista hasta que finalmente en diciembre de 2018 fue detenido en Brasil.
El pasado mes de febrero fue entregado a España por las autoridades brasileñas.
Carlos García Juliá, a lo largo de estos años en distintas imágenes de la Policía, Interviú y El Confidencial.
Según informó entonces la Policía nacional, gracias a las investigaciones de la Policía Federal Brasileña en colaboración con la Policía Nacional de España y el apoyo de las respectivas Oficinas Centrales de Interpol en Madrid y en Brasilia, el día de agosto de 2018 se ubicó al prófugo en São Paulo, descubriendo que había entrado en Brasil en 2009.
Tras completarse la investigación y reconstruir la vida desapercibida que había llevado en aquel país bajo una identidad venezolana falsa, fue detenido el 5 de diciembre de 2018 en Barra Funda, un barrio céntrico de clase media de São Paulo, donde vivía trabajando como conductor en una empresa de VTC.
Al oponerse el reclamado a la extradición, el procedimiento se dilató 13 meses por los sucesivos recursos y apelaciones que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando la prescripción del delito, defectos en la doble incriminación y el tiempo de cumplimiento de prisión en Bolivia.
Finalmente, tras la presentación de las debidas garantías del Estado español por vía diplomática, el Ejecutivo de Brasil accedió a la entrega en extradición.
Tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la OCN Interpol, se desplazaron hasta Brasil para realizar los preceptivos trámites documentales de entrega con las autoridades de ese país.
El 6 de febrero, el reclamado fue entregado a los agentes españoles en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo embarcando en avión rumbo a España.
El vuelo que transportaba al fugitivo y a los agentes encargados de su custodia aterrizó al día siguiente, por la mañana, en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
Cuando ingresó en Soto del Real le quedaban por cumplir 10 años de la pena impuesta, hasta agosto de 2030.
La Policía Nacional custodiando a Carlos García Juliá en su entrega en extradición a España.
El abogado de García Juliá solicitó la Audiencia de Ciudad Real la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que dictó una sentencia en su contra por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.
Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.
La Fundación Abogados de Atocha trató de detener la excarcelación sin éxito y ahora está pendiente de una petición de amparo al Tribunal Constitucional.
La abogada Cristina Almeida ha pedido a la Justicia que al menos adopte las medidas necesarias para que García Juliá no pueda abandonar España.
Desde la fundación han señalado recientemente que la salida de prisión de García Juliá supone que no cumplirá lo años que le restan por cumplir «por unos hechos gravísimos que ocurrieron en la Transición».
Ya en junio de este año impugnaron ante la Audiencia de Ciudad Real la liquidación provisional de condena del preso y solicitaron a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.
Tras no obtener un resultado positivo, presentaron un recurso de súplica ante la Audiencia de Ciudad Real contra ese licenciamiento definitivo «para que al menos tome cautelarmente las medidas solicitadas al Tribunal Constitucional».
Igualmente, realizaron alegaciones ante la Audiencia Nacional, «que se ha inhibido como tribunal sentenciador de esta ejecución».
LOS ASESINOS
Los asesinos materiales fueron José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, vinculados a Fuerza Nueva, Falange Española y Guardia de Franco.
Simón Ramón Fernández Palacios y Leocadio Jiménez Caravaca proporcionaron las armas y la novia de Fernández Cerrá, Gloria Herguedas Herrando participó como cómplice y encubridora.
Francisco Albadalejo fue considerado autor intelectual del atentado.
Sobre las 22:30 horas del día 24 de enero de 1977, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.
En el despacho estaban siete personas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo, Dolores González Ruiz y su marido, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Miguel Ángel Sarabia Gil, Enrique Valdevira Ibáñez y Luis Javier Benavides Orgaz.
En otro despacho estaban Serafín Holgado Antonio, estudiante de Derecho, y el administrativo Ángel Elías Rodríguez Leal.
El comando llamó a la puerta, Benavides abrió y los asesinos entraron pistola en mano, mientras Lerdo de Tejada se quedó en la entrada vigilando.
Tras registrar los despachos, Fernández Cerrá y García Juliá reunieron a todos en la sala y abrieron fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.
Los autores de la denominada «matanza de Atocha de 1977» pertenecían, según la sentencia, a un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».
Segaron la vida a los abogados Luis J. Benavides, Enrique Valdevira, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y al empleado Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Sarabia, María Dolores González, Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huerta sobrevivieron.
Las víctimas de la matanza de Atocha. Infografía de El Mundo.
En enero de 2017, cuando se cumplieron 40 años del crimen, El Colegio de Abogados de Madrid colocó una placa conmemorativa en homenaje a las víctimas.
Al acto al que asistieron, entre otras personalidades, Francisca Sauquillo, hermana de uno de los asesinados; la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que era una de las abogadas del bufete de Atocha y se salvó del crimen por estar fuera del despacho -había salido minutos antes-; Sonia Gumpert, decana entonces del ICAM, y Alejandro Ruiz-Huerta, quien se salvó porque la bala dio en un bolígrafo que llevaba.
Sauquillo, Carmena, Gumpert, y Ruiz-Huerta, en el homenaje. Foto: Carlos Berbell
La placa que hay a la entrada del ICAM en honor a las víctimas. Foto: Carlos Berbell
Los asesinatos de Atocha fueron el precio por “la libertad y la democracia” que hoy disfrutamos en España, sentenció aquel día Carmena, entonces alcaldesa de Madrid.
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