Bienvenido, Mr Perte

Don Luis, el hidalgo venido a menos de la joya cinematográfica de Berlanga sobre el Plan Marshall, gritaba a sus vecinos “¡caricatos, imbéciles!”, al ver la que estaban organizando para recibir a los norteamericanos.

A medida que se lee el Decreto Ley publicado el último día del aciago 2020, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre), tiene uno la sensación de estar volviendo a Villar del Río y descubrir a sus protagonistas acicalar innecesariamente el pueblo, fantasmeando sobre lo que harían con los cuartos que les podrían llegar.

Dando por sentado que recibiremos los 140.000 millones de euros acordados para España en el Consejo de Europeo de 21 de julio de 2020, con arreglo al Instrumento de Recuperación comunitario “Next Generation UE”, las normas que se acaban de aprobar podrían haberse limitado a establecer la tramitación de urgencia de los procedimientos a que se refiere o a hacer ligeras modificaciones en determinados ámbitos.

Sin embargo, no lo hace así, sino que se mete en jardines baldíos que incluso pueden resultar contraproducentes para la propia finalidad perseguida de aplicar unos millonarios fondos al rescate de nuestra economía.

EL OBJETIVO DE LA AYUDA ES EMPRESARIAL, NO POLÍTICO

Para empezar, ha de precisarse que “Next Generation UE”, se centra sobre todo en la inversión privada y en apoyar al tejido empresarial en dificultades, apostando por un mercado fuerte y “resiliente”, acelerando la doble transición ecológica y digital.

No es, por tanto, ningún mecanismo previsto para financiar actuaciones gubernamentales diferentes, como las que la norma indebidamente prevé, aunque puedan resultar estimables.

Me refiero aquí a las menciones dispersas en la disposición sobre la denominada “inclusión” o la igualdad de género, o las políticas sociales tal y como las conocemos.

No: aquí estamos ante una herramienta europea destinada expresamente a sacar del pozo a la economía productiva, para que a partir de ella pueda recuperarse la sociedad en su conjunto, pero nunca para afrontar otros propósitos políticos.

LA “FLEXIBILIZACIÓN” DE LOS CONTROLES

Pero lo más destacado del Decreto Ley es, sin duda, la obsesión por una “flexibilización” de los controles y del régimen administrativo establecido que, aunque se vista de gran apuesta por la agilidad y la eficacia, se traduce precisamente en una merma de garantías jurídicas a la hora de distribuir ese maná comunitario, en forma de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, llamados PERTES.

Para regar de PERTES nuestra economía, así, se “flexibilizan” los requisitos para suscribir convenios administrativos, que el tiempo dirá si se hace para eludir de esa forma la legislación de contratos, como lleva años tratando de atajar el Tribunal de Cuentas.

Además, para que el Mr. PERTE pueda concretarse en transferencias y préstamos desde este año hasta el 2026 en España, se “flexibilizan” también las reglas de gestión del gasto, la función interventora sobre los mismos, la contratación simplificada y hasta las subvenciones, que se pueden otorgar ya sin concurrencia competitiva, un terreno propicio como pocos para inundar las redes clientelares afines con dinero público.

Y aún hay más.

Con el mantra de evitar la sobrerregulación y el exceso de cargas administrativas, que nunca sabremos porqué razón no se aplican a cualesquiera otros ámbitos del quehacer público, en la flamante norma se reducen los eternos plazos para la redacción de Evaluaciones de Impacto Ambiental (¿¡por qué no exigirlo a otros proyectos!?…), o se permite la creación de consorcios sin amparo legal, solo con un informe favorable administrativo.

¿AGILIZAR LOS FONDOS COMUNITARIOS CREANDO NUEVAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS?

Como colofón de despropósitos, y en esta ocasión apartándose de su obsesión desreguladora, el naciente Decreto Ley crea nada menos que una prolija estructura burocrática a su servicio, en lugar de emplear su ancha y generosa planta ministerial para este menester.

Así, nacen la Comisión para la Recuperación, Transferencia y Resiliencia; el Comité Técnico para lo mismo; la Conferencia Sectorial de idem y Foros y Consejos de alto nivel en cada sector, incluido uno específico con los agentes sociales y un Registro público de PERTES. Nunca sabremos si el dinero de Bruselas llegará a las empresas con una malla tan tupida de interlocutores del otro lado del mostrador.

CONCLUSIÓN

Desde luego, todo se podría haber resuelto otorgando a estos PERTES la tramitación abreviada prevista en las diferentes leyes aplicables, y reorganizando el personal de los numerosos ministerios que existen para su adecuada gestión, pero ya se ve que eran otros los objetivos y el tiempo dirá si otros los destinos de ese ingente numerario.

Mejor se hubiera aprovechado el tiempo y el papel para especificar las condiciones concretas a cumplir por los PERTES, que se someten en la norma a criterios muy amplios y difusos, o los parámetros sobre los que el Comité técnico deberá decidir, para supeditar su discrecionalidad a umbrales razonables.

Como en bienvenido Mr. Marshall, solo nos faltaba que por estas razones de nuevo pasara de largo el parné y nos quedáramos a dos velas con los farolillos colgados de las terrazas

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