Momento en el que se ha hecho entrega de las llaves del pazo a la Administración General del Estado. Foto: TSXG.
El juzgado entrega las llaves del Pazo de Meirás al Estado
En cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia que acordó que el inmueble es un bien público y condenó a la familia Franco a su devolución
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10/12/2020 14:41
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Actualizado: 10/12/2020 14:41
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El juzgado ha entregado hoy las llaves del Pazo de Meirás al Estado en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia que el pasado 2 de septiembre acordó que el inmueble es un bien público y condenó a la familia Franco a su devolución.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, ha acordado hoy a su llegada al pazo que por los técnicos redactores del inventario, ya presentes en las instalaciones, se comprobase visualmente el estado actual de los bienes.
La entrega se ha llevado a cabo, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), una vez que la comitiva judicial ha verificado que todo se correspondía con lo examinado el 11 de noviembre. Además, la Abogacía del Estado ha aclarado que dos bienes que constan en el inventario, la Casa de las Conchas y el hórreo anexo a este inmueble, no forman parte de lo reivindicado por la Administración.
El juzgado ha dado traslado a las partes del escrito presentado ayer por la familia Franco. De esta forma, la Administración General del Estado ha quedado requerida para que en el plazo de veinte días hábiles determine qué bienes han de ser entregados a los demandados.
El juzgado estimó el pasado 2 de septiembre la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del Pazo de Meirás, por lo que condenó a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirmaba haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
La magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».
Al entender que la propiedad del inmueble corresponde al Estado, la juez declaró también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con la finca, así como la donación que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.
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