El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia, en funciones de guardia y como sustituto ordinario, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del individuo detenido el martes por apuñalar con un destornillador a la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva, María Sonsoles Sanchidrián Velayos.
Está investigado por un delito de tentativa de homicidio o asesinato y otro de atentado a la autoridad agravado.
La magistrada abulense de 37 años, se encuentra ingresada en la UCI del hospital de Segovia y la evolución de su estado de salud es favorable.
El Juzgado de Santa María la Real de Nieva tiene previsto solicitar al Ministerio de Justicia la adopción de medidas de seguridad permanentes para su sede judicial.
Al presunto autor se le había notificado el lunes una resolución civil desfavorable. El suceso se produjo al día siguiente, sobre las 14.30 horas en la zona de acceso del edificio judicial. Al parecer, se habría acercado a la magistrada, y tras preguntarle si era la titular del Juzgado, la habría apuñalado con un destornillador.
La Guardia Civil detuvo aquel mismo día el presunto autor en el lugar de los hechos, y ayer, a las 6.30, pasó a disposición judicial de este Juzgado de Segovia, decretando el magistrado titular Jesús Martínez Puras su ingreso en prisión provisional.
Jueces, magistrados, fiscales, letrados, funcionarios y operadores de la Administración de Justicia se concentraron ayer a las puertas de distintos órganos judiciales de toda España para mostrar su apoyo a la magistrada, condenar la agresión y recordar sus reclamaciones de más medios que garanticen su protección en los juzgados, en el caso de Castilla y León en los 20 juzgados únicos que hay.
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y asociaciones judiciales y fiscales han publicado comunicados condenando el suceso.
También han mostrado su repulsa por la agresión el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, y el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, entre otras personalidades de la Justicia.
José Luis Concepción ha recordado las advertencias que la Sala de Gobierno del TSJCyL ha realizado en los últimos años sobre las «insuficientes medidas de seguridad» que tienen los juzgados únicos de la comunidad. «Unas reivindicaciones desatendidas por el Ministerio de Justicia», ha subrayado.
Según ha detallado el TSJCyL en un comunicado, en febrero de 2013, «una persona en estado de agresividad y fuera de sí» provocó un incidente grave de desórdenes públicos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora); y en octubre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) informó de la «absoluta inexistencia» de medidas de seguridad en el edifico que alberga la sede judicial: ni arco detector de metales, ni personal de seguridad.
Añade que en febrero de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino (León) denunció el hurto de un expediente del Registro Civil y recordó la «ausencia total» de medidas de seguridad en la sede judicial; y que el pasado mes de febrero, de nuevo el Juzgado de Puebla de Sanabria informó sobre diversos incidentes graves provocados por un hombre: «amenazas, intimidaciones graves y faltas de respeto hacia funcionarios».
Los presidentes de todos los Tribunales Superiores de Justicia de España difundieron anoche el siguiente comunicado: “Desde nuestro apoyo, y el deseo de que nuestra compañera se recupere rápida y felizmente tras la violenta agresión que ha padecido en su persona, quienes presidimos los Tribunales Superiores de Justicia, más allá del rechazo a cualquier ejercicio de violencia ilegítima, queremos enfatizar la trascendencia de la desplegada contra quienes en el Estado de Derecho tienen encomendada la función de resolver pacíficamente los conflictos».
«Todo lo cual nos causa preocupación e inquietud, como muestra de la inseguridad en que se puede tener que ejercer la función jurisdiccional», concluyen.
