El Tribunal Constitucional continúa trabajando en el asunto al que más esfuerzos ha dedicado en los últimos años: el ‘procés’. Con la confianza de tener resueltos todos los recursos relativos a las condenas impuestas por la sentencia del Tribunal Supremo en el primer trimestre de este nuevo año. Incluidos los que puedan presentar más dificultad, por tratarse de políticos que trataron de continuar en activo o, precisamente, por no formar parte del Gobierno de la Generalitat cuando cometieron los hechos delictivos por los que se les condenó por sedición.
Esos plazos son los previstos, siempre y cuando la renovación del alto tribunal no se produzca antes.
El reemplazo de magistrados, que han visto prolongado su mandato al ser necesario el acuerdo al menos de PSOE y PP, podría alterar el calendario que se han fijado los magistrados que actualmente forman parte del alto tribunal ahora caducado.
La sustitución pendiente afecta a un tercio de los 12 magistrados que componen el tribunal, lo que puede implicar un cambio de criterio de fondo a la hora de resolver los recursos en cuestión.
Además, se dilatarán los tiempos por la reestructuración del tribunal que conlleva la elección de un nuevo presidente y vicepresidente y la modificación de la organización de las Salas y Secciones en las que se divide el alto tribunal.
Sin embargo, entre los que serán sustituidos en la próxima renovación no están ninguno de los dos magistrados encargados de la coordinación de los recursos: Cándido Conde-Pumpido, exmagistrado precisamente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y Antonio Narváez, exfiscal del mismo Supremo antes de incorporarse al Constitucional.
Ambos cuentan con una experiencia reconocida entre sus compañeros en Derecho Penal.
A sus órdenes, media docena de letrados están comisionados para encargarse de las propuestas de resolución de las impugnaciones, muchas de ellas coincidentes entre los diferentes condenados por el Tribunal Supremo.
El cambio pendiente afecta al actual presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés dal Ré, que no obstante renunció ya al cargo el pasado mes de septiembre.
Estos mandatos están caducados nada más y nada menos que desde acabó el 6 de noviembre de 2019 .
Ninguno habría cumplido, en principio, los nueve años que marca la Constitución en el alto tribunal, pero están afectados por la polémica modificación introducida en el 2010 para tratar de evitar retrasos en la renovación, por la que a los nombrados se les descuenta el tiempo que se demoró su designación.
