La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, comunicará este lunes al Gonzalo Boye su procesamiento, junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, alias «Sito Miñanco», en una causa por supuesta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 puso fin a la instrucción de este asunto a mediados del pasado mes de diciembre.
Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2016, cuando «Sito Miñanco» se encontraba cumpliendo una condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública.
En ese año disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un aparcamiento de esa localidad.
La magistrada atribuye a los investigados, según su participación en los hechos, delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud pública, concurriendo la agravante de notoria importancia, cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.
Entre los investigados se encuentra el abogado chileno-alemán Gonzalo Boye Tusquets, representante legal del expresidente prófugo de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.
La actividad de «Miñanco» continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica.
Para ello tenía a su disposición «un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad», afirma la magistrada en su auto.
El entramado criminal lo dirigía Prado Bugallo con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico.
BLANQUEAR OPERACIÓN DEL THORAN
El auto explica que en el marco de esta investigación se llevó a cabo la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.
La magistrada concluye que los abogados Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de determinadas letras cambiarias y el carácter ficticio de una operación comercial de la que fueron informados por el grupo de narcotraficantes, «diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que otro de los procesados había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».
