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Lo que Carlos Lesmes debería haber aprendido de Pascual Sala
Carlos Berbell explica cómo Pascual Sala forzó la renovacion del CGPJ en 1996 aceptando la renuncia de vocales que lo hicieron inoperativo.
14/1/2021 12:50
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Actualizado: 15/1/2021 11:08
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Los jueces y magistrados españoles tienen la costumbre de consultar la jurisprudencia cuando hacen frente a un caso nuevo para encontrar una solución. Es lógico. Por esta razón no entiendo la inacción del actual presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano.
Una inacción que está poniendo en peligro al propio órgano de gobierno de los jueces. Lo estamos viendo con la iniciativa PSOE y de Unidas Podemos de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impedir que un CGPJ en funciones, como el suyo, caducado hace dos años, pueda hacer nombramientos.
Es verdad que la situación de bloqueo actual se debe al encastillamiento de Pablo Casado, el líder del PP, en no renovar el Consejo –11 meses de bloqueo ya, cuando el entendimiento PSOE-PP en número de vocales parece estar cerrado y bien cerrado– con la argumentación de que no debe entrar Unidas Podemos en esa «negociación». Esto está produciendo un daño sin precedentes a la reputación y credibilidad de la institución.
Incluso el apoyo de la Comisión Europea a la oposición del PP a la otra reforma de la LOPJ, la que permitiría elegir a los 12 vocales jueces por una mayoría simple en vez de por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso y el Senado, se va a ir debilitando según pase el tiempo.
Casado está demostrando, con esto, un carácter dubitativo que no le beneficia ni a él, ni a su partido, ni a nuestro sistema democrático. ¿Falta de carácter?, me pregunto.
Sea como fuere, eso le puede pasar factura.
Vaya por delante que considero que el sistema más justo para la elección de los 12 vocales jueces del CGPJ sería el voto secreto y directo de sus 5.500 miembros, tal como propugna el Consejo de Europa y como reclaman las cuatro asociaciones de jueces. Estamos en 2021 no en 1985 y la dictadura ya es historia.
Tendrá que ser así en el futuro, estoy convencido.
Pero en estas circunstancias, el peligro es inminente para la Institución.
Hasta un ciego como Miguel Durán lo puede ver. Estoy seguro de que el famoso abogado ya está haciendo esta broma, a la que nos tiene acostumbrados.
LESMES TIENE LA LLAVE DE LA RENOVACIÓN
Lesmes Serrano tiene la llave para desbloquear la situación.
¿Cómo? Conminando a todos los vocales a presentar la renuncia, como propuso recientemente uno de sus consejeros, el progresista Álvaro Cuesta.
Y como hizo, en marzo de 1996, su antecesor, Pascual Sala, presidente del tercer mandato del CGPJ, cuando puso el bien y la reputación de la institución por encima de cualquier interés personal que pudiera tener o albergar.
El Consejo de Pascual Sala, elegido en 1990, en el periodo de decadencia del tercer Gobierno del PSOE (en las elecciones de 1989 obtuvo 175 diputados –a 1 escaño de la mayoría absoluta; en 1986, consiguió 186; y en 1982, 202), tuvo que hacer frente a la crisis de la aprobación de la ley de «la patada en la puerta», que impulsó el ministro del Interior, José Luis Corcuera, hizo una defensa decidida del poder judicial frente a dirigentes políticos por la causa del secuestro de Segundo Marey, atribuido a los GAL, y desactivó lo que parecía ser un choque de trenes inevitable del Supremo contra el Constitucional por «invasión de competencias».
Aquel Consejo avaló también la actual Ley del Tribunal del Jurado y restituyó una norma que el Supremo había laminado previamente, devolviendo a cada tribunal la capacidad de permitir la presencia de las cámaras de televisión y de fotos en los juicios, lo que supuso el prólogo de las tres sentencias del Supremo de 2004 que establecieron el status quo actual en este tema.
Sin embargo, lo difícil ocurrió en su interior.
Cuatro de sus miembros lo abandonaron antes de tiempo. Uno porque fue nombrado ministro de Justicia –Juan Alberto Belloch– y otro fiscal general del Estado –Eligio Hernández–, y dos por fallecimiento: Fernando Jiménez Lablanca y José Luis Granizo.
Este último fue sustituido, en 1994, por el juez Luis Pascual Estevill (por Convergencia i Unió), como jurista de reconocido prestigio, quien poco después comenzó a ser investigado por el Tribunal Supremo por los delitos de cohecho, prevaricación y detención ilegal.
Por todos ellos fue condenado a 9 años de cárcel en 2006.
Aquel Consejo tenía que haber sido renovado en noviembre de 1995, tras cumplirse su mandato de 5 años.
Pero como el actual, comenzó a prolongarse en el tiempo.
Hasta que en marzo de 1996, Sala, consciente del daño que suponía para la institución esa prolongación artificial del mandato, permitió que seis vocales presentaran la renuncia: 4 por el PSOE, Juan Antonio Xiol, que regresó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Ignacio Sierra, que reasumió la presidencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, Ana Pérez Tórtola, que volvió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Soledad Mestre, que se marchó a su despacho; 1 por el PP, Javier Gómez de Liaño, que asumió su destino en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, y 1 por IU, Rafael Sarazá, quien, igual que Mestre, hizo las maletas y se volvió al ejercicio libre de la abogacía.
LA RENUNCIA DE LOS VOCALES SUPUSO LA DISOLUCIÓN DEL CGPJ
Aquello, sumado a las ausencias del momento, dejó al CGPJ con 11 vocales, tres menos de los necesarios para celebrar Plenos, lo que supuso «de facto» la disolución del Consejo.
Esto ocurrió el 27 de marzo, veinticuatro días después de haberse celebrado las elecciones genérales de 1996, en las que el PP, liderado por José María Aznar, consiguió vencer, por primera vez, con 156 escaños, al PSOE de Felipe González, que obtuvo 141 diputados.
Un tiempo en el que el PP y Convergencia i Unió negociaban el apoyo de los segundos para la formación de un nuevo gobierno.
Sala, previamente, se había entrevistado con todos los líderes políticos del momento para hacerles saber la gravedad de no renovar el Consejo y cómo estaba afectando a la credibilidad de la Institución ante la carrera judicial y la ciudadanía.
El entonces presidente del Consejo, progresista, miró, por encima de todo, por el bien y del futuro de la Institución que había presidido durante cinco años y cuatro meses.
Sabiendo, además, que lo que venía –repito– era un gobierno conservador, en las antípodas del que le eligió en 1990.
Pascual Sala continuó, en funciones, al frente de la Comisión Permanente hasta el 26 de julio de 1996, cuando tomaron posesión los nuevos vocales, quienes eligieron a Javier Delgado Barrio como presidente.
«Ese día», según me cuenta un testigo directo, amigo de Sala, «Pascual se volvió a su despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, donde le esperaban varios asuntos para resolver. Ese día, sin escolta, sin coche oficial, sin el boato y la circunstancia, como un ciudadano más, como lo que era, comenzó la siguiente fase de su vida».
Pascual Sala, en mi opinión, tuvo la grandeza personal que demandaba el momento.
Un ejemplo sobre el que su sucesor, Carlos Lesmes, sin duda, debería reflexionar seriamente.
Y seguir.
Mirando por el bien de la Institución, impidiendo, con ello, reformas de la LOPJ que hoy serían evitables, y que, de otro modo, serán irreparables, desbloqueando una situación que parece un callejón sin salida.
La solución es tan simple como la historia del huevo de Cristóbal Colón, cuando el almirante demostró que era capaz de poner un huevo de pie simplemente aplastando la base más amplia.
Su huevo de Colón sería la renuncia en bloque. Está en su mano.
Lo difícil, lo sé, es volver al día siguiente al oscuro despacho de madera de sapelly de la Sala de lo Contencioso del edificio de enfrente, a poner sentencias, como hizo Pascual Sala.
Pero es hoy es lo que toca, como se deduce de la lectura del Eclesiastés, que el actual presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo conoce tan bien.
Es lo que Carlos Lesmes debería haber aprendido de Pascual Sala.
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