El paso del tiempo ha hecho mella en Carlos García Juliá, como se puede comprobar en las fotos de Policía, Interviú y el Confidencial; la matanza de Atocha marcó su vida para siempre y la convirtió en la de un fugado, un perseguido por la ley; los 5 asesinados no tuvieron esa oportunidad.
El próximo regreso, desde Brasil, del asesino Carlos García Juliá, trae el recuerdo de la matanza de Atocha
El suceso marcó un antes y un después para la joven democracia española
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03/2/2019 06:15
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Actualizado: 02/2/2019 14:01
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Gobierno, el pasado 18 de diciembre, que solicitara la extradición de Carlos García Juliá, uno de los ultraderechistas condenados por el asesinato de 5 personas del despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha.
García Juliá fue detenido en Sao Paulo el 6 de diciembre pasado. Llevaba huido de la justicia española desde 21 años atrás, 1996. Se hallaba en Asunción, Paraguay. La justicia española le dio autorización para desplazarse para trabajar allí, con la condición de que tenía que presentarse cada mes en la Embajada.
El Código Penal de 1973, que fue el que se le aplicó, permitía este tipo de decisiones que el actual, de 1995, ha cerrado.
El pistolero ignoró esas condiciones y pasó a ocupar un lugar en la lista de los más buscados de España.
Le quedaban por cumplir entre rejas diez años y medio de condena. El Juzgado decretó, en 2000, prisión para el ultraderechista.
Ahora le corresponde al Gobierno de Brasil conceder la extradición, de la que no se duda que se concederá en Madrid.
LA MATANZA
La matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha 55 a manos de ultraderechistas provocó una repulsa que cristalizó en una impresionante manifestación, estremecida y silenciosas, tras los féretros de los asesinados.
Esta dura prueba para la incipiente democracia, que salió fortalecida y con nuevos estímulos, fue uno de los hitos de terror de la semana negra de enero de 1977, en la memoria de todos los españoles que vivieron aquellos años convulsos y peligrosos de la Transición.
La justificación de la matanza trágica fue la huelga de transportes de viajeros de Madrid, apoyada por los sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras.
La organización franquista Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Madrid no podía consentir la situación, por lo que su secretario, Francisco Albadalejo, reunió a un comando de asesinos y colaboradores para dar un golpe de efecto en el despacho de abogados que frecuentaba Joaquín Navarro, uno de los líderes de la huelga y abogados de Comisiones y del PCE, partido que todavía era ilegal.
La situación general del país era muy complicada, parecía que todo estuviese a punto de estallar.
El político tradicionalista Antonio María de Oriol y el teniente general Emilio Villaescusa Quilis estaban secuestrados por el GRAPO; Arturo Ruiz, joven estudiante madrileño, había sido asesinado de un disparo por Jorge Cesarki; la estudiante de Sociología María Luz Nájera, resultó muerta por impacto de bote de humo.
Bandas fascistas recorrían Madrid atemorizando a la población, obligando a cantar el Cara al Sol con el brazo en alto y la espiral de violencia parecía no tener fin, con un objetivo claro: provocar la intervención del Ejército en un golpe de Estado que terminara de una vez por todas con las incipientes medidas democráticas del Gobierno de Adolfo Suárez.
LOS ASESINOS MATERIALES
Los asesinos materiales fueron José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, vinculados a Fuerza Nueva, Falange Española y Guardia de Franco.
Simón Ramón Fernández Palacios y Leocadio Jiménez Caravaca proporcionaron las armas y la novia de Fernández Cerrá, Gloria Herguedas Herrando participó como cómplice y encubridora.
Francisco Albadalejo fue considerado autor intelectual del atentado.
El 24 de enero el grupo de abogados laboralistas se reunía a las 10,30 de la noche en Atocha 55.
En el despacho estaban siete personas: Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos Pardo, Dolores González Ruiz y su marido, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Miguel Ángel Sarabia Gil, Enrique Valdevira Ibáñez y Luis Javier Benavides Orgaz.
En otro despacho estaban el estudiante de Derecho Serafín Holgado Antonio y el administrativo Ángel Elías Rodríguez Leal.
Una de las abogadas del bufete, Manuela Carmena, actualmente alcaldesa de Madrid, pudo evitar el atentado por estar fuera del despacho.
Poco después de esa hora el comando asesino llamó a la puerta, Benavides la abrió y los asesinos entraron directamente pistola en mano, mientras Lerdo de Tejada quedaba en la entrada vigilando.
Tras registrar los despachos, Fernández Cerrá y García Juliá reunieron a todos en la sala y sin mediar palabra comenzaron a disparar a bocajarro, rematando a varias de sus víctimas cuando estaban ya tendidas en el suelo en un gran charco de sangre.
Sobrevivieron, algunos con heridas muy graves, Alejandro Ruiz, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Ángel Sarabia. Los demás resultaron muertos.
Así abrió Diario 16 el 15 de marzo de 1977. En la foto de arriba, con la boina de lado, García Juliá, junto al líder de Fuerza Nueva, el notario Blas Piñar. Diario 16.
Los cadáveres fueron velados en lo que hoy es el Tribunal Supremo y que, en aquel tiempo, compartía edificio con la Audiencia Provincial de Madrid.
Las víctimas de la matanza de Atocha; 5 fueron asesinados y 4 resultaron heridos. El Mundo.
LA MANIFESTACIÓN SILENCIOSA
La conmoción por el asesinato fue enorme, pero los perpetradores se fueron tranquilamente a su casa, convencidos de que la impunidad les ampararía.
Albadalejo les conminó a huir a la mañana siguiente, pagó a Fernandez Cerrá 10.000 pesetas y modificó la pistola de García Juliá.
Pretendían esconderse en una finca de la familia de este último cercana a Madrid cuando comenzaron las detenciones, la primera la de Gloria Herguedas y luego el resto en cadena.
Mientras, los heridos luchaban entre la vida y la muerte y una sociedad estremecida, encabezada por la judicatura, despedía en una impresionante manifestación silenciosa los féretros de los asesinados desde el Palacio de Justicia, con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Pedrol Ríus, a la cabeza.
Nunca se había visto algo semejante.
Más de 100.000 personas, codo con codo, en silencio, acompañaron a los muertos.
La seguridad corrió a cargo, extraoficialmente, del Partido Comunista, que sería legalizado tres meses después pero que ese día sacó sin temor sus banderas rojas y sus puños en alto a la calle.
Fue también la primera aparición pública de Santiago Carrillo, que días antes había sido detenido y puesto en libertad.
Las sangrientas provocaciones no sirvieron de nada.
El país, la sociedad, demostró una madurez política en la que abogados, clase obrera, políticos, ciudadanos se negó a entrar en el juego del terror.
EL JUICIO
El juicio, que se celebró en febrero de 1980 fue oral, público y también algo esperpéntico.
Por el estrado pasaron testigos como Blas Piñar, de Fuerza Nueva, el Guerrillero de Cristo Rey Mariano Sánchez Covisa y, cómo no, el policía Antonio González Pacheco, «Billy el Niño».
Se dejaron en el aire muchos interrogantes que nunca fueron despejados.
En palabras de Miguel Sarabia años después, “puede decirse que se hizo justicia con los asesinos, pero esta justicia no es completa, porque no alcanzó a todos los que participaron en la organización de la matanza”.
La sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia que consideraba que los procesados Francisco Albadalejo, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca formaban parte de un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».
El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años que luego redujo a 63.
En cuanto a Fernando Lerdo de Tejada, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, le concedió un permiso penitenciario antes del juicio que el acusado aprovechó para escapar.
Continúa en paradero desconocido, a pesar de que su delito prescribió en 1997.
Francisco Albadalejo Corredera falleció en prisión en 1985; Leocadio Jiménez Caravaca, condenado a cuatro años, falleció en 1985 de cáncer de laringe.
Gloria Herguedas Herrand fue condenada a un año. Fernández Cerrá fue puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunas informaciones lo sitúan en Alicante.
García Juliá se fugó también 14 años después.
LOS HERIDOS
En el mes de noviembre de 2005 falleció Luis Ramos Pardo, uno de los abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación Abogados de Atocha le rindieron un homenaje en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 2006.
Como lema del homenaje figuró la frase de Paul Eluard «Si el eco de su voz se debilita, pereceremos».
Unos años después del atentado, recordaba con dolor las escenas de caos, pánico, disparos y sangre, a sus compañeros desplomados a su alrededor y la sensación de odio por los asesinos que le acompañó durante el resto de su vida.
Miguel Sarabia no pudo superar la “herida mental” y el recuerdo de “El terror más frío e intenso que se puede imaginar… la violencia que irradiaban aquellas personas”, según declaró siete años después.
Para el abogado “puede decirse que se hizo justicia con los asesinos, pero esta justicia no es completa porque no alcanzó a todos los que participaron en la organización de la matanza”. Murió en Madrid el 20 de enero de 2007.
Dolores González Ruiz nunca quiso hablar de la matanza en la que murió su marido, Francisco Javier Sauquillo, hermano también de Francisca Sauquillo y ella resultó gravemente herida.
Durante el juicio, con las heridas aún visibles se levantó y señaló con el dedo a Fernández Cerrá, que miró al techo con gesto de fastidio pero que tuvo que escuchar su testimonio: “Mostraron una frialdad absoluta mientras nos encañonaban. Al incorporarse la otra persona comenzaron a disparar. Yo me tiré sobre un banco y me tapé con una trenca que llevaba. Recibí luego el disparo”, un tiro que le destrozó la mandíbula y la tráquea, herida de la que tardó muchos años en recuperarse.
Dolores González falleció el 30 de enero de 2015.
A Alejandro Ruiz Huerta le salvó primero un bolígrafo que llevaba en el bolsillo y luego el cuerpo de Enrique Valdevira, que había recibido un disparo en la cabeza.
Aun así, recibió cinco impactos en una pierna que le costó mucho recuperar: “toda la noche de Atocha estaba en esa pierna” declaró unos años después, para añadir que respecto a los asesinos, “mi única palabra contra ellos es el silencio”.
Como lo fue el silencio de la muchedumbre que arropó los féretros de sus compañeros en su último viaje por las calles de Madrid.
Francisca Sauquillo, hermana de uno de los asesinados, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que se salvó por los pelos, Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid el 23 de enero de 2017 -cuando se desveló la placa conmemorativa que hoy figura a la entrada del Colegio en Madrid– y Alejandro Ruiz-Huerta, que se salvó porque la bala dio en un bolígrafo que llevaba. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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