Dice el Eclesiastés que hay un tiempo para todo bajo el sol. Este es tiempo de balance para el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo. Ha sido un año de decisiones inaplazables y necesarias para hacer frente al COVID-19, de entre las que destaca la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia en el ámbito de la Administración de Justicia, apoyada por más del 80 por ciento de la Cámara Baja.
Ha sido, además, un año de pura revolución organizativa, de planes de choque, de trabajo desmoralizado y de lo que se ha dado en llamar «inmediación digital».
«En este primer año de legislatura ha cumplido con los objetivos marcados y compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno de España para este periodo», afirma el Ministerio en una nota hecha pública hoy.
De todas las medidas tomadas, esta cartera destaca el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), que viene a sustituir a la actual, que data de 1882, parcheada repetidas veces a lo largo de estos 138 años de vigencia, y el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.
«La reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, cumple con dos importantes objetivos: el primero es armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal y en la que se incorporan recursos eficaces para la lucha contra la criminalidad, reforzando refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal», afirma.
El segundo, es incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo.
Antes, el Parlamento llevó a cabo la repetidas veces reivindicada modificación del artículo 324 de la LeCRim vigente, «lo que ha supuesto un elemento destacado de la lucha contra la impunidad y la corrupción, al modificar los plazos de instrucción de las investigaciones judiciales, que pasan de los 6 meses a los 12 meses de duración».
JUSTICIA 2030
Además de su actividad legislativa, el Ministerio de Justicia subraya la puesta en marcha del plan para la transformación del Servicio Público de Justicia, bautizada como Justicia 2030.
Un plan con un horizonte a 10 años que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas para la transformación del país.
«Basado en el diálogo, la transparencia y la cogobernanza, Justicia 2030, es una estrategia para hacer el Servicio Público de Justicia más accesible y eficiente», subraya.
Y recuerda la importante fecha del 23 de julio pasado, cuando se celebró, en ese marco de cogobernanza Ministerio-12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia, en Lerma, Burgos, la Conferencia Sectorial de Justicia. En ella se llegó al acuerdo de trabajar en medidas que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones en cualquier parte del territorio y para luchar contra la España vaciada.
Además, señalan, se ha constituido un grupo de trabajo con la FEMP para iniciar el despliegue de la Nueva Oficina de Justicia en el municipio y se está trabajando en una reforma parcial de la Ley del Registro Civil.
También, dentro de Justicia 2030 y con este mismo objetivo de vertebración del sistema de Justicia en el territorio, se ha consolidado el proyecto de expediente judicial digital, seguro y accesible y se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que contiene un eje de medidas para la transformación digital, en el que se incluyen los juicios telemáticos.
33 NUEVAS UNIDADES JUDICIALES Y 540 PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES
Otro de los objetivos cumplidos -recogido en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales, concursales, organizativas y tecnológicas- ha sido la creación en 2020 de 33 unidades judiciales para contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria alterada por la pandemia.
Además, el Ministerio de Justicia ha impulsado en un año la convocatoria de 540 plazas de empleo público para jueces y fiscales, destinadas a la sustitución paulatina de empleo temporal y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.
ASIGNATURAS PENDIENTES
Entre los trabajos previstos para llevar a cabo a lo largo de 2021, está prevista la modificación del Código Penal.
«El objetivo es ambicioso», dice: «la incorporación de directivas comunitarias; por otra, la acomodación de tipos penales al derecho comparado de la Unión Europea (sedición y rebelión)».
Por último, la actualización de tipos penales para potenciar la lucha contra nuevas formas de criminalidad, como la ciberdelincuencia, los delitos de odio o el maltrato animal.
En lo relativo al acceso a la Justicia de grupos vulnerables, ya se han avanzado varios anteproyectos de Ley, como el de Discapacidad y el de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
De la misma forma, se continuará con la tramitación de la reforma del delito de proxenetismo, incluido en el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual.
Nada dice, por otra parte, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que queda pendiente para 2021 después de haber batido todos los récords Guinnes de longevidad de un órgano constitucional. Quizá porque no depende solo del Ministerio.
