Un error puede ser fatal para aquella persona que se encuentra envuelta en un proceso judicial. Puede destrozar la vida a una víctima o machacar a un inocente al condenarle a prisión pese a no haber sido el autor de los hechos.
Es más, en 2022, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los errores judiciales, el funcionamiento anormal de la justicia y el abuso de la prisión preventiva costaron 3,17 millones de euros, un 38 % más que el año anterior.
El artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce a los afectados una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor.
Tomás Pardo, dos errores
En la historia de Tomás Pardo, más conocido como el «violador de Martorell», se pueden detectar dos errores. Atacó en 2002 a dos mujeres. Su primera víctima fue Montse, una joven de 21 años a la que siguió tras salir del trabajo. Cuando aparcó el coche cerca de su casa, Pardo aprovechó para darle una paliza. Al poco tiempo agredió a Lucía, la violó, la ató a un carbol y la acuchilló. Tuvo que hacerse la muerta para poder salir con vida.
El primer error llegó cuando ni la Audiencia Provincial de Barcelona ni la Fiscalía pidieron correctamente la prórroga de la prisión provisional y salió a escasos meses de arrancar el juicio, lo que hizo que las víctimas tuviesen que vivir con escolta policial. Una de ellas dijo que “se sentía violada por la Justicia”.
Finalmente fue condenado a 26 años de prisión. Pero el segundo error llegó en octubre de 2016 mientras disfrutaba de un permiso penitenciario de 3 días. Secuestró, violó, robó e intentó matar a otra mujer a la que arrojó por un barranco tras haberle propinado diversas puñaladas.
Un permiso que se le concedió por haber superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales. Este suceso abrió el debate sobre la rehabilitación de los agresores reincidentes.
Por esta agresión de 2016, la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 70 años de prisión. En 2020 el Departamento de Justicia de la Generalitat emitió una resolución en la que concedió a esta tercera víctima una indemnización de 500.000 euros “por las lesiones sufridas a manos del interno Tomás Pardo”.
Lucía, la segunda víctima, comentó antes de este segundo juicio que la Justicia y el sistema penitenciario eran los culpables de lo que había ocurrido porque habían permitido que saliese y volviese a atacar.
José Antonio Valdivieso
José Antonio Valdivieso pasó 9 años de cárcel de los 13 a los que fue condenado por dos atracos e intento de asesinato que no cometió. Por este error judicial intentó incluso suicidarse en prisión, algo que afortunadamente no consumó. Pero como dijo al salir de prisión: «No hay dinero en el mundo para pagar los años que me han quitado de vida». Nadie le ha pedido perdón.
Estaba durmiendo en su casa en el momento de cometerse los hechos en Móstoles, Madrid, pero pero fue identificado en la rueda de reconocimiento por las dos personas atracadas.
El Tribunal Supremo revocó su condena tras un recurso de revisión al encontrar al verdadero culpable gracias a su padre y a su abogada del turno de oficio.
Sufrió depresión mayor con sintomatología psicótica. Su sueldo era el único sustento de la familia, su padre estaba en paro y su madre tenía un 89% de minusvalía.
Tan sólo le concedieron una indemnización de 143 euros por cada día que estuvo privado de libertad, lo que sumaba 466.616 euros. Una cantidad que se alejaba mucho de la que solicitó, que era de más de un millón de euros.
Ahmed Tommohui
La Sala Penal del Tribunal Supremo anuló en junio de 2023 la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 23 de septiembre de 1992, que condenó a Ahmed Tommouhi por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones a un total de 24 años de prisión.
Le confundieron con un violador de Barcelona y estuvo 15 años en prisión por unos hechos que no cometió. Sin embargo, las únicas pruebas contra él fueron los supuestos reconocimientos por parte de las víctimas. Se parecía físicamente al verdadero autor, que era Antonio Garcia Carbonell.
El alto tribunal estimó el recurso de revisión contra la sentencia firme basándose en nuevos elementos de prueba. Eran unos informes periciales sobre el semen encontrado en una prenda íntima de la mujer agredida y que no se correspondía con los marcadores del recurrente.
Los problemas para este hombre empezaron en 1991 cuando tenía 40 años. Por aquel entonces se produjeron varias violaciones en las provincias de Barcelona y Tarragona. Tanto él como su compatriota Abderrazak M, que murió en la cárcel de un infarto en el año 2000, fueron detenidos. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil de 1993 aseguraba que no existían indicios de que ambos hombres se conocieran a pesar de que fueron condenados conjuntamente.
Estuvo 15 años en la cárcel a la espera de un indulto que nunca llegó, que el Tribunal Supremo había recomendado y que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, había solicitado en 1999. Ni el Ejecutivo del PP ni el del PSOE se atrevieron a concederlo a un condenado por cuatro violaciones, aunque los socialistas lo habían reclamado cuando estaban en la oposición.
