La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado una querella contra la que fuera directora general de planificación, infraestructuras y equipamientos sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre abril de 2008 y julio de 2011, en relación con hechos relacionados con la gestión del Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda (Madrid).
Según señala, las diligencias de investigación 34/2018 tramitadas por esta Fiscalía Especial han revelado la existencia de indicios que racionalmente permiten concluir, con la provisionalidad inherente a un escrito de querella, que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de este hospital.
Fue adjudicado por el Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante orden del 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi, que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda.
La Fiscalía indica que dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44, de 28 de mayo de 2008, en virtud de la cual 135 habitaciones del hospital pasaron de ser dobles a individuales.
Añade que como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo, se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de la Dirección General dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, «resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».
La Fiscalía manifiesta que sin perjuicio de la «ilegalidad radical» de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto «eludiendo» cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».
Sin embargo, señala que a día de hoy «no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».
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