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Roberto Aráiz: 1.571 días en prisión por un error judicial y 11 años pleiteando por una indemnización, en Foro Confilegal

A Roberto Araiz la vida se le hizo trizas en 2005. Confundido con otra persona, pasó cuatro años y medio en la cárcel. Perdió su profesión y su familia. Ahora batalla por una compensación justa.
| | Actualizado: 03/12/2020 20:52

Septiembre de 2005. Roberto Aráiz tenía 42 años y vivía en Pamplona. Era entonces un profesional de la seguridad privada cuya carrera, después de haber dado servicio a autoridades de todo tipo, había dado el salto a la dirección. Estaba a punto de firmar un importante contrato con una gran empresa para llevar la coordinación de los pesqueros españoles que faenaban en el Océano Índico como director.

Divorciado y con dos hijos. Había rehecho su vida con una nueva pareja que esperaba un bebé.

Todo pintaba bonito.

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Pero su vida, de forma inesperada, y como si se tratara de una mala pesadilla, quedó echa trizas por una cadena de errores judiciales y policiales por encontrarse en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. La Policía, que llevaba a cabo una operación contra una red de narcotráfico, lo confundió con otra persona por llamarse igual.

Se pasó 3 años y 8 meses en prisión preventiva. Después fue juzgado y condenado a 13 años por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Tras la sentencia, volvió a ser encarcelado.

Cumplió en total 4 años, 4 meses y once días. 1.571 días tras las rejas.

El Tribunal Supremo, ocho meses más tarde, el 2 de diciembre de 2009, anuló la sentencia y lo puso en libertad.

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Por vulneración de derechos fundamentales, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías.

ONCE AÑOS SIN INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO

Pero ahí no se terminó la pesadilla sino que continuó, hasta hoy, 2020. Porque once años más tarde el Ministerio de Justicia no ha compensado a Roberto Aráiz de la única forma que se puede: mediante una indemnización. 

A día de hoy, está esperando la contestación del Ministerio de Justicia a su reclamación de 850.000 euros, presentada el 28 de febrero de este año, por lo que técnicamente se describe como «anormal funcionamiento de la Administración de Justicia».

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Lo contaron el propio Roberto y su abogado, Luis Tuero en el programa Foro Confilegal Santander Justicia, que dirige y presenta Carlos Berbell, emitido el jueves 3 de diciembre a través de Radio Intereconomía.

«Lo único que podría compensarme por todo lo pasado sería volver atrás en el tiempo, al día anterior en el que fui detenido. Pero sé que eso no es posible. No hay dinero que compense por lo que he pasado», explicó.

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«Porque uno no vuelve a ser la misma persona. Las huellas de una situación tan traumática son imborrables», añadió.

Desde que recuperó la libertad, Roberto ha estado bajo tratamiento psicológico, por estrés postraumático.

«Nunca me planteé suicidarme», reconoció. Aunque hubo momentos en que la esperanza estuvo bajo mínimos.

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Como un pensamiento recurrente incontrolable, Roberto Aráiz vuelve a repasar todo lo sucedido y a preguntarse por qué la Policía no cotejó su voz con la del verdadero Roberto, el verdadero narcotraficante. Con eso habría sido suficiente. Y por qué durante la instrucción se rechazaron todas las peticiones de su abogado, Luis Tuero.

¿Cómo era posible que eso pudiera suceder?

Según contó, su vida profesional se vio pulverizada. Su compañera le abandonó después de dos años. Su tercer hijo nació cuando él estaba en la cárcel. Sus amigos desaparecieron. Incluso su familia tuvo momentos de duda, por los que luego le pidieron perdón.

Pero eso no fue lo peor. Quedó marcado. A pesar de haber sido absuelto por el Tribunal Supremo, de conseguir cancelar los antecedentes penales y policiales, las empresas que luego le contrataron no le renovaron los contratos.

«En este sector nos conocemos todos. Siempre llegaba la información y me veía en la calle. No me renovaban los contratos», relató.

Hoy vive en casa de sus padres, con el subsidio para mayores de 52 años.

UN CASO DIGNO DE LA IMAGINACIÓN DE KAFKA

De acuerdo con Luis Tuero, llevan desde 2011 reclamando una compensación indemnizatoria.

«Lo hicimos ese año y el Ministerio nos contestó negativamente. Optamos por la vía judicial presentando una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En aquel momento estaba vigente el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que decía que solo se indemniza a los inocentes cuando se demuestra la inexistencia del hecho imputado. Pero aquí había un hecho delictivo que había cometido otra persona. Y Roberto no tenía nada que ver», cuenta Tuero.

La Audiencia Nacional denegó la demanda y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación. En ambos casos impusieron el pago de las costas, más de 6.000 euros que tuvo que pagar la exigua economía de Roberto.

«Recurrimos al Tribunal Constitucional, lo que coincidió con una sentencia que recogió otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] en la que se daba un tirón de orejas a la Justicia española y a la Administración«, precisa Tuero.

«El TEDH dice que las personas que han sido absueltas lo han sido a todos los efectos. No hay unos señores que están más absueltos que otros. No hay posibilidad que este señor es más inocente que este otro. Este señor es inocente y punto», cuenta el abogado.

Hay que indemnizar a todos los que han sufrido prisión provisional y han sido absueltos.

Fue un cambio de criterio de 180 grados.

El Constitucional anuló la parte del artículo 294.1 de la LOPJ que decía que solo podían ser indemnizados aquellos que después de haber sufrido presión preventiva «sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre».

Y lo dejó en «Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos».

La sentencia del máximo tribunal de garantías anuló la del Tribunal Supremo e hizo regresar todo a la casilla de salida, la de 2011.

«El 28 de febrero de este año presentamos toda la documentación ante el Ministerio de Justicia. Y es lo que estamos esperando», aclaró el abogado.

De la contestación del Ministerio dependerá que esta historia de Kafka vuelva por los mismos derroteros de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

Son 850.000 euros que, por supuesto, no pagan una vida personal y profesional que fue hecha trizas. Pero que es un epílogo justo a una cadenas de errores judiciales y policiales que jamás debieron producirse.