El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha citado el próximo 17 de diciembre al empresario Javier López Madrid en calidad de investigado para conocer si encargó al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo agredir a la doctora Elisa Pinto.
Así consta en la providencia del titular del juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que convoca al empresario para tomarle declaración por un presunto delito de cohecho en la pieza separada número 24 de la operación ‘Tándem’ o ‘caso Villarejo’.
El magistrado toma la decisión de interrogarle tras acordar su imputación el pasado 23 de noviembre. Precisamente con el levantamiento del secreto del sumario de la pieza 7 del caso que investiga la operación ‘Kitchen’ salió a la luz un audio grabado por Villarejo en el que afirmaba, entre bromas, haber apuñalado a la doctora en 2014.
Ya en diciembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción encontró indicios suficientes que acreditarían la existencia de este encargo, por lo que consideró que era materia de la Audiencia Nacional, al margen de que el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid decidiera llevar a juicio tanto a López Madrid como al comisario jubilado por las agresiones físicas que en su día denunció la doctora.
La doctora Pinto denunció a López Madrid por acoso en los juzgados de Instrucción de Madrid y posteriormente amplió la querella tras ser agredida con un objeto -que podría ser un bisturí- en una calle de la capital al bajarse del coche en el que viajaba con uno de sus hijos.
Si bien en este proceso judicial no se ha investigado el origen de la presunta agresión, que a la luz de un extenso escrito con detalles que ha aportado la propia Pinto a la Audiencia Nacional, podría responder a un encargo de López Madrid a Villarejo similar a otros de los «trabajos» del comisario que ya están bajo la lupa en la Audiencia Nacional.
‘PROYECTO SAVING’
Por otro lado, un día antes, el juez instructor se centrará en la pieza número 25, que investiga el denominado ‘proyecto Saving’, un posible encargo realizado por parte de la empresa de detergentes Persán al comisario jubilado para espiar al exdueño de la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín.
Así, ha citado a declarar el próximo 16 de diciembre al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín; al expresidente de Persán José Moya Sanabria; al que fuera directivo de esta empresa Raúl Jara Lorenzo y a Leticia Sánchez Mendoza como investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, según otra providencia a la que también ha tenido acceso Europa Press. El juez también escuchará ese mismo día a un testigo, Antonio Fernández López, personado como acusación particular.
El juez acordó abrir otra pieza separada para investigar lo que Villarejo denominó como ‘proyecto Saving’, un supuesto encargo en el que el exsenador Francisco Rodríguez habría actuado como intermediario, que podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.
Según adelantó ‘El Mundo’ y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, el objetivo de este encargo era mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.
El proyecto tiene su origen en la operación Fadesa, «formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa».
Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito. Finalmente en 2011, decidió acudir a Villarejo.
Para abordar el problema, el comisario jubilado diseño un plan para recuperar el estatus jurídico de Moya; disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses; y ayudarle a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.
