Ecoloxistas en Acción de Galicia y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sus conclusiones en el marco de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Xunta que autorizaba controles sobre la especie durante la temporada de caza 2025/2026.
Además de impugnar la medida por la existencia de “vicios formales y materiales”, las entidades solicitan al tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra tres preceptos clave de la ley estatal 1/2025.
El procedimiento se encuentra actualmente en fase de conclusiones y, según explican las organizaciones ecologistas, en él se cuestiona “radicalmente” la legalidad de la resolución autonómica.
En este sentido, sostienen que la Xunta autoriza la caza del lobo pese a que la especie se encuentra en un “estado de conservación desfavorable” en la península, lo que, a su juicio, contraviene el criterio científico y las obligaciones derivadas de la normativa sobre patrimonio natural y biodiversidad, así como de la directiva hábitats.
Falta de alternativas «no letales» ante el lobo
Asimismo, denuncian la “falta de efectividad” de estas prácticas para evitar daños a la ganadería, junto con la “falta de evaluación rigurosa” del estado poblacional y la “ausencia de alternativas no letales”, lo que, según su valoración, convierte los “supuestos controles” en una “persecución sistemática”.
En una nota de prensa, las organizaciones subrayan que el elemento más “novedoso” de su escrito es la petición expresa al TSXG para que eleve una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra tres disposiciones de la citada ley, relativa a la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
A su entender, dichos preceptos “vulneran principios constitucionales y pretenden desmantelar, sin justificación científica alguna, décadas de políticas de conservación”.
Corresponde ahora al TSXG decidir si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que, en su caso, tendrá “la última palabra”.
