Anticorrupción se querella contra una exalto cargo de la Comunidad de Madrid por su gestión del Hospital Puerta de Hierro

Anticorrupción se querella contra una exalto cargo de la Comunidad de Madrid por su gestión del Hospital Puerta de Hierro

Contra la que fuera directora general de planificación, infraestructuras y equipamientos sanitarios entre abril de 2008 y julio de 2011

18 / 12 / 2020 13:00

Actualizado el 18 / 12 / 2020 13:05

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La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado una querella contra la que fuera directora general de planificación, infraestructuras y equipamientos sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre abril de 2008 y julio de 2011, en relación con hechos relacionados con la gestión del Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda (Madrid).

Según señala, las diligencias de investigación 34/2018 tramitadas por esta Fiscalía Especial han revelado la existencia de indicios que racionalmente permiten concluir, con la provisionalidad inherente a un escrito de querella, que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de este hospital.

Fue adjudicado por el Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante orden del 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi, que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda.

La Fiscalía indica que dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44, de 28 de mayo de 2008, en virtud de la cual 135 habitaciones del  hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Añade que como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo, se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de la Dirección General dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, «resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».

La Fiscalía manifiesta que sin perjuicio de la «ilegalidad radical» de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto «eludiendo» cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».

Sin embargo, señala que a día de hoy «no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».

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