Hartazgo y preocupación por lo que consideran falta de seguridad en los edificios judiciales es lo que los jueces y magistrados expresaron a través de los grupos de WhatsApp.
La agresión sufrida por la juez Sanchidrián preocupa mucho a sus compañeros de carrera por la sensación de vulnerabilidad
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02/12/2020 02:00
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Actualizado: 02/12/2020 11:05
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Los grupos de WhatsApp de jueces y magistrados ayer echaban chispas. La agresión sufrida por la juez Sonsoles Sanchidrián, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, de Santa María la Real de Nieva, provincia de Segovia, se sintió como una agresión personal a todo el colectivo judicial.
El comunicado de las cuatro asociaciones de jueces con implantación nacional fue bien visto.
Sin embargo, muchos opinaron que no era suficiente, y propusieron hacer concentraciones espontáneas hoy a las 11 de la mañana en las puertas de las sedes judiciales para expresar su pública protesta.
En Zamora se cerró para esta mañana a las 11.30, en Segovia, Salamanca y Palencia, a las 12 am.
Consideran que esto no es nuevo. Simplemente es la gota que ha colmado el vaso.
Hay, por una parte, hartazgo, y, por otra preocupación porque vienen avisándolo desde hace tiempo.
El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, José Luis Concepción, recordaba ayer, en el vídeo de condena que su Oficina de Comunicación distribuyó por los medios de comunicación, que hace tiempo que viene reclamando al Ministerio de Justicia seguridad para las sedes de 20 partidos judiciales que solo tienen un juzgado y que adolecen de ella.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva es uno de ellos.
Pero no solamente en este tipo de Juzgados únicos. Las denuncias sobre la insuficiente seguridad se han repetido en los últimos meses desde los Juzgados de Soria, Valladolid, Alzira (Valencia), La Coruña, Vigo y Algeciras, por citar algunos.
La agresión de un ciudadano descontento con la sentencia que la juez Sanchidrián, que terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos tras recibir varios navajazos en varias partes de su cuerpo, no es un hecho nuevo.
Otras veces no se llega a tanto. Se queda «solo» en insultos, reproches e intento de agresión, como sucedió el pasado 2 de noviembre en Teruel. El magistrado Jerónimo Cano fue reconocido por un joven al que en agosto había condenado a 4 meses de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, dos policías locales, y por un delito de lesiones cuando practicaba deporte.
Le había suspendido la sentencia a condición de que no volviera delinquir en los siguientes dos años y a pagar 440 euros. Pero eso no fue óbice. El joven de 23 años, Álex A.M., aparte de insultarle intentó darle una patada, pero no le alcanzó. Terminó en prisión.
Otras veces, los descontentos con sus sentencias la emprenden con los bienes de los jueces, como ocurrió en 2013, cuando José Juan Naranjo, un vecino de Arucas, localidad de Gran Canaria, la emprendió a martillazos contra el flamante descapotable del juez Mariano López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2.
«Mariano, te voy a cortar los huevos, te voy a matar, te voy a reventar la cabeza y te voy a pegar fuego a la casa», le gritó al juez, cuyo coche sufrió desperfectos por valor de 7.884 euros.
Las amenazas de muerte y los daños al vehículo le valieron su entrada en prisión.
En ese mismo año, el juez Eduardo López-Palop, que investigaba el caso Madrid Arena, denunció a un detenido, al que acababa de decretar prisión provisional, por golpearle, aunque no le causó lesiones de gravedad.
Amenazas de muerte también han recibido el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien presentó una denuncia ante la policía, además de una petición de amparo, por su exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación del líder de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, y de Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados por el caso Dina.
O María Núñez Bolaños, la magistrada de los ERE de Andalucía, quien, en 2018, recibió una carta en su Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, amenazándola de muerte.
Lo mismo que el magistrado del Tribunal Supremo, instructor del caso del «procés», Pablo Llarena, o su desaparecido compañero, Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, quien inició las investigaciones sobre el proceso separatista y con su trabajo hizo posible que se pudiera celebrar el juicio contra los doce dirigentes que iniciaron el proceso separatista.
Los jueces quieren más seguridad para sus personas, para que no se vuelva a repetir lo de su compañera Sonsoles Sanchidrián o el caso de otro compañero, Juan Agustín Moro, en 1993, con consecuencias más graves.
Muchos de los magistrados más veteranos todavía recuerdan su asesinato, cuando era presidente de la Audiencia de Ávila, la tarde del 26 de febrero de 1993. A 50 metros del edificio judicial.
Antonio Pérez, de 61 años, lo mató de dos balazos en la cabeza porque entendió que le había arruinado su vida por «expropiarle tres fincas» con una sentencia contraria.
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